Diputado de Morena presenta iniciativa para ‘blindar’ megaproyectos

El diputado federal de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para expedir la “Ley para proteger las obras estratégicas del Estado Mexicano”.

El legislador morenista, quien la semana pasada hizo un llamado a “obradorizar” al Poder Judicial, propuso expedir esta nueva Ley para proteger las obras de infraestructura más importantes de la actual administración de la “oligarquía mexicana que pretende detener el desarrollo social”.

En ese sentido, Robles Gómez señaló que el Poder Legislativo “no se puede quedar de brazos cruzados” y urgió a defender y proteger las obras de infraestructura que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, denunció que la oposición hace uso de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar el avance de estos megaproyectos y así someter a las clases más desfavorecidas del país.

“Es éticamente reprobable que la oligarquía utilice a las instituciones del Estado como el INAI y la SCJN para continuar sometiendo a las clases más desfavorecidas y desprotegidas del país, eso no lo vamos a permitir”, dijo el diputado de Morena en un comunicado.

“Estamos con los más pobres y queremos que las comunidades más pauperizadas progresen, es en este tenor que se pone sobre la palestra la presente iniciativa”, añadió.

En su iniciativa, el legislador apuntó que se considerarán obras estratégicas aquellos proyectos de construcción, operación, infraestructura y desarrollo que sean para “el bienestar de la población en México”.

Además, indicó que la información derivada de la realización de estas obras estratégicas no será considerada como de seguridad nacional.

Esta iniciativa de ley que presenta el diputado de Morena se da luego de que el Pleno de la SCJN declaró la inconstitucionalidad total del decreto presidencial que permitía a las dependencias federales reservar información de los megaproyectos, bajo el argumento de que se trataba de temas de seguridad nacional.