El futuro de los mercados laborales

La semana pasada su columnista tuvo la oportunidad de estar en una discusión muy interesante en Bogotá, con especialistas de toda América Latina, sobre el futuro de los mercados laborales, patrocinada por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE). Debo agradecer a los colegas de México Evalúa, las doctoras Edna Jaime y Laurence Pantin, que me invitaron a participar en este evento.

Las implicaciones políticas de un mal diseño de los mercados laborales son obvias y están a la vista. En Colombia, el político de izquierda Gustavo Petro, y puntero en las encuestas para la próxima elección presidencial en un par de meses, ha anunciado que tiene la intención de expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores formales colombianos y convertirlos en fondos solidarios colectivos administrados por el gobierno. Electoralmente, un anuncio así es muy rentable, ya que el 70% de los colombianos está en la economía informal y, por consiguiente, están excluidos de los beneficios de un fondo pensionario, de las economías de escala para la inversión de esos fondos a largo plazo, que permiten excelentes rendimientos, y de los subsidios públicos a la salud y el retiro que están involucrados en el diseño de esos sistemas de ahorro.

La historia parece repetirse en toda la región. La elección del izquierdista Gabriel Boric en Chile obedecen a situaciones parecidas. El incipiente Estado de bienestar latinoamericano, por montarse en las redes corporativistas, gremiales y sindicales existentes, terminó siendo un esquema regresivo de apoyos a la población, del cual están excluidos los más pobres, con menos estudios, y que viven en circunstancias más precarias.

Las soluciones están a la vista. No es solamente una tiranía de los patrones, que deciden no dar seguridad social a sus trabajadores en las precarias, pequeñas e improductivas empresas de la economía informal. Las empresas informales tienen componentes de economía familiar, en la cual hay un orden laboral medieval, donde los jefes de familia no están obligados ni siquiera al salario. Los pocos trabajadores que los patrones informales contratan afuera del ámbito laboral, trabajan muy pocas horas con un solo patrón o funcionan en acuerdos donde ninguna de las dos partes quiere pagar impuestos y contribuciones, simplemente porque sienten que los beneficios del esquema formal son inferiores a sus costos. Santiago Levy, el gran economista mexicano estudioso del tema, lo plantea de manera simple. Todos sabemos cuánto nos cuesta la seguridad social, pero el valor que tienen los beneficios de esa seguridad son diferentes para cada persona.

Los trabajadores en poblaciones pequeñas, por ejemplo, están en desventaja respecto a los trabajadores urbanos, ya que muchos de los servicios que ofrecen los sistemas de seguridad social de los países latinoamericanos no están disponibles en sus localidades. Sería irracional destinar recursos a pagar por servicios que nunca vas a poder hacer efectivos, porque se ubican en otra parte.

Por ello, es importante insistir en las políticas que Levy y otros pensadores han construido alrededor de estos problemas. Los diversos servicios de la seguridad social deben separarse y cobrarse por separado. Los sistemas de seguro médico funcionan mejor si el financiamiento se separa de la prestación de los servicios, que puede subrogarse en terceros, para intensificar la competencia entre hospitales y profesionales de la salud. Las pólizas de seguro privado deben ser complementarias a las de seguro público. En el caso mexicano, tenemos que financiar con recursos públicos varias instituciones de servicios médicos para distintos grupos de población, y la realidad es que la cuenta del médico y el hospital por lo general la tenemos que pagar con gasto de bolsillo, aún teniendo un seguro privado.

Lo más importante: gravar el consumo, no los ingresos, para financiar los servicios públicos de salud. Más IEPS, más IVA, menos ISR. Cosas como los seguros de desempleo sí pueden financiarse con impuestos a la nómina, siempre y cuando sustituyan a las liquidaciones laborales. Los impuestos al ingreso de asalariado solamente tienen sentido si los asalariados tienen acceso efectivo a todas las deducciones a las que tienen derecho las empresas, como ocurre en Estados Unidos.

Este tipo de reformas no solamente mejorará la cobertura y calidad de los servicios de salud. También mejorará la productividad de los trabajadores y las empresas, aumentará los incentivos para trabajar por fuera del ámbito familiar, incrementará el tamaño de las empresas de la región y ayudará a multiplicar el ahorro, la inversión y el crecimiento económico.

Claro que se puede hacer esto. Requiere una reforma fiscal integral que no analice solamente la regresividad o progresividad de los impuestos, sino de todo el sistema (impuesto y subsidio). Requiere voluntad política y políticos con visión de Estado. Hay que encontrarlos, postularlos, elegirlos y hacerlo, desde Tijuana hasta la Patagonia. El subdesarrollo es reversible.