No es malo tener intereses…

En 2012, el Partido Verde Ecologista de México postuló en sus listas para la Cámara de Diputados a personas vinculadas con las dos principales televisoras, accediendo la mayoría a una curul. Ese grupo, apodado como “telebancada”, fue altamente polémico. Algunas personas se convirtieron en adalides de la democracia y la virtud, al declararse enemigas de lo que llamaban “conflicto de interés”. Incluso una de estas ganó tanta credibilidad en su cruzada que le ayudó a ganar una gubernatura por oponerse a un proyecto legislativo que llamó “Ley Televisa”.

Sin embargo, había muchos grises a discutir, que se dejaron pasar por alto. Por ejemplo, las empresas televisoras pueden tener intereses comunes, pero en muchos detalles son contrapuestos: representatividad no era, ni tiene que ser, sinónimo de cohesión. Además, es mucho mejor aclarar los intereses al negociar, ayuda a lograr acuerdos más asertivos. Al contrario, desconfío de quienes se escudan en discursos huecos como el “interés nacional”; pues no solo es cháchara ideológica, sino mera simulación para esconder sus intenciones. Como bien dicen los estadounidenses, no es malo tener intereses, sino el no declararlos.

Lo anterior viene a cuento porque el pasado jueves 3 de marzo la periodista Lourdes Mendoza dio a conocer vía Twitter un oficio del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Moisés Ignacio Mier Velasco, donde comunicaba a la Junta de Coordinación política la baja de la diputada Patricia Armendáriz de su posición como secretaria de la Comisión de Hacienda, lo cual reabre la discusión sobre la transparencia en los intereses de quienes nos representan.

En respuesta al tuit de Lourdes Mendoza, la diputada Armendáriz afirmó primero que su baja era temporal, pues se discutirían temas donde tenía un interés. Luego señaló que estaba hospitalizada, reafirmando la temporalidad de su situación. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias ameritaba un cambio en la conformación de la comisión: en el primer caso, simplemente se podía excusar, como se establece en la normativa interna. En el segundo, bastaba con excusarse y presentar un justificante médico.

Más allá de dimes y diretes, o la razón por la que el coordinador de la bancada de Morena haya tenido para ordenar ese movimiento, las leyes que regulan potenciales conflictos de interés en el Congreso provienen del siglo XIX: aunque una persona pueda abstenerse de votar en un tema, eso no le impide que influya en una decisión. Entonces, debería haber provisiones para que quienes nos representan transparenten sus ingresos, patrimonio e intereses, tal y como el Legislativo ha redactado leyes de transparencia que obligan a los tres poderes a hacerlo.

La transparencia en los intereses de las personas legisladoras es un problema global, y hay tres vías para regularla. La primera, es dejando que un Comité de Ética supervise y castigue cualquier violación a la reglamentación. El problema: este tipo de órganos solo actúan cuando hay un escándalo mayúsculo y casi a regañadientes.

La segunda vía es dejar a un órgano externo la supervisión de las normas sobre estándares éticos y su sanción. El problema: esto tiende a violentar la autonomía que debe gozar un órgano legislativo, y expone a un escenario donde la institución externa pueda abusar de su atribución, forzando una decisión u obligando a que no se discuta un tema.

La tercera es la que parece funcionar mejor: la existencia de un Comité de Ética, junto con un órgano autónomo, dependiente de la asamblea, encargado de compilar la información de las personas legisladoras, asesorarlas sobre el cumplimiento de las normas en la materia, investigar de oficio cualquier problema y recomendar sanciones. Aunque los castigos rara vez van más allá de quitarle a una persona su antigüedad o rango en una comisión, el escándalo queda en su historial, independientemente de su desenlace.

En México, el Código de Ética de la Cámara de Diputados es prácticamente inoperante. No solo mezcla atribuciones que deberían de corresponder a la Mesa Directiva para conducir las sesiones, sino sus procesos de toma de decisiones son tan lentos que no sirven para establecer responsabilidades. Además, los criterios sobre estándares éticos son tan valorativos que no sirven para tipificar conductas.

La única buena noticia: por primera vez en décadas, un escándalo puede pesar electoralmente a quienes compiten por la permanencia. Si actuamos con inteligencia, podremos abrir en serio la discusión sobre los estándares éticos que deberían cubrir nuestras personas legisladoras, en lugar de simular virtud. Depende de nosotros no quitar el dedo del renglón.