Ni uno más

El camino de las mujeres en la política mexicana ha sido largo, demandante y malagradecido. Ahí hemos estado, organizando los mítines, hablando con la gente y recorriendo todo el país. Intentando hacer política como si no tuviéramos trabajo de cuidado, y haciendo trabajo de cuidado como si no hiciéramos política. 

Nombres como Hermila Galindo, Amalia González y Elvia Carrillo Puerto, son prueba de que las mujeres participaron e hicieron política aún con las limitantes jurídicas que existían previo a la reforma constitucional de 1953, donde se estableció el “sufragio universal”.

La historia de la reforma sufragista nos enseña por qué el feminismo mexicano ha utilizado por mucho tiempo la vía de las reformas legislativas para consolidar sus derechos. Previo a la reforma de 1953, la Constitución hablaba de “mexicanos que podían ocupar un cargo”. 

Algunas mujeres utilizaron esta ambigüedad en el lenguaje para buscar cargos políticos. No obstante, la interpretación caía en los hombres que tenían el poder, y estos determinaron que no, que mexicanos significa eso: hombres. 

Así, el reconocimiento a nuestra participación política ha ido avanzado mediante reformas y acciones afirmativas. Hoy en día tenemos la paridad en todo, un logro que no debemos de dejar de institucionalizar. Pero previo a esto, se empezó con un mero 30% de candidaturas para mujeres, una llamada “masa crítica”, por recomendación de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995. La lógica era que con un 30% de puestos de elección para mujeres se podría cambiar el rumbo y el estereotipo machista. 

Así empezamos. Poco a poco. Después de esto llegaron los presupuestos etiquetados para capacitación política. Un mísero 3% para capacitar a las mujeres de los partidos políticos.  Un 3% que se ha hecho rendir como nunca, y que ha beneficiado y creado perfiles plurales y preparados de mujeres en la vida pública. 

Vendría después la reforma constitucional para la paridad, al mismo tiempo que empezábamos a notar un fenómeno: las mujeres que entraban en política estaban experimentando un nuevo tipo de violencia. 

No sólo era violencia por ser mujeres, ni tampoco era una violencia por ejercer la política, eran ambas cosas. Un llamado de atención patriarcal contra aquellas mujeres que queríamos ejercer y vivir la política. Entre más mujeres alcanzaban cargos, más incidentes oíamos sobre violencia política contra las mujeres por razón de género.

Así que volvimos al camino de la legislación. Hoy en día los pesos y contrapesos por erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres en la política están en sus primeros pasos. De ahí viene la importancia de una iniciativa como la “3 de 3”. Esta reconoce el carácter sistémico de la violencia contra la mujer. 

La “3 de 3” es además una iniciativa que fortalece la democracia mexicana, al establecer bloqueos al acceso a los puestos de elección popular. Con su aprobación en todo el país, se lograría que no accedieran a los cargos violentadores de mujeres, acosadores y deudores alimentarios. 

En este momento estamos contra reloj, pues debe de aprobarse al menos en 17 de los congresos estatales, además de la aprobación federal. De no hacerlo así, no sería aplicable para las elecciones de 2024. Al momento de escribir estas líneas sólo se ha aprobado en Tamaulipas, Quintana Roo y Estado de México.

Reconocería que estas son situaciones inaceptables, y que quienes incurren en ellas deben de alejarse del gobierno de nuestro país. Considero que la “3 de 3” está debidamente fundada en el debido proceso. Su implementación contribuiría a mejorar la cultura de denuncia institucional en nuestra sociedad.

Esto es un paso necesario para fortalecer la democracia en nuestro país, porque nunca más debe permitirse que un acosador, un violentador o un deudor lleguen al poder. Ni uno más.