ONG lamenta filtraciones del caso Ayotzinapa y Encinas exige a FGR investigar
Encinas solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las filtraciones del caso Ayotzinapa.
Encinas solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las filtraciones del caso Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó las filtraciones del informe elaborado por la Comisión del caso Ayotzinapa y aseguró que el hecho revictimiza a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.
Este sábado una columna de opinión en un medio nacional publicó información contenida en el informe de la comisión, con supuestos detalles del ataque que sufrieron los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El Centro Prodh aseguró que familiares de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa solicitaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) analizar las filtraciones para verificar la fiabilidad de los datos.
A la par, el organismo recordó que las autoridades deben ser investigadas por las filtraciones, ya que éstas generan confusión y dolor.
Además, externó su preocupación sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya cancelado algunas órdenes de aprehensión.
Encinas pide a FGR investigar filtraciones del caso Ayotzinapa
Por la mañana, Alejandro Encinas, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las filtraciones del caso Ayotzinapa.
El funcionario calificó el hecho como “absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”.
Por ello, pidió preservar el interés superior de las víctimas y alertó que este hecho puede abrir paso a la impunidad.
El 18 de agosto, el gobierno federal presento un informe en el que concluyó que el crimen fue “un crimen de Estado”, que no hay indicios de que estén vivos y reconoció la participación de elementos de las Fuerzas Armadas.
A la par, rechazó la “verdad histórica”, la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
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