Cómo las leyes permiten que las fuerzas policiales más grandes del mundo usen fuerza letal

Los departamentos de policía en las ciudades más grandes del mundo le dan a sus oficiales impunidad legal para utilizar fuerza letal aún cuando sus vidas no están en peligro, de acuerdo con una nueva investigación encargada por The Guardian.

El estudio de la University of Chicago y sus socios de investigación encontró que ni un solo departamento de policía en las ciudades observadas tiene políticas consistentes con las pautas establecidas por la ONU en cuanto al uso de fuerza.

El reporte incluyó a 48 grandes ciudades en Estados Unidos y el mundo, muchas de ellas en los países más ricos y democráticos.

Esta investigación reveló que no sólo los oficiales de la policía en Estados Unidos y más allá actúan con violencia sin impunidad, sino también que sus códigos profesionales les permiten hacerlo. La investigación llega en un momento de escrutinio intenso en el año después del brutal asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis y la oleada de levantamientos sin precedentes que ocasionó.

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“La nación verá esto (el caso de George Floyd) bajó una nueva conciencia, pero (Derek Chauvin, el oficial que asesinó a Floyd) está siendo procesado bajo las mismas leyes y el mismo sistema antiguo”, dijo Sherri Williams, profesora de la American University que escribe sobre y analiza temas de raza y representación.

Los descubrimientos de la University of Chicago Global Rights Clinic aparecerán en un reporte en el futuro llamado Global Impunity. En un análisis encargado por The Guardian para nuestro proyecto continuo Overpoliced, Underprotected, investigadores compararon las políticas por escrito de uso de fuerza de las ciudades con varios documentos de la ONU, incluyendo el código de conducta para los oficiales de la policía, que enfatiza que la fuerza letal sólo deberá usarse cuando los oficiales se enfrenten a amenazas inmediatas y graves a sus propias vidas o las de otros.

La investigación se enfoca en las naciones más ricas y desarrolladas para comparar entre lugares con recursos similares. Incluye desproporcionadamente más ciudades en Estados Unidos para dar un fundamento al alcance del proyecto.

En EU, 987 personas fueron asesinadas por la policía en el último año. La tasa es casi el triple que en Canadá y 30 veces mayor que en Alemania.

“El simple número de países, departamentos de policía en Estados Unidos y en todo el mundo que le dicen a sus oficiales que pueden usar fuerza letal, dispararle a alguien, durante un arresto o si intentan escapar es estremecedor”, dijo Nino Guruli, uno de los autores y abogado en la International Human Rights Clinic de UIC John Marshall Law School. “Como si fuera más importante completar un arresto o no retirarse que prevenir sufrimiento y muertes innecesarias”.

Para analizar las políticas de uso de fuerza, los investigadores usaron una escala de evaluación basada en cuatro categorías: si el uso de fuerza letal de una ciudad se considera legal bajo leyes internacionales; si la fuerza letal puede usarse exclusivamente para una amenaza inmediata y como último recurso; si puede usarse sólo en respuesta a una amenaza igual de letal; y si la policía responde a un órgano independiente por el uso de fuerza letal.

En 13 ciudades, según la investigación, los oficiales tienen permiso de usar fuerza letal incluso si no han agotado todas las demás opciones disponibles, como las técnicas de desintensificación.

En Denver, por ejemplo, los oficiales tienen permitido usar fuerza letal para arrestar o prevenir el escape de un individuo de acuerdo con su historial criminal, no es necesario que el sospechoso sea una amenaza presente e inmediata:

“105.2. Un oficial de la paz puede usar justificadamente la fuerza letal física … sólo cuando tenga razones para creer que es necesario: b. Para efectuar un arresto o prevenir el escape, de una persona a quien razonablemente considera: 1. Que ha cometido o intentado cometer un delito grave que involucre el uso o la amenaza de usar armas mortales”.

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Tales políticas suelen ser fuertemente criticadas durante casos de brutalidad policial altamente públicos. El asesinato de Eric Garner, un hombre de Nueva York ahorcado hasta morir durante un arresto, ocasionó la prohibición de los estrangulamientos en el estado después de que iniciaron protestas en todo el país. De forma similar, con los asesinatos de Floyd y Elijah McClain, quien también fue asesinado el año pasado, abogados de derechos civiles han cuestionado si la policía actuó bajo alguna especie de amenaza a sus propias vidas.

En 25 ciudades, los oficiales tienen permitido utilizar fuerza letal como respuesta a una amenaza menor, o cuando no hay amenazas inmediatas.

Esto puede variar dramáticamente. Filadelfia utiliza un lenguaje claro para prohibir que los oficiales usen fuerza letal si deja de haber una “creencia objetiva y razonable de que el sospechoso sea peligroso, aún si su uso se pudo haber justificado en algún momento previo”. Pero en Indianapolis, la ley es mucho más opaca, pues solo requiere una “amenaza de fuerza letal” para actuar.

