‘Nadie sabe qué es juzgar con perspectiva de género’: Adriana, sentenciada a 35 años por defender su vida

A unas semanas de que fuera Navidad, Adriana quiso avivar la esperanza y decidió llamar por teléfono a sus abogados. Otra parte de su ser se estaba preparando para el peor escenario. Después de estar 15 años en la cárcel, podía pasar otros tres meses en el penal de Santa Martha Acatitla, pero en cuanto le respondió uno de los defensores, le soltó la noticia:

—Ya nos vamos, Adriana.

—¿Cómo? Abogado, ¿sí sabe quién habla?

—Sí, eres Adriana, ya nos vamos, es cuestión de días.

Adriana es una mujer que fue sentenciada por el delito de homicidio calificado en razón de parentesco más las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja en 2007. Pero al repasar el contexto en el que ocurrieron los hechos, se deja ver que vivía violencia por parte de su pareja sentimental y que actuó en defensa propia.

Juzgar con perspectiva de género no era entonces un criterio generalizado para impartir justicia en México y 12 años años después sigue sin serlo.

Con una carrera en finanzas y empleo en una empresa de plataformas petroleras, Adriana tenía 29 años cuando se casó con Martín, un hombre más alto que ella, que solía usar un torzal de oro en su pecho con la camisa abierta. Pero los nueve meses que duró su matrimonio vivió en un ambiente de violencia física y emocional por parte de su pareja sentimental. Cuando se liberó de su agresor como única salida para salvar su vida, empezó otra pesadilla para ella.

“Yo le comentaba a los abogados que para mí hubiera sido mejor decir que era una situación de defensa, pero ellos siempre me aconsejaron que no, que me iban a sacar del lugar de los hechos para salir librada de esa situación legal”, comenta Adriana en entrevista con La-Lista a unos meses de haber recuperado su libertad.

Con la experiencia que tiene ahora, Adriana señala que su caso no fue juzgado con perspectiva de género, llevó una defensa inadecuada, nunca vio al juez en sus audiencias porque él se la pasaba en su oficina, tuvo un abogado tras otro y cada uno le prometió darle su libertad, pero los nueve defensores solo saquearon su patrimonio y el de su familia. “Siempre prometen sacarte, siempre te piden adelantos de dinero y nunca hacen nada”, señala.

En cada cambio de abogado, Adriana tenía que volver a sacar nuevas copias de su expediente porque el último defensor solo pedía dinero y no le daba resultados. Su caso empezó con un tomo de mil hojas y terminó con cuatro tomos, 4 mil hojas que tenía que fotocopiar en cada cambio de defensa y ella y su familia habían agotado sus recursos.

Adriana logró su libertad con el apoyo legal del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) gracias a un convenio que hizo el Consejo de la Judicatura Federal con el Gobierno de la CDMX y el Tribunal Superior de Justicia local en 2022 para revisar casos del fuero común, es decir, delitos que se juzgan de manera local como homicidio o robo. El convenio se dio tras la primera visita de Arturo Zaldívar, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Santa Martha Acatitla.

El anuncio de la visita del ministro fue un revuelo en el penal, recuerda Adriana, porque muchas internas pensaron que iba para liberarlas, otras aprovecharon para cobrar hasta 800 pesos para hacerles un escrito narrando su caso y alimentar la esperanza de que saldrían libres.

Las irregularidades del caso

Dentro del penal, Adriana decidió estudiar la licenciatura en Derecho que imparte la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a las internas. Su tesis de licenciatura fue sobre casos de mujeres acusadas por homicidio con antecedentes con violencia y lamenta que en su salón había apenas había seis mujeres porque una de cada cuatro de las que cae en la cárcel estudió hasta la primaria y solo la mitad tiene estudios de secundaria.

Antes de llegar a Santa Martha Acatitla, ella era una profesional en finanzas que trabajaba en una empresa de plataformas petroleras y estaba por iniciar una maestría. Con la experiencia que ha vivido desde 2005, Adriana puede ver las irregularidades de su proceso y en qué fallaron jueces, abogados y la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Aún recuerda la mañana de octubre de 2007 en que fue aprehendida después de haber estado huyendo dos años. El comandante de la entonces Procuraduría capitalina la trató mal y le dijo: “deja de hacerte pendeja, dime cómo ocurrieron las cosas”. Pero los abogados que la habían acompañado hasta hacía unos meses le dijeron que nunca declarara nada.

