Hay condiciones para resolver el asesinato de Digna Ochoa, opina familia de la víctima

Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por las “graves falencias” en la investigación del asesinato de la activista Digna Ochoa y Plácido, ocurrido el 19 de octubre del 2001, la familia de la víctima confió en que actualmente hay condiciones para resolver este caso y pidió a las autoridades que castiguen a quien deban castigar, incluidos funcionarios públicos.

A raíz de la sentencia de la Corte, el gobierno de la Ciudad de México deberá reabrir una investigación por el asesinato de Digna Ochoa, de la cual concluyeron que se había tratado de un “suicidio”. El hermano de la activista, Jesús Ochoa, confió en la voluntad política de las actuales autoridades para encontrar a los responsables del delito y castigarlos sin importar quiénes sean.

“Yo considero que el nuevo gobierno sí tiene la voluntad política y jurídica de reabrir el caso como ya se lo ordenaron y castigar a quienes se tenga que castigar, incluyendo a miembros del Ejército, porque esa línea se hizo a un lado de tajo después de 20 días de que mataron a Digna”, señaló Ochoa en una conferencia de prensa.

El hermano de la activista acusó a dos funcionarios públicos de entorpecer la investigación del asesinato de Digna, al indagarlo como un suicidio: Bernardo Bátiz, quien fue titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entre el 2000 y 2006, y Renato Sales Heredia, quien trabajó en esta misma dependencia entre 1998 y 2006.

“Jamás titubeamos en que mi hermana había sido asesinada, van a cargar con la vergüenza y la culpa y en su conciencia si es que tienen, Bernardo Batiz y Renato Sales Heredia, ya que ellos nos denostaron tanto a la familia y a la propia víctima”, expresó Ochoa.

Por su parte, David Peña, uno de los defensores legales de la familia, también confió en que la nueva investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México llegará a buen puerto, pues el gobierno federal ha asumido la responsabilidad de la mala investigación del homicidio y las autoridades de la capital son del mismo partido político.

“Confiamos en que ahora que ya acabó el litigio y ya hay una sentencia, el cumplimiento sea mucho más ágil, no solo en el discurso diciendo que hay un compromiso en la defensa de los derechos humanos, sino que se traduzca en la práctica”, indicó Peña.

En tanto, Karla Michelle Salas, otra abogada del caso, dio su voto de confianza a Ernestina Godoy, actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y resaltó la relevancia de la sentencia de la Corte.

“A través de la sentencia del caso Digna Ochoa queda evidenciada esa injusticia que se ha cometido en contra de ella”, aseveró la abogada. “Queda evidenciado que no solo se cometió una injusticia en contra de Digna y su familia, sino también que durante muchos años el Estado mexicano fabricó una verdad (la del suicidió) y utilizaron el aparato de justicia para desprestigiar a la defensora”.

Digna Ochoa había sido abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro por más de 10 años, donde investigó el “caso de los campesinos ecologistas de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que defendían los bosques contra la expansión de la tala y los narcocultivos que impulsaba el entonces cacique Rogaciano Alba”, recordó la periodista Blanche Pietrich.

Se separó de la organización y se refugió en Estados Unidos en el 2000 debido a que había recibido amenazas. Volvió a México en 2001 y comenzó a trabajar con la abogada Pilar Noriega en el caso de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de haber puesto bombas en una sucursal de Banamex en 2021.

Había recibido varias amenazas en los últimos años y recibió protección del Estado hasta que en el gobierno de Vicente Fox se le quitó la seguridad personal.

Confían en reducción de impunidad tras sentencia

Además de resolver el homicidio de Digna Ochoa, los abogados y las organizaciones sociales que acompañan este caso confiaron en que la sentencia de la Corte Interamericana servirá para reducir la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.

“La impunidad genera la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos, nosotros lo que podemos tener ahora es la esperanza de que las palabras y las manifestaciones del Estado al recibir la sentencia se traduzcan de inmediato en acciones para que los ataques contra defensores de derechos humanos no queden en impunidad y que su trabajo sea reconocido”, aseveró Marcela Martínez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El pasado 17 de enero, al anunciar que el gobierno federal propondrá una reforma a la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el subsecretario Alejandro Encinas informó que los ataques contra estos actores quedan impunes en un 90% de los casos.

En este sentido, la sentencia de la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano, entre otras cosas, a elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de crear e implementar a nivel federal un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos.

En un comunicado de prensa emitido el pasado jueves 20 de enero, la Secretaría de Gobernación aceptó la sentencia de la Corte Interamericana y dijo que la analizará para darle cumplimiento.

“El Estado mexicano estudiará con atención las disposiciones del Tribunal Interamericano en su resolución definitiva sobre el presente caso, a fin de cumplir con sus términos de conformidad con sus obligaciones a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señaló la Secretaría de Gobernación.