El gobierno de Biden ‘retrasó’ la decisión sobre la inmunidad de Mohammed bin Salman

Cuando el gobierno de Biden presentó la semana pasada un documento legal en el que pedía que se concediera al príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, la inmunidad de jurisdicción en un caso civil que involucra el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, indicó que era estrictamente una determinación legal que no reflejaba su opinión sobre el “atroz” asesinato.

“En todos los casos, simplemente seguimos la ley. Y eso es lo que hicimos”, comentó posteriormente Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense.

Sin embargo, un análisis minucioso de las acciones del gobierno de Biden, que incluye entrevistas con expertos jurídicos y personas que siguieron de cerca el asunto, sugiere que la controvertida decisión fue todo menos sencilla.

A partir del verano pasado, la decisión del gobierno de retrasar la acción y buscar meses de prórrogas legales antes de presentar su postura sobre el asunto ante un juez estadounidense ofreció a Arabia Saudita una oportunidad sin precedentes para proteger al príncipe Mohammed mediante una estrategia legal que lo situaba por encima de la ley y fuera del alcance del sistema judicial estadounidense. Una vez ocurrido esto, el gobierno de Biden dijo, en efecto, que tenía las manos atadas.

“Si se observa la secuencia de los acontecimientos, resulta difícil no ver que se estaba librando una batalla entre Biden y Mohammed bin Salman”, comentó un observador cercano, que pidió no ser nombrado para poder hablar con franqueza. “No me gustaría imaginar que hubo un intercambio sobre nuestro sistema judicial y que la integridad estaba en juego”.

El gobierno de Estados Unidos fue invitado por primera vez a involucrarse en el caso civil presentado contra el príncipe Mohammed el 1 de julio por el juez del tribunal de distrito estadounidense John Bates. En el centro de la solicitud se encontraba una demanda contra el príncipe heredero y sus asociados interpuesta en 2020 por Hatice Cengiz, la prometida de Khashoggi, que acusaba al príncipe Mohammed y a sus asociados de conspirar de forma premeditada para secuestrar, torturar y asesinar a Khashoggi en el consulado saudita de Estambul en 2018.

La petición de Bates fue directa. Le dio al gobierno 30 días –hasta el 1 de agosto– para presentar una “declaración de interés” y valorar si al heredero del trono saudita se le debería conceder inmunidad de jurisdicción en el caso, o informar al tribunal que no deseaba realizar una declaración. También quería que el gobierno opinara sobre la forma en que el tribunal podría conciliar las protecciones que se otorgan a los líderes extranjeros y a las personas que recurren a una ley estadounidense que permite que las víctimas de torturas o ejecuciones extrajudiciales exijan responsabilidades a los perpetradores.

En ese momento, el príncipe Mohammed no era –evidentemente– un soberano. En Arabia Saudita, esa distinción pertenecía en aquel momento únicamente a su padre, el rey Salman.

Harold Koh, exasesor jurídico del Departamento de Estado durante el gobierno de Obama y actualmente profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho de Yale, comentó que Estados Unidos tenía intereses contrapuestos en ese momento. Por una parte, Estados Unidos reivindica los principios recíprocos de inmunidad a fin de que se le ofrezca a su propio jefe de Estado protección frente a los tribunales. Sin embargo, esto debía ser valorado en comparación con las declaraciones de Biden sobre que los derechos humanos son el centro de la política exterior de su gobierno y que “los autócratas comprenden que el presidente habla en serio”.

“En conjunto, el silencio habría sido la mejor manera de equilibrar esos intereses nacionales contrapuestos”, señaló Koh, añadiendo que habrían quedado “amplios precedentes” para que el Departamento de Estado se mantuviera callado.

