A diario desaparecen 33 personas, pero la estrategia para combatir el delito está en crisis

La estrategia para encontrar a las 113 mil personas desaparecidas en México está en crisis: las fiscalías no obtienen sentencias contra los responsables de este crimen; la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) está a cargo de una funcionaria que no tiene experiencia en el tema; el gobierno pretende realizar un nuevo censo para disminuir la cifra oficial de víctimas, y el rezago forense, que incluye más de 52 mil cadáveres sin identificar, sigue latente.

En un inicio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se distinguió por reconocer el problema de las personas desaparecidas y por crear o fortalecer instituciones especializadas en este tema. Sin embargo, a un año de que culmine su sexenio, el panorama ha cambiado. El presidente ahora niega que los casos de desaparición van en aumento y ha hecho cambios que, según especialistas consultados por La-Lista, ponen en “jaque” la estrategia que él mismo emprendió contra este delito.

El último golpe a la estrategia contra la desaparición de personas fue la designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la CNB. Antes de esto, ella era la encargada de la política educativa para las personas adultas y su única relación con temas de derechos humanos era una maestría que realizó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

La designación de Reyes Sahagún y el anuncio de un nuevo registro de víctimas, que pretende disminuir la cantidad de personas desaparecidas en el sexenio de López Obrador, son signo de la crisis que vive la política dirigida a resolver este problema, advierte Álvaro Martos, coordinador de Investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad.

“Estas diferentes medidas, que de alguna forma están relacionadas entre sí, de lo que nos hablan es de un deterioro o desgaste institucional al interior de la CNB, pero que también afectan al Sistema Nacional de Búsqueda y a las políticas públicas de todo el país”, expresa Martos.

Actualmente hay 113 mil personas desaparecidas y este año, en promedio, cada día se registran 33 víctimas adicionales en el país, según las cifras oficiales. A pesar de estos datos, que son generados por el mismo gobierno, el presidente ha cambiado su discurso y se niega ha aceptar la problemática.

Martos estima que este cambio de 180 grados en el discurso presidencial, así como las decisiones que se han tomado en relación a la política de personas desaparecidas, tienen que ver con los resultados tan lentos en la atención del problema. Otro factor, considera el experto, es la coyuntura electoral del siguiente año, en el que se renovará la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, miles de cargos estatales y municipales.

“La estrategia fallida de seguridad de este gobierno hace que aumenten las desapariciones, y eso, cruzado con los intereses político-electorales, mete presión por los resultados. Eso comenzó a erosionar y desgastar a las instituciones dedicadas al tema de desaparición”, opina Martos.

La llegada de Reyes Sahagún a la CNB se concretó luego de la renuncia de Karla Quintana. La funcionaria abandonó su puesto al señalar que el gobierno federal busca crear un registro para disminuir la cantidad de personas desaparecidas. “Es clara la intención de este nuevo censo, el cual es reducir los reportes de desaparición en México, principalmente en este sexenio”, expresó recientemente la excomisionada.

Las familias de víctimas acusan que el proceso de designación de Reyes Sahagún fue una simulación. El gobierno invitó a organizaciones sociales y a la sociedad en general a proponer perfiles adecuados para la Comisión Nacional de Búsqueda, pero al final una persona muy cercana a López Obrador, y sin experiencia, fue elegida para hacerse cargo de la institución.

“Es desesperante porque si con alguien que tenía experiencia no se obtuvieron los resultados que necesitamos, es preocupante que esta persona (Teresa Reyes) esté en el cargo porque sentimos que no va a dar el ancho”, menciona Virginia Garay, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.

La CNB no es la única institución que ha sufrido modificaciones. Este año también hubo cambios en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) que se encarga de averiguar cómo ocurrió la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Omar Gómez Trejo, quien estaba a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa desde 2019, renunció a la UEILCA el pasado 27 de septiembre de 2023. El funcionario se fue en medio de señalamientos en contra del Ejército, institución que ha puesto trabas para que se indague la desaparición de los 43 estudiantes en la que participaron decenas de integrantes de las Fuerzas Armadas.

El lugar de Omar Gómez Trejo en la UEILCA lo ocupó Rosendo Gómez Piedra, un tabasqueño del grupo político de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación.

Alejandro Encinas es otro exfuncionario que renunció a la Subsecretaría de Derechos Humanos, aunque en su caso él no cuestionó los cambios que ha habido en la estrategia contra la desaparición de personas. Al contrario, se sumó al equipo de Claudia Sheinbaum, quien será la candidata de Morena a la Presidencia de la República para las elecciones del siguiente año.

Luego de las renuncias de Karla Quintana y Alejandro Encinas “nos sentimos ahora sí en el limbo todas las víctimas”, lamenta Virginia Garay, quien busca a su hijo Bryan Eduardo, desaparecido en febrero de 2018 en Tepic, Nayarit.

“Ya no están las personas que más o menos trabajaban y que nos tomaban en cuenta. Ahora no tenemos nada”, agrega la familiar.

Impunidad total en casos de personas desaparecidas

El acceso a la justicia sigue siendo un pendiente en los casos de desaparición de personas. Las fiscalías estatales solo han conseguido 176 sentencias condenatorias por este crimen, lo que resulta una impunidad del 99%.

Guanajuato, con 32 sentencias condenatorias, es el estado donde más se ha impartido justicia, de acuerdo con documentos obtenidos por La-Lista a través de solicitudes de información pública.

Esta impunidad provoca que los casos se sigan reproduciendo en el país. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que hizo una visita a México en noviembre de 2021, calificó la desaparición de personas como “el crimen perfecto”.

