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Familiares de los defensores desaparecidos  exigen que FGR atraiga las investigaciones

Los familiares de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores de derechos humanos desaparecidos desde el pasado domingo 15 de enero, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso ante el lento avance de las investigaciones que hasta ahora han realizado las autoridades de los estados de Colima y Michoacán.

Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo Lagunes, reprochó que las fiscalías de Colima y Michoacán no han reportado avances de la investigación del caso de los activistas, quienes desaparecieron en una región ubicada en los límites de ambos estados mientras realizaban actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos de comunidades rurales.

“Lo que demandamos al Estado mexicano y a cada uno de los actores estatales y locales es que pongan en acción todos los mecanismos a su alcance para recuperar con vida a Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Llevamos cuatro noches sin ellos y eso es un agonía”, dijo Ana Lucía en una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México. “Pedimos a la FGR que atraiga el caso, las fiscalías locales de Colima y Michoacán están actuando muy limitadamente con todo y la presión que estamos ejerciendo”.

La desaparición de Lagunes y Díaz fue reportada por organizaciones sociales. Un vehículo en el que ambos activistas viajaban fue encontrado con impactos de bala y sin ningún pasajero abordo en los alrededores del Cerro de Ortega, reportaron las asociaciones civiles. Después de esa información poco se ha sabido de lo ocurrido a los dos hombres.

Lagunes es abogado y fundador de la organización Asesoría y Defensa Legal del Sureste. Desde esta asociación y otras en las que ha participado ha defendido a comunidades indígenas de empresas privadas que quieren explotar sus tierras en Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Campeche. Además ha presentado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Su compañero Díaz es un profesor indígena de la comunidad San Miguel de Aquila, también es opositor al desarrollo de la mina de Aquila en el estado de Michoacán, la cual opera desde 1998.

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, también se sumó a la exigencia de justicia por ambos activistas con un mensaje doble para las autoridades y los delincuentes que habrían participado en la desaparición.

“A los captores de mi esposo les pido que lo dejen en libertad”, dijo Ramírez Magallón. “Es nuestro deseo que la búsqueda y de estos defensores sea el principio de acciones interinstitucionales para transitar hacia el ejercicio pleno de derechos sociales, culturales y ambientales.

Gobierno federal participa en la búsqueda de los activistas desaparecidos

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se sumó a los trabajos de localización de los activistas desaparecidos, reportó la Secretaría de Gobernación a través de un comunicado de prensa. Participan también en la labor de búsqueda la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la Guardia Civil de Michoacan y la policía de Colima. 

“Desde el primer momento se implementa una coordinación interinstitucional, y actualmente se realizan acciones de búsqueda por tierra y aire en la zona de los municipios de Aquila y Coahuayana, Michoacán, límites con el estado de Colima y en el Cerro de Ortega, Municipio de Tecomán, Colima”, informó la Segob.

La dependencia aseguró que este equipo de búsqueda “continuará sus acciones y se seguirá fortaleciendo hasta dar con el paradero del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia”.

Por la desaparición de los activistas organizaciones sociales también pidieron al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) que emita acciones urgentes para su búsqueda, es decir, que haga un llamado oficial al Estado mexicano para agilizar las labores de rescate de ambas víctimas.

La solicitud enviada a la CED fue enviada por las organizaciones IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Asesoría y Defensa Legal del Sureste, Global Rights Advocacy y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle.

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