También suele fallar la responsabilidad por el uso de fuerza letal. Los investigadores encontraron que muchos departamentos de policía en todo el mundo no requieren que los oficiales reporten cuando utilicen fuerza excesiva, incluso cuando se trata de fuerza letal. Esto conlleva tanto a una falta de responsables por el uso de fuerza letal entre las fuerzas policiales, como una brecha en la comprensión del público sobre lo que sucedió, debido en parte a la falta de documentación adecuada.

Sólo ocho ciudades requieren reportes internos para un oficial de la policía que use fuerza letal, y 16 ciudades requieren esos reportes cuando resulta en muerte o heridas.

Richard Aborn, presidente de Citizens Crime Commission de la ciudad de Nueva York, dijo que la falta de requerimiento de reportes puede ser sombría. “Es el mensaje que mandan los líderes de las agencias de policía.

“Creo que si hiciéramos eso, disciplinar esos casos, no tendríamos que cambiar las políticas”.

Pero si es poco probable que las ciudades reporten su uso de fuerza internamente, reportar los incidentes externamente se siente mucho más difícil de aplicar.

“Las leyes y políticas son críticas para la responsabilidad y transparencia del gobierno. Esto es verdadero especialmente en el área de la aplicación de la ley donde se le otorga al estado el poder de acabar con una vida humana”, dijo Claudia Flores, autora del reporte y profesora clínica adjunta de derecho y directora de la Global Human Rights Clinic en la Escuela de Derecho de University of Chicago.

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Los grupos activistas abogan por varias reformas. Las demandas incluyen limitar el poder descontrolado de los sindicatos de la policía, que suelen ayudar a crear las políticas de uso de fuerza, y requerir la supervisión comunitaria de las negociaciones de contratos.

“Tenemos amnesia histórica sobre cómo tratamos realmente a las personas en este país”, dijo Williams. “Actuamos como si no supiéramos realmente que (estas políticas) fueron diseñadas para hacer lo que hacen”.

La investigación reveló (algo sorprendente para quienes se enfocan en la brutalidad policial y el racismo sistémico en EU) que la ciudad de Nueva York de hecho tiene las políticas y lineamientos más fuertes sobre el uso excesivo de fuerza, seguida por la Ciudad de México y Buenos Aires. Mientras tanto, Riyadh, Mumbai y París ocuparon los lugares más bajos de la lista.

Pero eso no necesariamente significa que los primeros lugares tengan mejores departamentos de policía o menos asesinatos extrajudiciales. Una mejor política no siempre significa que hay responsabilidad, o el poder de la ley para ejercer tal política.

En el año pasado se ha hecho muy claro que el poder de las fuerzas policiales lleva demasiado tiempo sin control. Desde entonces, el gobierno y las voces comunitarias en EU han exigido poner punto final a los siglos de prácticas y leyes racistas y deficientes.

A principios de marzo, la Cámara de Diputados de EU votó a favor de una de las propuestas de reforma a las fuerzas policiales más grandes en la historia del país: la George Floyd Justice and Policing Act. La legislación, que es poco probable que se apruebe en el Senado debido a la oposición republicana, incluye varios cambios radicales a la manera en que la policía hace su trabajo, incluyendo la prohibición de los estrangulamientos.

Este año, la ONU también reunió un grupo de expertos sobre el uso de fuerza. Ellos exhortaron a EU a adoptar reformas amplias y a terminar con la brutalidad policial. Ellos amonestaron a los departamentos de policía por usar gas lacrimógeno y otras duras medidas contra los protestantes y reconocieron la creciente militarización del armamento de la policía.

“Las reformas policiales deben adoptar medidas genuinas y sustanciales para desmantelar el racismo sistémico en la aplicación de la ley, incluyendo en contra de las minorías raciales, étnicas y de otros tipos, al desinvertir en los actuales presupuestos de la policía y reintentar en recursos sociales y económicos alternativos que son vitales para la seguridad de estas comunidades”, declararon.

Pero las reformas de políticas, y leyes, llegaron demasiado tarde para el caso que determinará si el antiguo oficial de la policía Derek Chauvin será sentenciado por arrodillarse sobre el cuello de George Floyd durante más de ocho minutos.

“El verano pasado fue una época de conversaciones”, dijo Johnetta Elzie, activista por los derechos civiles y cofundadora de Campaign Pero, un grupo de activismo e investigación enfocado en acabar con la brutalidad policial. “Ahora depende de quién y qué entidad se preocupa lo suficiente como para asegurarse de que la policía y sus sindicatos se hagan responsables”.

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Global Impunity se publicará en mayo y lo escribieron Claudia Flores, profesora clínica adjunta y directora de la Global Human Rights Clinic en la Escuela de Derecho de la University of Chicago; Nino Guruli, abogado en UIC John Marshall Law School, International Human Rights Clinic; Brian Citro, abogado por los derechos humanos e investigador independiente; Mariana Olaizola, miembro y docente en Global Human Rights Clinic de la Escuela de Derecho de la University of Chicago; y Chelsea Kehrer y Hannah Abrahams, estudiantes en la Escuela de Derecho de la University of Chicago.