Revocación, firmas falsas y voto informado

El diseño de la ley federal de revocación de mandato prohíbe que se utilicen recursos públicos para recabar firmas de apoyo en favor de activar ese procedimiento; también que se haga cualquier promoción al ejercicio desde gobiernos o instituciones del Estado, salvo que se trate del Instituto Nacional Electoral (INE).

La prohibición para que servidores públicos usen su encargo como plataforma que impulsa cancelación de mandatos de gobernantes ya electos es una regla expresa en la Constitución y tiene cierta lógica, aunque asumir que eso implica también restringir en todo momento que el gobierno involucrado en un proceso de revocatorio defienda su permanencia, previo a que abran las urnas, anida una contradicción para el voto informado.

La revocación, de realizarse, implica someter a debate y votación si un presidente de la República debe concluir su periodo de gestión de manera anticipada, y eso supondría dar condiciones para que quienes piden interrumpir ese periodo de encargo, expongan razones antes de la votación y que el presidente mismo, o quienes defiendan que no se cancele su mandato, puedan hacerlo también en un espacio razonable y equitativo, expresar, en el marco del procedimiento revocatorio, los argumentos de por qué sí o por qué no debe continuar la gestión presidencial.

El voto informado requiere contraste de las posturas en juego antes de que abran las urnas, pero en este caso las cosas se complican de entrada porque ambas posturas, la que están a favor de que se quede el presidente hasta el final de su gestión, como las que piden activar el ejercicio de votación para revocación o no de mandato, coinciden de origen. Quienes impulsan abrir votación para una revocación no son grupos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hacen simpatizantes de su gobierno.

El presidente fue electo en 2018 para un periodo de seis años que concluye en 2024. No existe una obligación para ratificar ese periodo como condición para que se colme, porque la contienda electoral hace tres años fue democrática, legítima y está firme. 

Es la Constitución, en su artículo 35, donde se establece un camino excepcional para interrumpir la gestión presidencial de manera anticipada “por pérdida de confianza”, siempre que alguien pida detonar una votación para “revocar” el mandato a la mitad del camino y acompañe esa petición con el respaldo de al menos un 3% de las firmas ciudadanas que integran el padrón de votantes nacional, es decir, se requieren casi 2.8 millones de firmas que, además, deben acreditar una dispersión o representatividad nacional en donde como mínimo 17 entidades federativas aporten de forma individual 3% de apoyo de sus listados de votantes locales.

En total se requiere casi un millón más de firmas frente a las que se necesitan para solicitar una consulta popular y, entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, se podrán recolectar para invocar la revocación de mandato por primera vez en México.

Es alta la popularidad de López Obrador y los opositores no promueven que se cancele su gestión sabiendo que el escenario no es favorable para ello, entonces es el propio presidente y su partido quién busca abrir las urnas para que se vote formalmente si continúa o no.

El INE había solicitado originalmente las firmas que pidan revocación se registraran en una aplicación informática de forma preponderante, método que ya ha utilizado para facilitar la verificación de apoyos en ejercicios como la postulación de candidaturas independientes, donde se deben acreditar cientos de miles de firmas ciudadanas para obtener registro, pero habitualmente se presentan distintas proporciones de firmas falsas.

La experiencia muestra que los actores políticos, sin importar partido, suelen recurrir a operadores que les prometen grandes apoyos, al mercado de firmas que se compromete a sumar determinado número, pero cuando las entregan dan gato por libre, con nombres falsos, duplicados, simulación de credenciales que no son reales e incluso aportando nombres de personas ya fallecidas.

Esa lógica de simulación es vergonzosa, aunque no siempre es en la mayoría de los apoyos que se presentan o en número suficiente para desestimar la totalidad. De cualquier manera, el dato de falsificaciones es grave en términos políticos y debiera serlo más en términos jurídicos, exhibe promotores como tramposos pero en ocasiones no se llega al fondo de quién obtuvo los datos de ciudadanos que se trataron de usar de forma indebida. Pese a que suele perderse esa y otras conductas delictivas en la estadística, el efecto político sí es inevitable y de eso debe tener conciencia quien promueva la revocación, para no tropezar con la misma piedra.

