Lo que el Insabi se llevó

En los pasados días se dieron a conocer dos incidentes dramáticos, ligados a la incapacidad de proveer de medicamentos e insumos a pacientes que los requerían en dos diferentes instituciones.

Los eventos llamaron la atención no solamente por estar ligados al desabasto que el sector salud de México ha sufrido desde hace más de dos años, sino porque han puesto de manifiesto un problema que, hasta el momento, había pasado inadvertido debido a la pandemia y a la inexperiencia de médicos y pacientes.

El primero de estos eventos se dio a conocer a través de una grabación de la asociación Nariz Roja. En ella, un médico del gobierno del estado de Veracruz responde a la solicitud de uno de los padres de familia, quien se encuentra desesperado por no encontrar los medicamentos oncológicos para su hijo. El padre solicita al médico una prescripción para que él mismo consiga los medicamentos de manera privada y los lleve al hospital en Veracruz.

El médico quedó grabado diciendo que tenía órdenes específicas de no girar ninguna receta y que, si lo hacía, sería sancionado. En ese caso, el problema era patente: la institución carecía de los medicamentos para atender al menor, pero el médico estaba imposibilitado, so pena de perder su trabajo, de permitir que se compraran los medicamentos en una farmacia privada.

Apenas unos días después se dio a conocer, en el programa de Ciro Gómez Leyva, el caso de los familiares de un paciente internado con fracturas, los cuales debieron comprar un implante para reparar mediante cirugía las lesiones de esta persona. La venta, por así llamarle, fue arreglada con una vendedora que trabajaba supuestamente de manera ilegal dentro del hospital de Balbuena, perteneciente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

En este caso, aparentemente la vendedora se encontraba en comunicación con un jefe de servicio y algunos médicos del hospital. Al día siguiente, el jefe de servicio y el director fueron removidos de sus cargos.

No me detendré aquí a analizar las implicaciones legales, jurídicas o éticas de ninguno de los dos casos. Mi interés es el de exponer porqué sucedieron. 

La explicación corta: efectivamente, los médicos de cualquier institución perteneciente a un servicio de salud pública en México tienen prohibido hoy otorgar alguna receta para que los pacientes adquieran medicamentos, suministros o insumos fuera de los hospitales. El problema es que las unidades médicas carecen de los recursos. En resumen, los hospitales no tienen con qué trabajar, pero se prohíbe que los pacientes adquieran los medicamentos que necesitan. Al momento de escribir estas líneas, pacientes, médicos, personal de salud y de trabajo social en México se encuentran en un callejón sin salida.

La explicación completa: México pasa por un periodo de desabasto de suministros en los sistemas de salud, que data del segundo semestre de 2019. El analizar y entender las causas de este desabasto son objeto de otro trabajo. Por el momento, es importante entender que, aún con la falta de medicamentos o insumos, los pacientes no deberían sufrir si se permitiera que ellos, directamente o alguna organización, proveyera de las medicinas, prótesis, implantes, sondas, catéteres o cualquier otra cosa que se requiriera. 

Hasta finales de 2019, muchos hospitales del sector público podían ayudar a solventar algunas carencias a través de dos mecanismos. El primero, las cuotas de recuperación que ellos mismos cobraban a los pacientes basándose en un estudio socioeconómico. El segundo, los pacientes tuvieron siempre la oportunidad de proveer parte de sus medicamentos o dispositivos. De hecho, tanto las cuotas de recuperación como el pago de compras de dispositivos o medicamentos estaban cubiertos en muchas ocasiones por el Seguro Popular. 

Desde enero del año pasado, el Seguro Popular desapareció sin mayor explicación y, por indicaciones presidenciales, está prohibido cobrar alguna cuota de recuperación o permitir que los pacientes adquieran medicamentos o insumos en otra parte. Las unidades médicas deben, en todos los casos, proveer sin costo absolutamente todos los medicamentos a todos los pacientes, para todas las enfermedades.

Como lo platiqué con Sergio Sarmiento, quien publicó un editorial al respecto la semana pasada, este planteamiento es completamente absurdo e imposible. Simplemente no ocurre en ningún país del mundo. La gratuidad absoluta es una utopía y la institución encargada de promover, publicitar y, hay que decirlo, adoctrinar en este sentido es el Insabi. 

Quien administra en este momento todos los recursos para la salud es el Insabi. Quien prohíbe que los pacientes puedan adquirir sus medicamentos con sus propios medios es el Insabi. Quien amenaza a los médicos para que no acepten medicamentos o insumos provenientes del exterior es el Insabi.

Al Insabi no le interesa garantizar la salud de los pacientes en México. Al Insabi le interesa y mucho, además de hacerse del dinero destinado a la salud, vigilar que la promesa de gratuidad presidencial se mantenga incólume. En el momento en que un padre de familia desesperado logra reunir 15, 30 o 100 mil pesos para comprar los medicamentos de su hijo con cáncer y los lleva al hospital para que los apliquen, en ese momento quien quedaría mal es el presidente de la República… y el Insabi no lo va a permitir. 

Es más conveniente que un niño se quede sin medicamentos a permitir que la “gratuidad” quede en entredicho.

Como lo comenté, el Insabi nos tomó por sorpresa en enero del año pasado. Sin reglas de operación claras, sin una estructura mínima y con una absoluta ignorancia sobre la salud. 

El caos generado por la puesta en marcha del Insabi continúa hasta el momento y la gran mayoría de los médicos del sector público, jefes de servicio e incluso directores de hospitales ignoran a ciencia cierta los mecanismos para obtener el abasto o el financiamiento para operar de manera digna sus unidades de salud. Como es de entenderse, este problema se ha visto incrementado por el enorme desabasto y la pandemia que ha azotado a México desde hace 18 meses.

Lo único que se sabe con certeza es que, aunque en los hospitales falten cosas, está prohibido que los pacientes las adquieran.

El Insabi se apropió, en la práctica, del presupuesto de adquisiciones y gran parte de la operación de las instituciones y servicios integrantes del sector salud; mientras tanto, los resultados del estudio de Coneval, publicados hace unas semanas, muestran un crecimiento dramático en el porcentaje de mexicanos sin acceso a servicios de salud del 2018 al 2020, siendo las áreas rurales las más afectadas. 

La desaparición del Seguro Popular y su suplantación por el Insabi incrementó el número de gente desprotegida.

El Insabi no solamente secuestró los recursos. El Insabi se llevó la salud.