La salud: el gran fracaso

A casi tres años de iniciado este gobierno, ya es bastante claro que uno de sus mayores fracasos fue el no haber podido crear un sistema de salud unificado y universal.

Aunque de principio esto puede parecer anecdótico, si tomamos en cuenta que semejante sistema nunca ha existido en México, la realidad es que este era el único postulado importante en materia de salud en la campaña de el entonces candidato a la Presidencia.

El contar con un sistema que permita que toda la población pueda acceder a servicios médicos es seguramente el santo grial de muchos gobiernos cuando hablan sobre la salud de la población. Sin embargo, esto es muy fácil de decir, plantear y hasta prometer. Lo difícil es implementar.

El derecho a la salud ya se encuentra “consagrado” en la Constitución. Vaya, no hay nada más que agregar. Lo que sigue, sí, es establecer los mecanismos para que todos los mexicanos puedan acceder a un servicio médico de manera oportuna y con la calidad que el mundo y la medicina moderna demandan. 

El prometer un sistema de salud unificado y con acceso universal es muy atractivo a nivel político, sobre todo cuando esta promesa se hace desde una plataforma populista. Claro, el saber que podremos tener acceso a un servicio médico de manera fácil y sin erogar una cantidad importante de dinero en ello siempre es atractivo.

Es aquí donde se encuentra el primer error de percepción y luego de comunicación. El derecho a la salud no es equivalente a gratuidad en salud. De hecho, la gratuidad en salud no existe en el mundo de no ser, tal vez, en Corea del Norte o Cuba. La salud cuesta y cuesta a todos los ciudadanos.

Hablar de un servicio de salud como el de los ya famosos países nórdicos (Dinamarca se convirtió en un meme), diciendo a la vez que éste sería gratuito, probó ser un disparate. No, en ninguno de los países nórdicos los servicios de salud son gratuitos. De alguna manera, todos los ciudadanos terminan pagando un copago que puede ser de varios cientos de euros, además de pagar tasas impositivas de cerca del 50 o 60%. En México esto es impensable.

El segundo error surgió al momento de querer unificar los servicios de salud de las instituciones en el país. Semejante tarea implica una cantidad enorme de complicaciones administrativas, legislativas, regulatorias y, por supuesto, sindicales. Nadie puede imaginarse que, a partir de una orden, un decreto o un plumazo, los trabajadores del IMSS comenzarán a trabajar alegremente el día de mañana bajo las condiciones de los trabajadores de ISSSTE, la Secretaría de Salud o de Pemex. Dejo fuera de la discusión a las Fuerzas Armadas, ya que, en la mayoría de los países, estos cuentan con servicios médicos independientes.

Unificar un sistema de salud para 120 millones de habitantes no es una tarea que se dé de un día para otro ni a partir de un decreto. Como he dicho en varios foros, esto puede llevar décadas, sino es que generaciones. Lo más curioso es que todo esto se entendió desde antes de iniciado este gobierno. Por ello, la propuesta no se llevó adelante y, en su lugar, se pretendió empoderar al IMSS, convirtiéndolo en el nuevo servicio de salud para todos aquellos que no tuvieran una afiliación a alguna institución.

Otra vez esto probó ser un error conceptual. Sin los recursos suficientes, la capacidad instalada del IMSS simplemente no se daría abasto con una sobrecarga de cerca de 50 millones de habitantes. 

Al verse acorralado, el gobierno optó por la opción más fácil: apropiarse de todos los recursos materiales y humanos de los servicios de salud de cuantos estados de la República pudiera (o se lo permitieran) y con ello administrar los recursos financieros, expropiando en el camino los del Seguro Popular, la única institución que poco a poco acercaba a México a una cobertura universal, pero estaba condenada desaparecer por un antagonismo ideológico personal.

Para lograr tener un control sobre todos los recursos y, a la larga, sobre la política de salud, en enero del año pasado vimos nacer al Insabi. Paradójicamente, la puesta en marcha de este instituto sin objetivos, reglas de operación y con directivos completamente ignorantes sobre qué es un sistema de salud generó confusión, caos y la desesperación de miles de pacientes que súbitamente se encontraron con que ya no funcionaría la cobertura que tenían a partir del Seguro Popular, por lo menos, bajo las mismas reglas. Era ya desconocida en muchos de los servicios a los que usualmente tenían acceso en clínicas estatales o a través de subrogación.

Son varios los autores que han comentado sobre la política de este gobierno de utilizar “el machete antes que el bisturí” al momento de realizar los ajustes y cambios administrativos que busca; y el mejor ejemplo es el sistema de salud.

No solamente gran parte de la población ha quedado desprotegida, como se comprobó recientemente en el análisis publicado por Coneval, sino que el gasto de bolsillo, es decir el dinero que cada paciente paga directamente de su cartera para recibir atención médica, se ha incrementado. Sí, actualmente hay más gente sin acceso a los servicios de salud que en 2018 y además la gente paga más de su dinero por ello.

La necedad de desmantelar el sistema de compras y adquisiciones generó el desabasto más grande de medicamentos e insumos para la salud del que se tenga memoria. Apenas se están recibiendo pedidos que fueron negociados o fincados para el segundo semestre 2019, y aparentemente se les ha olvidado que todo el proceso deberá repetirse cada semestre de los próximos tres años. En este momento se desconoce cuál será el sistema de adquisiciones, compras y abasto definitivo.

En el camino, la peor pandemia en la historia moderna lleva más de 18 meses en este planeta y ni por error teníamos la capacidad instalada para hacerle frente. El precio de la reconversión hospitalaria que, a decir de las autoridades salvó muchas vidas pero que aún así nos coloca en el cuarto lugar en mortalidad total en el planeta, fue que muchos pacientes “regulares” –con enfermedades crónicas o cirugías programadas– se quedaron sin poder acceder a servicios médicos durante varios meses. 

Crear un sistema de salud con acceso universal o por lo menos querer garantizar el derecho a la salud comienza, nos guste o no, con una asignación presupuestal importante. Lamentablemente nunca ha sucedido en México. Los enormes recortes en salud de la administración pasada no fueron corregidos en los presupuestos de 2019 a 2021. De hecho, para finales de 2019 no solamente se habían sufrido recortes importantes en el presupuesto a la salud sino que existía una cuasi política de agresivo subejercicio de los recursos.

Esta administración comenzó no solamente gastando menos, sino recortando el dinero destinado a la salud de los mexicanos. Peor aún: el presupuesto asignado a 2021 no menciona ni una sola vez la palabra “covid”.

La reciente propuesta de Presupuesto de Egresos para la Federación 2022 muestra aparentemente un incremento interesante en el ramo destinado a la salud… o no.

Por un lado se sigue quedando muy abajo del promedio de inversión en salud de los países de la OCDE; por el otro, este presupuesto pretende tomar 66 mil millones de pesos remanentes del antiguo fondo de gastos catastróficos para aplicarlos al gasto corriente, como se hizo con 33 mil millones en 2021. Esto es sencillamente tramposo, ya que solamente se estaría pasando el dinero de un bolsillo al otro y no debe considerarse como un incremento presupuestal.

El poder garantizar un servicio médico de calidad para cada mexicano requiere de una verdadera dedicación y voluntad política para que esto se logre; sin embargo, debe venir de la mano de una visión estratégica con objetivos claros y una asignación presupuestal que nos ponga al mismo nivel de inversión que los famosos países nórdicos.

Una vez más nos quedamos cortos. 

Afrontémoslo. La universalización de la salud no será posible en los próximos tres años.