El 1 de noviembre, el Tribunal Electoral dio la razón a Morena para que se acepten firmas en modalidad electrónica y física, sin acotar las físicas en papel solo a poblaciones que no tienen conexión a internet. Algunos consideran que esa decisión abre la puerta a inventar firmas para cumplir con el número necesario que se exige entes de iniciar un proceso de votación para revocación o no de mandato, pero lo cierto es que es obligación del INE verificar la veracidad de firmas sin importar que se presenten en formatos físicos o electrónicos y que tiene experiencia en hacerlo tanto con aplicación como sin ella.

La lógica de cubrir requisitos con operadores políticos que se comprometen a convencer a miles de personas de firmar como militantes de partidos que no conocen, entusiastas promotores de candidaturas independientes o incluso como promotores de consultas o revocación de mandato, amerita una reflexión adicional sobre las sanciones a estas prácticas deshonestas que están presentes en todos los partidos.

Los requisitos son discutibles en cuanto a plazos, piden juntar casi tres millones de firmas en apenas 45 días (de a 62 mil firmas diarias), aunque eso no justificaría inventar firmas o robar masivamente datos personales de fallecidos.

Cuando se detectan estas irregularidades es común también que se diga “fueron sembradas las falsas”, de ahí que falta de sanciones severas e investigación sobre quién entrega firmas adulteradas es fundamental. No basta con borrar firmas falsificadas, exhibir estadísticamente las trampas si no se aclara cómo llegaron ahí.

Si prospera el proceso de revocación enfrentará esa verificación y el dilema relacionado con clarificar los métodos de voto informado que permitan colocar razones para revocar y para no revocar en caso de que se abran las urnas. El gobierno debería debatir o explicar por qué debe seguir su gestión y quienes piden revocarle el mandato hacer lo mismo en una arena neutral, equitativa. 

Sobre las firmas falsificadas, tristemente ha sido una práctica habitual que en esta ocasión tiene una nueva oportunidad de evitarse, por respeto a quienes comparten la promoción del ejercicio de forma honesta, por ética pero si eso no aparece pues al menos por pragmatismo deberían los actores políticos tener memoria y saber que unas pocas firmas indebidas bastan para lastimar cientos de miles bien recabadas. Por eso es clave evitar ser exhibido como tramposo en la verificación que hará la autoridad electoral.

En 2018 fue la primera vez, desde la reforma constitucional que en 2012 abrió la puerta para candidaturas independientes presidenciales, que el INE realizó una verificación de firmas utilizando una aplicación informática.

En esa ocasión, Margarita Zavala entregó 1.5 millones de firmas al INE que supuestamente respaldaban su postulación como candidata independiente, pero únicamente 870 mil le fueron reconocidas como válidas, es decir, casi la mitad se consideraron indebidas por diversas irregularidades (incluyendo simulación), pero solo se borraron de la cuenta sin mayor consecuencia a quien ahí las puso.

Lo mismo ocurrió con Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien para ser candidato presidencial entregó al INE 2.3 millones de firmas y después de la verificación, el instituto aseguró que solo 835 mil, menos de la mitad, eran reales. Mismo caso de Armando Ríos Piter, quien había entregado 1.7 millones pero apenas 242 mil le fueron aceptadas como válidas en la revisión final que hizo el instituto.

No todos los que suman firmas tienen esas cifras escandalosas, en algunos casos la proporción de irregularidades es menor frente al total o incluso nula, pero no deja de ser lamentable que hasta en el proceso de consulta popular pasado el INE detectó más de 5 mil firmas de fallecidos, una cifra pequeña frente a más de dos millones de formatos legítimos que se recabaron, pero muestra fría de que siguen operando actores en esos procedimientos con prácticas que suman apoyos sin ética, sin respeto a la ley, y así, firmas legítimamente recabadas, que expresan voluntad real de muchas personas, se enlodan con las firmas tramposas de operadores políticos.

Se ha dado una lectura catastrofista a la decisión del tribunal que permitirá firmas en papel para la revocación de mandato, pero en realidad, aunque es una sentencia contradictoria con otros precedentes, no hace imposible verificar las firmas, sean en formato electrónico o impreso. El INE ha tenido experiencia en ambos formatos y es claro que ante la tensión que provoca la revocación de mandato, seguramente buscará detectar irregularidades con métodos diversos. Teniendo eso en cuenta, sería un error de promotores de la revocación apostar por firmas indebidas, porque se las van a exhibir y aunque sean pocas, el dato difícilmente pasará desapercibido.