Baltazar Higinio Reséndez, empresario ligado a Cabeza de Vaca, es sometido a proceso penal
Al supuesto prestanombres del gobernador de Tamaulipas se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Al supuesto prestanombres del gobernador de Tamaulipas se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Un juez federal vinculó a proceso y decretó prisión preventiva al empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, identificado como prestanombres del gobernador Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El empresario será procesado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, permanecerá en el penal del Altiplano, Estado de México. El juez de control de ese centro penitenciario dio tres meses para la investigación complementaria.
La audiencia inició la tarde de este miércoles y se extendió hasta las primeras horas de este jueves.
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Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue detenido el pasado jueves en Texas, EU, y entregado a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
El empresario está mencionado en el listado de personas y empresas bajo la mira del FBI “los cuales se cree que están relacionados con el lavado internacional de activos, se han identificados operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, Mexico y otros países”, según el documento dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de mayo pasado.
El gobierno de García Cabeza de Vaca otorgó tres contratos a dos empresas de Reséndez Cantú, identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como fantasma, para obras en la entidad, ambas también están en el listado del FBI publicitado por López Obrador.
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La FGR sostiene que esos recursos se triangularon para beneficiar al gobernador de Tamaulipas, pues a través de una tercera empresa fachada propiedad de otro integrante del supuesto entramado se le compró al mandatario una casa en la exclusiva zona de Santa Fe, Ciudad de México.
La UIF acusa que Cabeza de Vaca no pagó los impuestos por la transacción, lo que derivó en que se le acusara de defraudación fiscal, supuesto delito que justificó el avance de su desafuero que luego frenó el Congreso de Tamaulipas.
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