Trump parece reconocer que retuvo ilegalmente documentos oficiales

Donald Trump pareció admitir en su escrito judicial relativo a la incautación de materiales de su complejo vacacional de Florida que retuvo ilegalmente documentos oficiales del gobierno, ya que el expresidente argumentó que algunos de los documentos que el FBI recogió podrían estar sujetos al privilegio ejecutivo.

La moción presentada el lunes por los abogados del expresidente argumentó que un tribunal debería nombrar a una denominada autoridad especial para separar y determinar qué materiales puede revisar el Departamento de Justicia como evidencia debido a cuestiones de privilegio.

No obstante, el argumento de Trump de que algunos de los documentos están sujetos a las protecciones del privilegio ejecutivo indica que dichos documentos son registros oficiales que él no tiene autorización para conservar y que debería haber entregado a los Archivos Nacionales al final de su gobierno.

La moción, en ese sentido, pareció reconocer que Trump violó uno de los estatutos penales enumerados en la orden que el FBI utilizó para registrar el complejo Mar-a-Lago del expresidente –18 USC 2071– en relación con la sustracción ilegal de registros gubernamentales.

“Si él está reconociendo que tiene en su poder documentos que tendrían cualquier reivindicación legal del privilegio ejecutivo, esos son, por definición, registros presidenciales y pertenecen a los Archivos Nacionales“, señaló Asha Rangappa, exagente del FBI y exdecana adjunta de la Facultad de Derecho de Yale.

“Y por eso no queda claro que el privilegio ejecutivo sería relevante para el delito concreto por el que lo están investigando y, sin embargo, en este documento, básicamente admite que los tiene en su poder, es decir, lo que el gobierno está intentando establecer”, explicó Rangappa.

Trump aún puede presentar la demanda de que se nombre a una autoridad especial para que revise los documentos incautados, solicite un acuse de recibo más detallado sobre lo que el FBI recuperó de Mar-a-Lago e impida que el Departamento de Justicia siga revisando los materiales hasta que se complete el proceso.

El razonamiento, señalan exfiscales estadounidenses, consiste en que el FBI podría haber incautado comunicaciones que son privilegiadas, pero que no se utilizaron para promover un delito, e incluso si el Departamento de Justicia quisiera utilizarlas en su investigación, se le debería impedir hacerlo.

Una persona directamente involucrada en el proceso de defensa legal de Trump señaló –repitiendo algunas partes en el documento– que la Ley de Registros Presidenciales no disponía de un mecanismo de aplicación, incluso admitiendo que el Departamento de Justicia podría utilizar el argumento del privilegio como una admisión tácita.

Sin embargo, la moción de Trump podría plantear retos adicionales para el expresidente, ya que en los pasajes adicionales del documento se expone una batalla que ha durado varios meses por parte del Departamento de Justicia para recuperar ciertos registros dentro de un patrón de interacciones que se podría interpretar como obstrucción de la justicia.

La orden de registro de Mar-a-Lago enumeró la obstrucción de los estatutos potencialmente violados, aunque se desconocía si se trataba de la obstrucción de la investigación sobre la propia recuperación de los documentos gubernamentales de Mar-a-Lago o de una investigación distinta.

Sin embargo, la sección de la moción de Trump titulada “Asistencia voluntaria del presidente Donald J. Trump” detalló las múltiples medidas que tomó el Departamento de Justicia para recuperar inicialmente 15 cajas en enero, materiales adicionales en junio y después 26 cajas cuando el FBI efectuó su búsqueda.

El documento explica que Trump devolvió las 15 cajas a los Archivos Nacionales y que –un día después de que los Archivos Nacionales les informaran a los abogados de Trump que dichas cajas contenían documentos clasificados– “aceptó la notificación de una citación del gran jurado” para obtener documentos adicionales marcados como clasificados.

No obstante, a pesar de haber recibido la custodia de los documentos que correspondían a la citación, el Departamento de Justicia supo que era posible que hubiera otros documentos marcados como clasificados, y emitió una citación el 22 de junio en la que solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo en el que se guardaban los materiales.

Esa citación relativa a las grabaciones de seguridad, así como una citación posterior relativa a las grabaciones de las cámaras de seguridad que había en esa zona justo antes del registro del FBI, el 8 de agosto, sugieren que el Departamento de Justicia no creía que Trump estuviera siendo completamente sincero o comunicativo con respecto a sus interacciones con la investigación.

Dichas sospechas tenían un buen fundamento: cuando el gobierno recuperó los materiales de Mar-a-Lago en esa segunda recolección en junio, la persona que custodiaba los registros de Trump declaró que habían devuelto los documentos que correspondían a la citación, solo para que el FBI recuperara más cajas de material clasificado.

Por otra parte, además de la presentación tardía de la moción dos semanas después de que se produjera el registro del FBI, el propio escrito parece ser procesalmente problemático.

La moción no fue presentada en West Palm Beach, Florida, ciudad en la que se aprobó la orden judicial. En cambio, fue presentada en Fort Pierce, un lugar donde el juez no tiene conocimiento de la declaración jurada subyacente, y que podría fallar de tal manera que le revele a Trump si él o sus abogados son sospechosos de obstrucción.