Videoescándalos: 20 años de exhibir la política y justicia mexicana

Desde los fajos de dólares entregados con ligas a René Bejarano en el año 2004, pasando por portafolios, maletas y bolsas de plástico llenos de billetes, hasta las “aportaciones” de dudosa procedencia entregadas en sobres amarillos, han transcurrido 20 años de videoescándalos de políticos de al menos tres partidos (PRD, Morena y PAN) recibiendo recursos millonarios presuntamente de manera ilegal.

Especialistas consideran que más allá del escarnio público para los protagonistas, representan una prueba de que prevalece la impunidad sistémica en México.

A lo largo de 20 años hemos visto a personajes que entonces pertenecían al PRD, como René Bejarano, entonces secretario particular de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de Gobierno; Carlos Imaz, exdelegado en Tlalpan y entonces esposo de Claudia Sheinbaum; Gustavo Ponce Melendez, quien era secretario de Finanzas del gobierno capitalino de AMLO.

También han circulado videos de morenistas como Eva Cadena, entonces diputada en el Congreso de Veracruz; Pío y Martín Jesús López Obrador, hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador; así como a la senadora Rocío Abreu y los funcionarios del gobierno de Campeche, Armando Toledo, entonces jefe de la oficina de la gobernadora Layda Sansores, y Raúl Pozos, secretario de Educación. Por el PAN, fueron exhibidos Guillermo Gutiérrez Badillo y Rafael Caraveo; ambos, colaboradores del Senado de la República.

Leonardo Núñez González, analista político, considera que los videoscándalos a través de los cuales se ha exhibido a personajes del PRD, Morena y PAN en las redes sociales en los últimos 20 años, tienen una utilidad en la discusión pública en la medida en que muestran de manera descarnada lo que es el ejercicio del poder o la forma en la que se construye la política.

“Son grabados por alguien más con una intencionalidad, ya sea para cubrirse las espaldas o para tener evidencias y protegerse. Eso nos muestra la forma en la que están operando o en la que constantemente hacen negociaciones al margen de la ley. Una muestra que se vuelve muy difícil de controvertir, en la medida en la cual una imagen dice más que mil palabras”. 

José Manuel Urquijo, estratega en comunicación política y fundador de la firma Sentido Común Latinoamérica, señala que a través de ellos se revela cómo son los políticos en intimidad.

“Hacia el exterior buscan mostrarse como personas con una calidad moral superior a la que realmente son. El electorado tiene la capacidad de discernir y revisar ese doble discurso con el que tratan de presentarse ante la opinión pública, y simplemente los ‘videoescándalos’ les tiran esa máscara y les genera un daño reputacional inmediato“.

A pesar de mostrar posibles hechos delictivos, la mayoría de las ocasiones tienen poca incidencia en el sistema de justicia, lo que “dice mucho”, de acuerdo con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM). 

“Hay una suerte de asimetría, donde por un lado conocemos posibles hechos delictivos y luego muy pocos de esos casos realmente terminan judicializándose. Las Fiscalías siguen siendo espacios poco autónomos, efectivos e imparciales. Muchas veces estos casos no terminan con sentencias condenatorias por dos razones: hay presiones políticas que impiden que investigue con imparcialidad, o por falta de capacidades técnicas”. 

Leonardo Núñez considera que hay más videoescándalos exhibidos en los medios de comunicación y redes sociales, que procesos penales que concluyen exitosamente con condenas para los responsables. Indica que nunca ha habido un caso que se pueda armar con la suficiente robustez. “El video se convierte tal vez en la única evidencia porque el resto del sistema no opera como debe ser”.

Videoescándalos: de Bejarano hasta Pío

Dos botones de muestra son los casos de René Bejarano (2004) y Pío López Obrador (2015).

En el primer caso, se trata del videoescándalo más conocido por los mexicanos: el entonces secretario particular de AMLO es captado recibiendo 45 mil dólares en una maleta del empresario Carlos Ahumada Kurtz, quien reconoció que eran recursos para financiar campañas del PRD a cambio de contratos de obra pública y nombramientos de funcionarios en el gobierno de la Ciudad de México, lo que llevó a Bejarano a prisión durante ocho meses, y luego fue absuelto por los delitos que había sido señalado inicialmente: lavado de dinero y delitos electorales, tras pagar una fianza de 171 mil pesos.

En el caso de Pío López Obrador, hermano del presidente, se le exhibió recibiendo 1 millón 400 mil pesos de manos de David León Romero, entonces asesor y operador político del gobierno de Chiapas en hechos acontecidos en el año 2015 pero difundidos en 2020; al respecto Pío argumentó que eran “aportaciones” para Morena.

A pesar de ello, la Fiscalía General de la República determinó en octubre de 2022 no ejercer acción penal contra el hermano del presidente López Obrador, ni contra David León, “por carecer hasta el momento de pruebas suficientes”. 