El funcionario de la Procuraduría le tomó una foto y la filtró a la prensa sin su consentimiento. Se enteró después cuando le mostraron un periódico exhibiéndola como una criminal. Del búnker de la Procuraduría, Adriana fue llevada al penal de Santa Martha Acatitla, la cárcel de mujeres con mayor población en México, con cerca de mil 500 internas. En menos de cuatro meses, Adriana fue sentenciada a 35 años de prisión. Promovió una apelación, pero confirmaron su sentencia

“No lo podía creer. Estaba devastada. He visto compañeras que les dicen 70 años, 100 años, 120…”, recuerda.

En todo el juicio no hay una sola declaración de Adriana. Su testimonio lo obtuvieron cuando ella habló con uno de los criminólogos que le preguntó qué había pasado sin que esa conversación se diera en audiencia ante el juez.

“No pueden considerar elementos que no estén en el juicio para poder acreditar que tuvo validez, por ejemplo, ese comentario a criminología no se tenía que haber tomado en cuenta”, dijo.

Promovió una apelación, pero le confirmaron la sentencia y en 2009 promovió un amparo directo por el que pagó 150 mil pesos, pero no alcanzó la libertad, después sólo logró reducir la pena de 35 a 27 años de prisión.

Años más tarde, con sus conocimientos de Derecho buscó una opción para reducir su sentencia en 2019. “Solicito que se me juzgue con perspectiva de género explicando que fue una cuestión de violencia y simplemente no procedió. Me dijeron ‘no ha lugar, lo que estás pidiendo es incorrecto, vete a tu estancia, quédate en paz, deja que el tiempo te coma y podrás solicitar el beneficio'”.

Cuando llegó el personal del IFDP, Adriana fue a cuestionarlos para saber si realmente iban a ayudarlas o solo se trataba de una acción para los medios de comunicación, pero cuando habló con uno de los abogados, él le dijo que su caso tenía probabilidades para salir con éxito y ese mismo año quedó en libertad.

El IFDP llegó a Santa Martha en 2022, pero hay mujeres que han logrado evidenciar la falta de debido procesos en sus casos por ellas mismas.

Gabriela, parte de la red de apoyo al salir de Santa Martha

Cuando Adriana obtuvo su libertad, la esperaba su hermana, otras personas de su familia y Gabriela, una de sus mejores amigas a quien había conocido en Santa Martha años atrás.

Gabriela Ramírez, ingeniera industrial, fue acusada de un delito que nunca existió hace más de 12 años y del que no había evidencias, pero estuvo dos años en la cárcel, atrapada en medio de la lucha de dos grupos de poder que buscaban información para hundir a su adversario.

“Se libró una orden de aprehensión en un caso donde no había un delito. Comenzamos desde ahí y así es como yo salgo libre. En mi resolución de libertad dice que me voy libre por falta de elementos para procesar porque ni siquiera se presume la comisión de un delito y mucho menos mi probable participación”, comenta desde su sillón favorito.

Haber estado en prisión destruyó la vida de Gabriela y su familia como la conocía antes. Al salir, tuvo estrés postraumático y depresión, pero salió adelante y se formó como psicoterapeuta, su actual profesión.

“No hay una instancia -sí, Derechos Humanos-, pero no hay una instancia para decir: ‘Oigan, aquí está pasando algo’ y que se resuelva rápido, ¿no? Se dice que tenemos derecho a una justicia pronta y expedita, pero pronta y expedita ¿para quién?”, cuestiona desde su consultorio con un ambiente cálido.

Recuerda que un día la llamaron del juzgado para informarle que su caso había sido atraído por otra instancia, la cual determinó que el entonces Juez 68 en materia penal debía fundamentar y motivar el auto de formal prisión, el octavo que enfrentaba, o sería objeto de una sanción que podía llegar a la destitución, con lo que le otorgó de inmediato su libertad.

“La razón por la que no pasé más de 20 años en la cárcel fue porque decidí tomar las riendas de mi caso y al último abogado que tuve le pedí que firmáramos un contrato para llevar mi defensa por etapas y que me explicara con detenimiento en cada visita lo que estaba haciendo”, destaca.

La decisión que Adriana y Gabriela tuvieron para llevar sus casos y exigir una defensa adecuada estaba acompañada de estudios superiores, algo que no tiene la mayoría de mujeres privadas de su libertad en México, quienes además viven en un contexto de pobreza y quedan sin redes de apoyo.