Reforma judicial se queda corta, porque no mira a fiscalías
Los ciudadanos responsabilizan de corrupción e impunidad a los jueces; pero hay diversos eslabones corresponsables en el sistema de justicia, advierten expertos.
Los ciudadanos responsabilizan de corrupción e impunidad a los jueces; pero hay diversos eslabones corresponsables en el sistema de justicia, advierten expertos.
Para que la justicia realmente se transforme en México, no basta con mirar a los jueces, magistrados y ministros, sino que hace falta voltear a ver toda la cadena y los eslabones que deberían garantizar que un delito no quede impune, señalan especialistas.
La LXVI Legislatura del Congreso de la Unión discutirá como prioridad en septiembre la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos puntos principales, según el mandatario, se centran en el combate a la corrupción y la impunidad y la resolución de problemas estructurales en el acceso a la justicia.
Ante ello, diversas voces de las organizaciones y de la academia expresaron a La-Lista que la reforma se queda corta y tendría que pasar por reestructurar las fiscalías y los poderes judiciales locales.
Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia, e integrante del colectivo La Justicia que Queremos, afirma que si bien las fiscalías no pertenecen al Poder Judicial, ya que son autónomas, la reforma sí habla del problema de impunidad y por lo tanto “tendría que alcanzarlas”.
“Claramente no funcionan. En realidad los juzgadores en materia penal toman sus decisiones con base en el trabajo que realizan las fiscalías”, recuerda.
En esa misma línea, Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en la organización Impunidad Cero, agrega que además de mirar a los poderes judiciales locales, también se debe tomar en cuenta cómo están trabajando las fiscalías: con qué presupuesto, con qué carga de trabajo, en qué ubicación geográfica se encuentran y si han avanzado en transformación digital.
”No podemos pensar de manera global en acceso a la justicia y mejorar el sistema si no estamos contemplando también a los ministerios públicos, las policías, los peritos, que también forman parte de esto. No podemos solamente voltear a mirar a los jueces federales, ya que a su instancia llegan tan sólo el 5 por ciento de los casos”.
Las expertas afirman que existe una gran deficiencia en el trabajo de las instancias locales, y subrayan que finalmente dichas instancias aportarán a la investigación los elementos para que las personas juzgadoras determinen si una persona tiene que ir a la cárcel o no, entre otras sanciones.
Víctor Gómez Ayala, director de analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, explica que la impunidad representa una responsabilidad compartida entre diferentes niveles de autoridad.
Y aclara que inicia en la presentación de una denuncia, pasa por el seguimiento y el armado del caso de parte de las fiscalías, y llega a los jueces al momento de la resolución.
En este sentido, advierte que la narrativa política obvia ciertas etapas del proceso y atribuye toda la culpa a un solo actor.
“Se ha sobre simplificado la complejidad de la impunidad, al grado que se adjudica la completa responsabilidad a los jueces y a los magistrados, siendo que hay diversos eslabones de servidores públicos que contribuyen”.
Y detalla que a nivel procesal, los eslabones en el sistema de justicia a los que tiene que recurrir la ciudadanía cuando enfrenta un delito son las fiscalías o procuradurías, mientras que hasta la etapa de los juicios se suma el Poder Judicial.
”Hay una responsabilidad compartida no sólo a nivel federal sino a nivel local, y los aspectos relacionados con los juicios, son propiamente, donde entra la acción de los jueces, magistrados, y en última instancia, los ministros de la Suprema Corte”.
Sistema impune y lento
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023), durante el año 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos, y de ese total el 92.4 % no se denunciaron o no llegó a conseguir una carpeta de investigación.
A este número se le conoce como la cifra negra y se refiere a la cantidad de delitos de los que no se dio cuenta a la autoridad.
En México, la cifra negra se ha mantenido por encima del 92.1 por ciento desde 2012 hasta la actualidad, y alcanzó su mayor nivel en 2015 con 94.7 por ciento.
La ENVIPE preguntó a las víctimas el motivo por el que no presentaran una denuncia y entre las principales razones destacó la desconfianza en el sistema o el hecho de que consideran una “pérdida de tiempo” el acudir a una oficina del ministerio público.
Para Víctor Gómez Ayala no suena descabellada la explicación y agrega que el tiempo de espera en los ministerios públicos revela un problema aún mayor: la carga de trabajo.
“En el 30 por ciento de los delitos que se denuncian en un ministerio público en el país, las personas tienen que esperar más de cuatro horas para presentar su denuncia. Entonces, si uno de cada tres delitos en un ministerio público te toma en promedio ese tiempo, estás teniendo un problema bastante grande”.
