Aniquilar a la SCJN, ¿la promesa más rentable para 2024?

La oposición no existe hoy y su reconfiguración se antoja cada día más lejana. Discutir si Beatriz Paredes, Santiago Creel, Luis Donaldo Colosio, Lilly Téllez o Ángel Gurría pueden ser candidatos rentables parece fútil derivado de sus propias decisiones o la falta de ellas. Su desconexión con el electorado mexicano es una realidad y es, además, una consecuencia de una espiral del silencio de la que no logran escapar.

Ante este escenario, es necesario discutir y estar atentos de si los aspirantes del partido en el poder y sometidos al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) están dispuestos, o no, a tener como proyecto de Nación para 2024-2030 la inoperancia del Poder Judicial.

¿Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto tendrán como prioridad en su plataforma electoral la ruptura del Estado constitucional? El encuadre discursivo del presidente es tan potente que aun cuando no estén convencidos de ello, sí lo podrían considerar necesario para mantenerse en la contienda.

Y es que, como ya lo había referido en una columna anterior, los jueces, en esta última etapa de la administración de AMLO, son quienes realmente están gobernando a partir de sus resoluciones y sentencias. No es el escenario ideal por el desgaste implícito que trae consigo esa toma de decisiones, pero dicha condición tampoco es fortuita: el gobierno ha sido poco estratégico al construir de forma desaseada y con poca técnica el andamiaje legal que pretende dar sustento a sus proyectos prioritarios transexenales.

El reciente desliz de la ministra presidenta Norma Piña con los mensajes de WhatsApp enviados al senador Alejandro Armenta ubica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una posición de vulnerabilidad. En la opinión pública, el consenso es la decepción. Los promotores de la democracia liberal reclaman altura de miras para quien lidera el Poder Judicial.

Ante este panorama, es posible generar un par de escenarios sobre cómo podría evolucionar el tema. Por un lado, la SCJN será la protagonista del proceso electoral de 2024 con la desventaja de que el sistema de partidos no ofrece, hasta el momento, un contrapeso a la poderosa maquinaria propagandista del partido en el poder. La aprobación de AMLO alcanza holgadamente para que se consolide un ambiente que mantenga, sin una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, la amenaza al Poder Judicial, con el riesgo latente de ingobernabilidad… aunque, paradójicamente, no necesariamente descontento social por ahora.

Sin embargo, el otro escenario depende de dos variables: la reconfiguración de la oposición en donde Movimiento Ciudadano se empecina en una estrategia electoral que atiende lo local para eventualmente llegar a la Presidencia, sin darse cuenta que esas condiciones nunca llegarán por el desgaste institucional que están dejando correr mientras se ejecuta su inútil experimento. Y, por otro lado, está lo que la propia SCJN pueda hacer en lo que se refiere a acercarse a la ciudadanía.

No es fácil. Pero el reto, en estos nuevos tiempos de disrupción digital y nuevos canales de comunicación, está en hacer ver a los mexicanos cómo el cuidado de la Constitución tiene implicaciones cotidianas. No tener militares en actividades de seguridad pública, acceder y usar todo el andamiaje institucional de transparencia, y atajar el ecocidio en un momento coyuntural para la humanidad por el calentamiento global son elementos que pueden llegan a ser más beneficiosos que un programa social. No se trata de que el Poder Judicial busque ser popular, ya que por su naturaleza y diseño institucional es un dique para las mayorías que, en ocasiones, buscan atropellar a quienes difieren de ellos.

Caminar hacia una estrategia de comunicación eficaz puede traer consigo mayor respaldo entre la ciudadanía y también alejarlos del imaginario colectivo que se incentiva desde Palacio al ubicarlos perniciosamente como oposición, cuando la defensa de la Constitución trasciende las filias políticas.

Los aspirantes a suceder a AMLO deben ser claros respecto a si desean gobernar bajo un régimen democrático o si están seducidos a pasar a la historia como un engranaje desechable de la Cuarta Transformación. Detrás de todas las puertas que toquen rumbo a sus aspiraciones –universidades, empresarios, Iglesia y organizaciones de la sociedad civil– deberían tener este cuestionamiento.