El ataque de los intolerantes

¿Ustedes se sienten ofendidos con la instalación de un nacimiento en un espacio público? ¿La imagen del niño Jesús en el pesebre afecta los principios del Estado laico, la igualdad y la no discriminación?

En un país que se deshace en medio de la violencia, con un régimen que embiste para eliminar al árbitro electoral autónomo, con un crecimiento sostenido de la pobreza extrema y con un presidente demagogo más cercano a Badiraguato que a los niños que mueren sin tratamientos para el cáncer que padecen pareciera que hablar de la representación del portal de Belén en tres ayuntamientos de Yucatán es una minucia. Pues no es así y trataré de explicar porqué.

Existen tres amparos presentados por un colectivo denominado Kanan, cuyo director jurídico y fundador es el señor Miguel Fernando Anguas Rosado, quien se siente agraviado por la instalación de nacimientos en plazas públicas de Mérida, Mocochá y Chocholá. Sin éxito en instancias judiciales de ese Circuito Judicial en el sureste del país, ha tratado de establecer que los portales de Belén son imposiciones que afectan la libertad religiosa y al Estado laico y cito:  

“Por haber privilegiado símbolos católicos que posicionan a los ayuntamientos como hostiles e indiferentes a otras concepciones religiosas”.   

Sin pronunciarse aún la ministra Norma Piña Hernández, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consideró que los casos son de relevancia y trascendencia, por lo tanto decidió en abril pasado atraerlos para ser resueltos en el Máximo Tribunal. El próximo miércoles 9 de noviembre uno de los tres amparos en revisión el 216/2022 será discutido. El proyecto en poder de esta columna es del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien considera otorgar amparo al quejoso y con ello ordenar a las autoridades del municipio de Chocholá, Yucatán, “adoptar las medidas que considere necesarias, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales para promover el ejercicio de la libertad religiosa y, en vía de consecuencia, promover la pluralidad ideológica dentro del municipio” tal y como se lee en la foja 87 del asunto que será votado por los cinco integrantes de esa sala.

De ser aprobada, la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá sentaría un precedente que podría prohibir la instalación de nacimientos en espacios públicos y más allá de un tema con implicaciones dogmáticas religiosas, me parece que deja de lado un factor determinante que ha sido soslayado en el proyecto. Si bien los nacimientos tienen origen religioso, con el tiempo –y hablo de cinco siglos en México– han adquirido una tradición cultural incuestionable. Es decir, quienes los aprecian con gusto, lo hacen sin que esto afecte en modo alguno otras creencias teológicas. Por lo tanto no hay violación a la Constitución en el sentido de que se practique un culto religioso fuera de los templos. 

Bajo la óptica del quejoso entonces también se tendría que prohibir la escenificación de la pasión de Cristo en Iztapalapa realizada desde 1843 y que además recibe recursos públicos de esa alcaldía y del gobierno de la Ciudad de México. Algunos también podrían sentirse ofendidos por observar los nichos de los Reyes Magos típicos del mes de enero en todos los rincones del país. No faltarán quienes digan que el simbolismo de Melchor, Gaspar y Baltasar violenta la libertad religiosa por “inducir” a las familias a recordar que fueron estos personajes quienes alabaron y llevaron regalos al niño Jesús tras su llegada al mundo, según la tradición católica que heredamos de los españoles. 

¡Eso sería realmente absurdo!

El tema de fondo son los excesos propios de esta era de cristal, el autoritarismo y la intolerancia. Al colectivo Kanan le ofenden los nacimientos bajo el argumento de supuestas violaciones a los derechos fundamentales, pero no les preocupa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie por la desaparición del Instituto Nacional Electoral para que el régimen se lance al abordaje de las elecciones presidenciales en 2024. 

La asociación ejerce su pleno derecho de litigar los amparos para suprimir los nacimientos en lugares públicos, sin embargo es un intento más por desnaturalizar nuestras raíces culturales. Yo no veo gestos intolerantes de la comunidad judía por los pesebres navideños, tampoco los observo por parte de la Iglesia católica respecto a las felicitaciones de las autoridades de Huixquilucan en ocasión del Rosh Hashaná (año nuevo) para desear Shaná Tová en una demarcación habitada mayoritariamente por ciudadanos que profesan este culto en un ámbito de libertad para ejercer sus creencias.

Es inquietante que los ánimos radicales pretendan resurgir para buscar oportunidades que privilegian prohibiciones infundadas a la luz de nuestras tradiciones.

Reproduzco la reflexión que me confió un gran jurista, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema de los nacimientos. “Para mí, la libertad de culto es patrimonio del alma y, en consecuencia, el fomento de credos distintos al mío no me discrimina ni me ofende, así sean fomentados desde el poder. La libertad de culto no consiste en impedir que otros hagan o expresen públicamente sus creencias, sino en que se me permita hacer mis propias manifestaciones”.

La Corte tendrá la última palabra, anticipo que habrá división de opiniones sobre el particular. Lo que está en juego no es la instalación de figuras con significado religioso, el nudo radica en el resurgimiento de las prohibiciones basadas en excesos que nos llevaron al holocausto de la civilización. Vivimos una era en la que debería privilegiarse la tolerancia y armonía dentro de nuestras naturales diferencias, pero lamentablemente vamos en la ruta cíclica de tropezarnos con la misma piedra.

EDICTOS

Gran malestar ha provocado entre algunos jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación el reciente concurso en el que algunos dicen se ha beneficiado a un sector que no picó piedra en la carrera judicial para lograr la titularidad en un juzgado de distrito. Los inconformes consideran que se ha desdibujado la mística de la meritocracia con una visión ajena a la naturaleza de la institución. Uno de los pocos que se ha atrevido a manifestar públicamente su enfado es el magistrado Ricardo Ojeda Bojórquez, quien expresó en su cuenta personal de Twitter: “En mis 31 (años) de titular en el Poder Judicial de la Federación contraté a 2 secretarios que tenían doctorado, no pudieron hacer una resolución y luego renunciaron. En cambio 14 de mis secretarios expertos, se capacitaron, lograron sus posgrados y aprobaron el examen, ahora son buenos jueces y magistrados”. 

Tremendo reto tendrá quien asuma en enero de 2023 la presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, para zanjar desencuentros con los impartidores de justicia que se sienten menospreciados. Los tres principales aspirantes con reales posibilidades a relevar a Arturo Zaldívar no provienen de la carrera judicial (dos varones y una mujer). Ahí está uno de los aspectos esenciales de su plan de trabajo en el camino de la sucesión, para atraer el voto de los cuatro colegas del pleno que provienen de la carrera judicial, retornar a un gobierno de jueces muy a pesar de la llamada 4T.