Leonardo Núñez subraya: la ley es muy clara, “todo recurso que ingresa a los partidos y no se declara es dinero ilegal. Y también el que proviene de privados y que no es reportado”.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales en su artículo 15, establece que se impondrá de mil a cinco mil días de multa y de cinco a 15 años de prisión a la persona que “realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o si los fondos tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

Enjuiciar al mensajero

Pío López Obrador demandó por daño moral al periodista Carlos Loret de Mola y a la plataforma Latinus, a quienes les exige una indemnización por 200 millones de pesos, lo que, de acuerdo con los especialistas, es una amenaza a la libertad de expresión y la prensa libre. 

“Lo que vimos en días pasados que se trata de llevar a juicio a un periodista que simple y sencillamente reveló un asunto de la mayor relevancia pública. Este tipo de demandas civiles por daño moral pueden tener un efecto inhibidor, de amedrentamiento en contra de las y los periodistas, en contra de la prensa libre, y en este caso lo que tiene que imperar es la libertad de expresión, de prensa, y el derecho que tenemos todas y todos a conocer asuntos de interés público relacionados con posibles hechos de corrupción y que podrían ser constitutivos de delitos”, agregó Javier Martín Reyes. 

Leonardo Núñez lamenta que una vez más el mensajero se convierta en la víctima, dentro de lo que considera, es un patrón. Ocurrió en el caso del periodista Sergio Aguayo y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien demandó al académico por “daño moral”.

”Es algo extremadamente peligroso. Una  vez más nos muestra las consecuencias de evidenciar y denunciar al poder cuando tienes un sistema de justicia que no es independiente, tiene este carácter extremadamente discrecional’’, concluyó Núñez.

¿Dónde están ahora los exhibidos?

En 2003, cuando fue grabado René Bejarano, era secretario particular del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Actualmente es militante de Morena y su operador. En octubre pasado acompañó en un acto a Omar García Harfuch, cuando buscaba la candidatura de ese partido a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

El nombre de René Bejarano fue incluido en febrero pasado en la lista de participantes en la tómbola de Morena a diputaciones y senadurías plurinominales, aunque no ganó en el sorteo.

Gustavo Ponce Meléndez era secretario de Finanzas del Gobierno de Ciudad de México, cuando fue captado en un video en Las Vegas en 2003. Abandonó en 2014 el Reclusorio Norte, donde permaneció recluido por dos años y medio acusado de fraude genérico por más de 30 millones de pesos. Recuperó su libertad luego de promover un amparo, y desde entonces no hay información pública sobre él.

Carlos Imaz Gispert, exesposo de la candidata morenista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, en 2003, cuando fue videograbado era delegado en Tlalpan. Fue hallado “penalmente responsable” del delito de uso de recursos de procedencia ilícita para fines electorales, pagó una fianza por 100 mil pesos y una multa por 13 mil, para no pagar su condena por 3 años y medio de prisión por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita para fines electorales. Hasta el año pasado era militante de Morena, y actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

La morenista Eva Cadena Sandoval era diputada local en el Congreso de Veracruz, donde fue desaforada. La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) abrió una investigación en su contra, sin embargo un juez la absolvió de la acusación de delitos electorales.

Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, era militante de Morena en 2015, cuando fue videograbado recibiendo dinero. De acuerdo con lo que él mismo ha declarado, vive de una plantación forestal comercial en el rancho que le heredaron sus padres en Palenque, Chiapas, y asegura estar ”totalmente separado de las estructuras de gobierno”.

Martín Jesús López Obrador, otro de los hermanos del presidente, y quien también fue grabado recibiendo 150 mil pesos de David León, no tiene una vida pública y se sabe que se dedica al negocio inmobiliario.

Rocío Abreu en 2023 era senadora de Morena, cargo en el que se mantiene actualmente. Armando Toledo era jefe de oficina de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y ahora es secretario de gobierno, mientras que Raúl Pozos era secretario de Educación y renunció a su cargo en noviembre pasado por motivos personales.

Guillermo Gutiérrez Badillo, quien se desempeñaba como secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, fue cesado de su cargo.

Rafael Caraveo era asesor del senador panista Jorge Luis Lavalle y se convirtió en testigo colaborador en el caso Odebrecht contra Emilio Lozoya en 2022.

Javier Martín Reyes señala que “las imágenes y los billetes ahí están y son indicios muy poderosos“. 

“El video claro que es un indicio de que ahí posiblemente se cometió un ilícito, pero el video no basta. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tendría que estar investigando y ello tendría que generar una cantidad de información suficiente para que en el momento que se judicialicen estos casos, haya suficientes datos de prueba para poder condenar. Esto tendría que derivar en investigaciones penales que generaran pruebas adicionales”, concluye.