Fiscalías de todo el país piden mantener la prisión preventiva oficiosa
La SCJN analiza un proyecto de sentencia que propone anular la prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos
La SCJN analiza un proyecto de sentencia que propone anular la prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos
Por unanimidad, las 33 fiscalías del país hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que preserve el mandato en la constitución de aplicar la prisión preventiva oficiosa en delitos graves, en sus términos actuales, pues de lo contrario, advirtieron, saldrían de prisión más de 60 mil personas procesadas.
Durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), integrada por los 32 fiscalías generales de Justicia de los estados y la Fiscalía General de la República (FGR), que fue celebrada a puerta cerrada el pasado viernes, advirtieron que se debe mantener la prisión preventiva oficiosa en delitos graves como secuestro, feminicidio, homicidio, desaparición forzada, entre otros, pues de lo contrario se mermaría la autonomía del Estado, su seguridad y la justicia penal del país.
“Se determinó por unanimidad, que debe preservarse la soberanía nacional y la supremacía constitucional en su aplicación puntual, ya que de lo contrario se mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la que regula la existencia misma, así como las atribuciones de la propia Suprema Corte”, señalaron a través de un comunicado respecto a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en análisis un proyecto de sentencia que propone anular el segundo párrafo del artículo 19 constitucional que ordena aplicar la prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos.
“Resolver en contra de la constitución permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal lo que implicará que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir, de lo cual se cuenta con un gran número de casos”, advierte la FGR.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la asamblea concluyó que es “indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la constitución general de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados”.
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