Ayala refiere que los fiscales y los agentes del ministerio público tienen que trabajar al año con un promedio de 140 expedientes, lo que quiere decir que prácticamente tienen un caso nuevo cada dos días.
Y acota que la asignación de recursos también impacta en la calidad de la atención.
“El tiempo que tardan las personas en recibir atención al presentar una denuncia, va muy ligado a la disponibilidad de recursos y la cantidad de personal que tienen las fiscalías y los ministerios públicos. Lo mismo en lo que respecta a los delitos del fuero federal, como homicidios o secuestros y todo esto pasa completamente de noche en la iniciativa de reforma al Poder Judicial”, sentencia.
La Relatoría Especial de la ONU para la Independencia de los Magistrados y Abogados, señaló que sería recomendable que los poderes judiciales locales tuvieran el equivalente de entre el 2 y el 6 por ciento del presupuesto de cada entidad; no obstante no siempre ocurre así.
”Al Poder Judicial Federal le llegan aproximadamente el 40 por ciento de los asuntos de todo el país, pero recibe el 60 por ciento del presupuesto que México dedica a la justicia; mientras que los poderes judiciales estatales reciben menos del 2 por ciento del presupuesto estatal”, precisa Laurence Pantin.
La ex integrante de México Evalúa indica que a este panorama se suma el largo periodo de tiempo que lleva la resolución de cada caso, lo que finalmente termina dejando la impresión de que el sistema es lento y no funciona.
“El tiempo para que se resuelva un asunto es muy largo, incluso en lo que se definió como ‘justicia cotidiana’, ya sea un divorcio, pensión alimenticia, custodia de los hijos, un conflicto entre vecinos, etcétera”.
¿Para unos cuántos?
Leslie Jiménez, de la organización Impunidad Cero, detalla que de los casos denunciados, sólo el uno por ciento logrará esclarecerse, e insiste en que no puede hablarse de mejorar el sistema de justicia sin tomar en cuenta las instancias locales.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023), indica que solo el 7.6 por ciento del total de delitos se denunció y logró una carpeta de investigación; sin embargo, en ese universo en 46.1 por ciento de los casos no pasó nada y 31.4 por ciento sigue en trámite.
Mientras que en 4.6 se puso al delincuente a disposición de un juez y y 2.6 consiguió la reparación del daño.
La misma encuesta levantada por el Inegi arroja que, por si no fuera poco, el 66 por ciento de los ciudadanos percibe a los jueces como corruptos y 62.8 por ciento tiene la misma idea de los ministerios públicos y las Fiscalías estatales.
Jiménez considera que sí existe corrupción entre Magistrados y Jueces, pero también observa que hay poca socialización de la distribución de actividades que le tocan a cada operador en el sistema de justicia, y que también ello abona a esta imagen negativa.
”No hay una clarificación de las actividades que le tocan a cada quién. Por lo tanto existe este discurso y esta narrativa de que los jueces federales a partir de casos mediáticos, tienen los señalamientos de liberar delincuentes, problemas de corrupción, etcétera, cuando la realidad es que los problemas no los vemos solo ahí. Los estamos viendo en los poderes judiciales locales y en las fiscalías locales”.
La experiencia internacional
Los foros de consulta respecto a la reforma al Poder Judicial comenzarán este jueves, y los especialistas esperan ser escuchados y tomados en cuenta si realmente se procura una mejora al sistema de justicia mexicano.
El mayor cambio propuesto en la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente López Obrador es la elección de jueces, magistrados y ministros a través de voto popular. También propone disminuir de 11 a 9 ministros en la Corte, la creación de un órgano de administración judicial, así como un tribunal de disciplina judicial. Estos dos últimos sustituirían las funciones del Consejo de la Judicatura Federal.
El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, realizó una visita a Bolivia en 2022, donde los jueces de las altas cortes son nombrados desde hace más de una década por voto popular.
El informe concluye que este proceso de elección de juzgadores a través de las urnas, politizó a los jueces, pero además no impidió que haya corrupción e ineficiencia en esas altas cortes, explica Laurence Pantin.
“La experiencia internacional demuestra que esos problemas no se van a resolver con esta reforma. Tan es así, que el mismo gobierno de Evo Morales, impulsor de esa modificación en Bolivia, dijo que esta reforma había fracasado y que necesitaba reformarse el sistema de designación”, agregó.
La investigadora recuerda que en este momento, de hecho, se está reflexionando cómo se podrían implementar una nueva reforma para resolver muchos problemas que surgieron con ese cambio y urge a los legisladores a considerar este ejemplo a nivel Latinoamérica, antes de tomar cualquier decisión radical.
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