El 15 de julio, Joe Biden se reunió con el príncipe Mohamed en Yeda, un encuentro que comenzó con un choque de puños y que pretendía “restablecer” su relación con un líder que en su momento calificó como un paria. Posteriormente se descubrió que la reunión fue también el inicio de una campaña del gobierno para intentar persuadir a los sauditas de que no redujeran la producción de petróleo antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

De regreso a Washington, pocos días después, el 18 de julio, Estados Unidos solicitó al juez Bates una prórroga, alegando que necesitaba tiempo para consultar a múltiples entidades de la administración con respecto a “complejas cuestiones de derecho internacional y nacional”. El tribunal accedió y le concedió a Estados Unidos hasta el 3 de octubre para responder.

Semanas después, el 23 de septiembre, Brett McGurk, coordinador de la política de Medio Oriente para el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Estados Unidos, y Amos Hochstein, asesor principal de Estados Unidos para la seguridad energética, visitaron nuevamente Yeda, aparentemente para discutir las políticas energéticas.

Días después, el 27 de septiembre, la corte real de Arabia Saudita anunció que el príncipe Mohammed había sido nombrado primer ministro, un papel que era y suele ser ocupado por el rey saudita. Los observadores señalaron que el aparente ascenso no confería nuevas funciones o poderes importantes a Mohammed bin Salman. Los defensores de los derechos humanos lo consideraron como una estrategia para influir en la recomendación de Estados Unidos sobre la inmunidad de jurisdicción, que debía emitirse una semana después.

El gobierno estadounidense, citando un “cambio de circunstancias”, solicitó una segunda prórroga para preparar su respuesta y se le concedió otra, hasta el 17 de noviembre. Pocos días después de incumplir el plazo del 3 de octubre, la OPEC+ anunció que reduciría la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios, hecho que fue considerado por los demócratas como un intento por parte del reino de interferir en las elecciones estadounidenses y de alinearse con Rusia en detrimento de los intereses de Estados Unidos.

Biden prometió que Arabia Saudita se enfrentaría a “consecuencias” por la decisión, no obstante, no expresó ninguna medida específica que pensara tomar contra el reino. El 17 de noviembre, pocas horas antes de que venciera el plazo de medianoche, el gobierno presentó una notificación en la que consideraba que el príncipe Mohammed, en su calidad de primer ministro, merecía ser tratado como un soberano, como una cuestión estándar de derecho internacional.

Un vocero del NSC comentó a The Guardian que el presidente estadounidense fue informado sobre la decisión de otorgar la inmunidad, la cual se basó en “principios bien establecidos del derecho anglosajón”.

Cuando The Guardian preguntó al vocero si algún funcionario estadounidense llegó a sugerir a Arabia Saudita que el príncipe Mohamed podía ser nombrado primer ministro antes de que se hiciera público el asunto, el vocero respondió: “Fue una decisión independiente tomada por Arabia Saudita”.

Personas familiarizadas con el tema señalan que las cuestiones legales sobre el estatus del príncipe Mohammed fueron objeto de un acalorado debate dentro del Departamento de Estado, donde difirieron los puntos de vista sobre la mejor manera de proceder.

En los debates mantenidos en la administración, altos funcionarios como McGurk, que han intentado promover la rehabilitación de la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos, dejaron de lado los objetivos políticos centrados en los derechos humanos.

“Esta administración tomó la decisión que tomó debido a que Mohammed bin Salman es el primer ministro. Pero la retrasaron tanto… Esto fue claramente una decisión política ya que esperaron y la retrasaron”, dijo una persona que ha abogado por que los derechos humanos tengan mayor importancia en las decisiones relativas a la política.

Líderes como el príncipe Mohammed se mostraron “legítimamente preocupados” cuando Biden asumió su cargo por primera vez y prometieron que harían responsable al heredero saudita de las violaciones de los derechos humanos.

“Y cuando llegaron al cargo, no lo hicieron”, señaló la persona. Incluso cuando Biden tomó la decisión de hacer público un informe de inteligencia desclasificado en el que se constataba que el príncipe Mohammed probablemente ordenó el asesinato, no se aplicaron sanciones contra él.

La persona añadió: “Eso sentó las bases e indicó que la retórica no correspondía con el contenido”.