Los expertos consultados para este trabajo acusan la falta de voluntad política para sancionar los casos de desaparición. Hay estados como Guerrero donde la Fiscalía ni siquiera cuenta con una oficina especial para investigar este delito, ni tampoco se tiene una ley local en la materia, a pesar de que hay 4 mil 192 víctimas en la entidad.

La Fiscalía de Baja California Sur, donde hay 909 víctimas, tampoco tiene una oficina especial para investigar por qué en 2014 solo se registraron tres casos de personas desaparecidas en el estado, mientras que en 2023 esta cifra aumentó a 124.

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), opina que la crisis en la estrategia contra la desaparición de personas ha influido en los estados.

“Parece que el tema de desaparición de personas ha sido cada vez de menor prioridad para el gobierno federal, pero también para los gobiernos estatales”, cuestiona Chimiak. “Hemos observado durante varios meses el desinterés (de las autoridades locales) de pronunciarse públicamente sobre la problemática y se apuesta solo por visibilizar los avances”.

El Cepad es una organización social con sede en Jalisco, el estado con mayor cantidad de personas desaparecidas (14 mil 913). Esta entidad está al mando de Enrique Alfaro, un político del partido Movimiento Ciudadano. Pese a sus diferencias con López Obrador, el gobernador ha replicado la misma estrategia de negar el problema de las desapariciones, dice Chimiak.

“Si una autoridad no reconoce la dimensión de la problemática, es muy difícil tomar acciones que verdaderamente pudieran ayudar a solucionarla”, insiste la codirectora de Cepad.

Crisis forense: rezago en la identificación de más de 52 mil cuerpos

El retraso en la identificación forense es otro aspecto que ha agravado el problema de la desaparición de personas en México. Actualmente hay más de 52 mil cadáveres de los que no se sabe su identidad, estos se encuentran en fosas comunes y en otras instalaciones de los servicios médicos forenses.

El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos dio a conocer esta cifra en 2021, por lo que pudo haber crecido en los siguientes años. Las familias de víctimas de desaparición creen que sus seres queridos podrían estar entre esos 52 mil cuerpos que el gobierno no ha logrado identificar.

La identificación forense no ha podido avanzar en el país por la falta de infraestructura de los servicios médicos; por la falta de personal especializado, y porque no se han creado las herramientas necesarias para hacer el cruce de datos genéticos entre los cadáveres y las personas que buscan a un familiar desaparecido.

La Fiscalía General de la República aún no crea el Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta que debería contener la información genética de los 52 mil cadáveres sin identificar, así como la información genética de los familiares de víctimas de desaparición para hacer un cruce y encontrar coincidencias.

La FGR debió crear el Banco Nacional desde 2018, como lo estipula la Ley General en Materia de Desaparición, pero al día de hoy no se tiene la herramienta, incluso luego de que un juez ordenó a la Fiscalía apresurarse con el diseño de la base de datos.

Roxana Enríquez, coordinadora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), hace otra crítica a la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales: no trabajan en equipo con las comisiones locales de búsqueda, lo que también dificulta identificar los restos que se encuentran en fosas clandestinas.

“Por un lado tenemos procesos de búsqueda que cada vez generan más resultados en la localización de entierros clandestinos, pero no hay un soporte de una investigación ministerial. Por lo tanto, es poca la información que se tiene acerca de quiénes pueden ser las personas que se localizan en esos lugares”, indica Enríquez Farías.

La experta añade que las comisiones de búsqueda y las fiscalías no solo no se comparten información, sino que pierden tiempo al duplicar sus actividades, por ejemplo, en la toma de muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas.

Otra alternativa para atender el rezago fue la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un grupo de trabajo con el cual se buscó que expertos nacionales e internacionales ayudaran en la identificación de los más de 52 mil cadáveres que están en calidad de desconocidos en el país.

En 2021 se dio a conocer que el MEIF sería coordinado por siete especialistas en diferentes áreas, pero dos años después, en 2023, cinco de ellos abandonaron ese equipo. Édgar Cortez, uno de los expertos, relata que el MEIF perdió relevancia ante la creación del Centro Nacional de Identificación Humana.

“Cuando estaba prácticamente arrancando el MEIF, vino una ley para crear el Centro Nacional, que yo creo fue correcta, pero nunca hubo claridad de qué le tocaba al MEIF y qué le tocaba al Centro Nacional. Luego el Centro se convirtió en la prioridad del gobierno”, lamenta Cortez.

Una solicitud de información hecha por La-Lista muestra que, entre 2020 y 2023, la Secretaría de Gobernación invirtió tres millones de dólares (unos 54 millones de pesos) en el funcionamiento del MEIF, que tiene convenios de colaboración con las fiscalías de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, así como con las comisiones de búsqueda de San Luis Potosí y Zacatecas.

Los trabajos del MEIF en el país van a paso lento. La Comisión Nacional de Búsqueda señala que el Mecanismo Extraordinario ha tenido dificultades para trabajar al menos con la Fiscalía de Zacatecas, uno de los estados más violentos del país y donde hay más de 3 mil 700 víctimas de desaparición.

Cortez señala que, luego de la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, el MEIF se ha convertido “en un proyecto marginal” para atender la crisis forense, a pesar de que en un inicio el gobierno de López Obrador presentó a este equipo como uno de los pilares en la estrategia para la identificación de cadáveres.

El especialista considera que con el MEIF ocurrió lo mismo que con la Comisión Nacional de Búsqueda y con la unidad especial que investigaba el caso Ayotzinapa: los lentos avances hicieron desesperar a las autoridades federales que buscaban resultados a corto plazo, por eso hicieron modificaciones a estas instituciones.

“Yo te diría que no hubo la convicción de que esto requería una planeación de mediano y largo plazo, y si algo hemos aprendido es que la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación es una tarea de largo plazo”, concluye Cortez.