10 mujeres

La primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal es motivo de inspiración para miles de abogadas, estudiantes y juzgadoras que pretenden recorrer el azaroso escalafón de la carrera judicial, históricamente dominado por los varones. 

Norma Piña Hernández no sólo rompió un grueso techo de cristal, también sacude la nomenclatura que se arraiga en las entrañas de la burocracia para darle un nuevo dinamismo a la estructura de mando. Hasta ahora, la presidenta de la Corte ha honrado el discurso pronunciado el 2 de enero al asumir la titularidad del Poder Judicial de la Federación: “Represento también a las mujeres. Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal”. 

Así lo refleja su equipo más cercano en posiciones esenciales de mando en la Corte y la Judicatura. Hay nueve mujeres determinantes que ya controlan la administración y supervisan áreas de enorme relevancia:

Natalia Reyes Heroles Scharrer, secretaria General de la Presidencia en el máximo tribunal, ha llegado al cargo junto con modificaciones que amplían sus atribuciones en virtud de un acuerdo publicado el 2 de febrero en el Diario Oficial de la Federación. Reyes Heroles tiene bajo su responsabilidad las herramientas de difusión representadas en el Canal Judicial y la Dirección General de Comunicación Social, lo que significa además su articulación con las áreas administrativas y las ponencias de los integrantes del pleno, prácticamente el eje de decisión sobre el funcionamiento general de la Corte. Es el brazo derecho de la ministra Piña y su enlace para la operatividad en todas las oficinas de Pino Suárez 2.

La misma responsabilidad, pero replicada en el Consejo de la Judicatura ha quedado en manos de María Cristina Martín Escobar, excoordinadora de la ponencia de la ministra, cuyo trabajo como secretaria general de la Presidencia la convierte en los ojos y oídos de Piña Hernández en la gigantesca estructura que se extiende a todo el país. 

Justo en el consejo, la ministra Piña cuenta con una aliada incondicional que ya venía desempeñando un papel importante en el pleno con la visión de una juzgadora de carrera. La consejera Lilia Mónica López Benitez es una prestigiada magistrada que desde su posición respalda y facilita los acuerdos con los demás consejeros. Su visión es institucional y sin duda es una colaboradora esencial en el engranaje de la vigilancia, disciplina y carrera judicial del consejo, también para sus secretarías ejecutivas y órganos auxiliares. 

Fernanda Casanueva de Diego, con basta experiencia en la administración pública en diversos cargos directivos en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), la cancillería, las secretarías de Energía, Comunicaciones y Hacienda, es la responsable de la Secretaría de Administración de la Judicatura Federal. Desde esa oficina se despliega la funcionalidad de la institución a través de los 32 circuitos judiciales para ejercer el presupuesto que alimenta a más de mil órganos jurisdiccionales federales en el territorio nacional. De Casanueva de Diego dependerá, en gran medida, la buena marcha operativa del consejo y su eficacia organizacional. Ella es economista egresada del ITAM, cercana a José Antonio Meade Kuribreña y reconocida por su probada capacidad profesional. Sin duda una incorporación estelar para el Poder Judicial de la Federación en la presente administración.   

También han llegado al consejo dos experimentadas magistradas que ya tienen en sus manos dos responsabilidades cruciales para el gobierno judicial:

María Guadalupe Molina Covarrubias es secretaria ejecutiva de Adscripción para determinar la distribución estratégica de los juzgadores en cada entidad. El destino de jueces y magistrados depende de esa secretaría, que decide su ubicación en los 32 circuitos y evalúa las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en cada región, sobre todo en amplias zonas de influencia del crimen organizado respecto a la materia penal. 

María Gabriela Rolón Montaño tiene a su cargo la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, que revisa y evalúa la conducta de todos los juzgadores federales. Desde ahí se canalizan los procedimientos de los cuales derivan eventuales sanciones e incluso destituciones por irregularidades y actos de corrupción atribuibles a los funcionarios dedicados a la impartición de justicia. Es la punta de lanza del consejo para erradicar conductas abusivas y deshonestas, lo que le otorga una connotación especialmente sensible. 

