Las otras víctimas del desabasto

Cumplimos dos años y medio del peor desabasto de medicamentos en México y, durante ese tiempo, he escuchado y leído cualquier cantidad de historias sobre pacientes de todas las edades que no han logrado tener acceso a tratamientos por algún padecimiento o que han perdido la continuidad.

De la misma forma, existen limitantes importantes para la realización y acceso a pruebas diagnósticas, sean de laboratorio o imagen.

A este punto, hablar del desabasto se ha vuelto tristemente un tema común al que nos hemos acostumbrado. En México, por lo menos en la medicina pública, faltan elementos para brindarle a los pacientes diagnósticos certeros y tratamientos oportunos y completos. Al hablar de las víctimas del desabasto, es común referirnos a los niños con cáncer, a los pacientes con enfermedades crónicas o, incluso, a quienes presentan enfermedades agudas, pero no tienen otra opción que acudir a los servicios de salud gubernamentales, para salir con una receta a medias, con un sello de “faltante”.

De lo que nadie habla es de los médicos y personal de enfermería, que todos los días padecen la falta de elementos para poder tratar adecuadamente a sus pacientes. Ellos son las otras víctimas del desabasto.

El carecer de medicamentos no solamente está poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes, sino también la capacidad de los profesionales para realizar su trabajo; y el problema no es solamente la falta de medicinas, sino que, hasta el día de hoy, está estrictamente prohibido que a un paciente se le solicite adquirir medicamentos fuera de una institución. Tampoco se aceptan ni pueden utilizarse donaciones.

La letal combinación del desabasto con una administración de recursos (es un decir) a través del Insabi ha desembocado en una doctrina filosófica, en la cual el gobierno debe ser dador de “salud y bienestar” (lo que quiera que esto signifique); aceptar que los pacientes adquieran sus medicamentos en otra parte sería reconocer su incompetencia.

En el escenario más macabro, el gobierno no está siendo capaz de dotar de tratamientos, pero desde enero de 2020 prohíbe que estos se adquieran en la calle.

Llevo casi dos años escuchándolo de médicos y enfermeras. No puede prescribirse o usarse nada que no exista en la farmacia o instalaciones de la unidad de salud.

Hace apenas tres días, un gran amigo, jefe de servicio en uno de los Institutos Nacionales de Salud, me lo corroboraba: sus médicos y residentes habían sido amenazados y podían ser sujetos a sanciones administrativas, incluyendo su despido, si se sabía que habían solicitado a los pacientes el adquirir algún tipo de insumo o medicamento fuera del hospital.

Al ser estos médicos empleados del gobierno, son sujetos a procesos administrativos ante la Función Pública, con lo que simple y llanamente pueden perder sus empleos y ser inhabilitados para ser contratados en el futuro. Todo por querer tratar adecuadamente a sus pacientes.

La falta de medicamentos, dispositivos o material quirúrgico no es un tema menor. Muchos fármacos son insustituibles y prescribir alguna alternativa reduce la eficacia o incrementa los efectos secundarios. Los médicos se encuentran permanentemente a la expectativa de qué tendrán a la mano para poder tratar a sus pacientes.

De la misma forma, personal de enfermería, laboratorios, rayos X, etcétera, han acudido en diversas ocasiones ante sus jefes y las autoridades hospitalarias para solicitar o quejarse de la falta de insumos para realizar su trabajo. A cambio han recibido amenazas y mensajes directos y explícitos: no quejarse nunca de los faltantes. Punto.

La consigna es clara: no se permite hablar de desabasto. Quien de alguna manera saque a la luz el tema, puede perder su trabajo.

Estamos por iniciar el tercer año de una pandemia que ha minado la salud y la estabilidad emocional de los profesionales de la salud. El agotamiento físico y mental es patente. No contar con los insumos adecuados para poder llevar a cabo su trabajo de manera ética y científica es una enorme carga que se adiciona a este sufrimiento.

Un error involuntario. Un efecto adverso inesperado o una complicación por falta de tratamiento puede hacerles perder a un paciente, inmediatamente o a mediano plazo. Nadie puede trabajar así.

En el absurdo de los absurdos, el mismo secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha llegado a señalar a los médicos como culpables del desabasto. Una acusación ridícula e infame.

Mis colegas, los profesionales de la salud, son víctimas. Sí, las otras víctimas del desabasto.