Lozoya espera que se restablezca acuerdo reparatorio por 10.7 mdd: Ontiveros
Emilio Lozoya no será liberado de manera inmediata. Foto: AFP

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no tiene voluntad de llegar a un acuerdo reparatorio con el gobierno mexicano, “en las condiciones de sometimiento” que pretenden las autoridades, afirmó Miguel Ontiveros, su abogado defensor.

En entrevista para Aristegui Noticias, el abogado explicó que en la audiencia del pasado 18 de julio, los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y de Pemex, dieron a conocer que se determinó elevar a 30 millones de dólares, la cifra que en un inicio se había convenido en 10 millones de dólares, para alcanzar un posible acuerdo reparatorio que permitiera activar un criterio de oportunidad, y con ello, la colaboración de Lozoya en las investigaciones de los casos Odebrecht  y Agronitrogenados.

Aseguró que Emilio Lozoya no tiene la posibilidad de pagar 30 millones de dólares que representan 500 millones de pesos. Cifra que, dijo, fue tomada por “intuición”, sin sustento y sin estimaciones  formales, que, señaló, habría sido definida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que el juez cuestionó a los representantes de Pemex  y UIF sobre razones por las cuales se determinó ese incremento, a lo que respondieron que se trataba de  “una instrucción superior”.

Miguel Ontiveros recordó que su cliente se ha atenido a un criterio de oportunidad, en el que aportó información a la Fiscalía General de la República donde involucró a ex senadores, y a ex funcionarios como el ex presidente Enrique Peña Nieto, y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Aunque dijo desconocer si han sido citados a declarar.

El abogado de Emilio Lozoya dijo esperar que para el 31 de agosto en la audiencia intermedia, se logre restablecer el acuerdo original de la cifra de 10.7 millones de pesos para seguir adelante con la colaboración con la Fiscalía.

De lo contrario, advirtió que bucarán utilizar otros instrumentos, incluso internacionales, para señalar que se han violentado los derechos de su cliente, quien se encuentra en calidad de testigo colaborador.

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