A la Escuela Federal de Formación Judicial, que es el centro de capacitación y profesionalización encargado de los programas académicos, así como el desarrollo de los concursos de oposición para la designación de jueces y magistrados, ha llegado la doctora Josefina Cortés Campos, investigadora del ITAM y primera mujer en dirigir la llamada escuela judicial, que se ha visto envuelta en diversas polémicas en la aplicación de exámenes para juzgadores. La experiencia académica de Cortés goza de prestigio en el medio jurídico y ahora tiene la misión de darle absoluta transparencia y eficacia a los concursos y proyectos de formación en los que participan miles de operadores del Poder Judicial de la Federación para enriquecer sus capacidades profesionales.

La magistrada Taissia Cruz Parcero, con más de 30 años de carrera judicial, se ha hecho cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública para reemplazar a Netzaí Sandoval Ballesteros, uno de los más ideologizados excolaboradores de la pasada administración, que incluso forcejeó para intentar permanecer en el cargo, al que le dio un toque ciertamente populista al estilo 4T. Taissia es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y su experiencia en materia penal le dan una perspectiva amplia para sacudir inercias y grillas en la defensoría federal, institución con enorme potencial para mejorar la asistencia jurídica de calidad a personas de escasos recursos y revisar los procedimientos de quienes podrían permanecer injustamente en prisión por no tener la posibilidad de una defensa eficaz. 

El corazón administrativo de la corte y el filtro de su actividad presupuestal pasa por la Oficialía Mayor, donde ha sido designada recientemente otra de las mujeres importantes para la ministra Piña. Dimpna Gisela Morales González asume esa posición, ella es economista por la Universidad Veracruzana con maestría en el CIDE y se ha desempeñado en instituciones como el IMSS, ISSSTE y el Conacyt. Su principal reto será hacer mucho con poco en un contexto de recortes planteados desde el Ejecutivo Federal para asfixiar a la corte como mecanismo implícito de presión.

Este grupo de nueve mujeres representa el núcleo de mayor confianza para Norma Piña, quien rompe esquemas anacrónicos y muestra las capacidades de liderazgo que las mujeres desarrollan en una era determinante para abatir las brechas de género en la justicia mexicana.

Adentro y afuera empieza a quedar claro que la defensa de la autonomía y la independencia de un poder no es negociable en el tablero político de Andrés Manuel López Obrador, que amenaza para doblegar a las instituciones que le pueden corregir la plana en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

Para fortuna del país, han quedado atrás las trivialidades del populismo judicial que buscaban con afán el aplauso fácil del régimen que todo lo pretende controlar. López Obrador que no es reconocido por sus buenos modales, ni caballerosidad, tendrá que irse con mucho tiento en su relación con la presidenta de la corte a quien le sobra carácter para marcar las necesarias distancias con un poder equilibrador, adverso al autoritarismo. 

No olvidar que el sexenio terminará en 2024 y Norma Piña seguirá encabezando al Poder Judicial de la Federación. 

EDICTOS

Sólo una estruendosa y emotiva demostración ciudadana en la manifestación del domingo 26 de febrero en el zócalo de la Ciudad de México podrá exhibir a nivel nacional el perverso espasmo de Morena en la Cámara de Senadores, para darle oportuno trámite legislativo al regresivo plan b electoral que pretende desarticular al INE. La estrategia es evitar que la Suprema Corte declare a tiempo la cantada inconstitucionalidad del entuerto aprobado en el Congreso. El cálculo sinvergüenza es que llegue junio y sea imposible la revisión ante los ministros, tras la dilación en su promulgación. Que sea la fuerza de la sociedad civil la que señale a los responsables y cómplices del ataque a nuestra democracia.