El Ejército ha asesinado a más de 5 mil civiles desde el 2007, señala Human Rights Watch
Un informe de Human Rights Watch exhibe los abusos cometidos por el Ejército y otras violaciones a derechos humanos en México. Foto: Juan Carlos Cruz/EFE

México ha registrado un “aumento drástico” de los índices de delincuencia violenta desde el 2007 y ha alcanzado niveles históricos en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, señala la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su nuevo Informe Mundial donde exhibe el cúmulo de violaciones a derechos humanos que se cometen en nuestro país.

La asociación civil destaca los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas que tienen a su cargo la estrategia de seguridad pública. “Desde 2007 y hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a 5 mil 335 civiles”, indica HRW basándose en datos gubernamentales. Añade que en 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 940 quejas por abusos cometidos por la Guardia Nacional y el Ejército, cifra récord de los últimos ocho años.

“Desde hace décadas se moviliza a soldados y marinos para tareas de seguridad pública y para combatir la criminalidad organizada, lo cual ha dado lugar a violaciones generalizadas de derechos humanos”, expresa HRW.

La organización internacional criticó que, pese a este historial de abusos, el presidente López Obrador ha asignado a las Fuerzas Armadas cientos de tareas que antes estaban reservadas para instituciones civiles, por ejemplo, labores de seguridad pública, el control de la migración irregular, la implementación de programas sociales y la ejecución de obra pública.

Hasta diciembre de 2022, por lo menos había seis recursos legales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la militarización del país. Los ministros y las ministras deben discutir estos asuntos para determinar si la participación de las Fuerzas Armadas en diferentes tareas es constitucional.

Pero HRW no solo cuestiona al Ejército, también señala a otras autoridades de incurrir en abusos, principalmente cuando se trata de investigar delitos: “Soldados, policías y agentes del Ministerio Público han cometido graves violaciones de derechos humanos en forma generalizada, que incluyen torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con impunidad casi absoluta”.

La tortura comúnmente es utilizada para obtener información y confesiones de presuntos criminales. El informe de HRW destaca que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi la mitad de las personas encarceladas sufrieron abusos físicos y el 38% aceptó haber cometido un crimen solo porque las autoridades las habían golpeado.

“El sistema de justicia habitualmente no asegura las garantías de debido proceso”, indica la asociación civil. “El uso de pruebas obtenidas mediante tortura en los procesos penales se encuentra prohibido. Sin embargo, muchos acusados enfrentan obstáculos y demoras para demostrar que fueron torturados, lo cual limita la eficacia de la prohibición”.

Aunado a esto está la impunidad en la que quedan la mayor parte de los crímenes. Cerca del 90% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de estos ilícitos nunca se investigan y menos del 16 % de las investigaciones se resuelven, señala el documento de HRW.

“Si bien las autoridades a menudo atribuyen esta violencia a carteles delictivos, la mayoría de los delitos no se investigan y nunca se identifica ni se enjuicia a los responsables”, opina la organización sobre el origen de la inseguridad en México.

Asesinatos de periodistas, política antimigratoria y otras violencias

El diagnóstico de Human Rights Watch en torno a la violencia cometida contra periodistas también es relevante. La organización apunta que, entre el 2010 y 2022, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) inició mil 552 carpetas de investigación por crímenes cometidos contra comunicadores, pero solo ha obtenido 32 sentencias condenatorias contra los responsables.

Esta impunidad existe en medio de una ola de ataques en contra de reporteros y reporteras. De enero a septiembre de 2022 hubo 15 asesinatos de periodistas y 331 amenazas contra estos profesionistas, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19 que HRW recupera para su Informe Mundial.

“Periodistas y defensores de derechos humanos —especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos— han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y de grupos delictivos”, indica la asociación.

Sobre las agresiones contra activistas, la asociación también indica que México es uno de los países más peligrosos para ellos, De enero a junio de 2022 ocurrieron 12 asesinatos. “Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca se investigan adecuadamente ni se judicializan”, dice la organización.

Otro tipo de violencia al que HRW presta atención es la sufrida por los migrantes. Las autoridades mexicanas detuvieron a 307 mil extranjeros en 2021, la cifra más alta de la que hay registro. El gobierno federal desplegó alrededor de 30 mil elementos de la Guardia Nacional para lograr esta contención.

“Los centros de detención migratoria están sobrepoblados y en condiciones insalubres. El personal de esos centros suele presionar a los migrantes para que acepten el ‘retorno asistido’ a sus países y desalentarlos de la posibilidad de solicitar refugio, aun cuando manifiestan que su vida podría correr peligro si son obligados a regresar a sus países”.

El panorama es desalentador para otros crímenes analizados por Human Rights Watch, En el caso de desaparición de personas la organización internacional recuerda que en 2022 se rompió el récord de 100 mil víctimas en México. Esto ha llevado a que las familias de las personas afectadas conformen 130 colectivos para investigar por su propia cuenta lo que le sucedió a sus seres queridos.

“Cuando las familias denuncian desapariciones, las fiscalías y policías rara vez investigan lo ocurrido”, señala HRW sobre la desaparición de personas. “Las autoridades creen que muchas de las personas desaparecidas han sido enterradas en fosas comunes por funcionarios estatales o locales después de que los servicios forenses las declararan como ‘no identificadas’ o ‘no reclamadas’”.

Sobre las agresiones que mujeres y niñas sufren en México, la asociación civil señala que en 2021 se registraron 3 mil 700 muertes de las cuales una cuarta parte se consideran feminicidio.

HRW complementa su informe con otras críticas a México, por ejemplo, que es uno de los 15 mayores países emisores de gases de efecto invernadero en el mundo o que hay una falta de políticas para proteger a las personas con alguna discapacidad. Las vulneraciones a derechos humanos en nuestro país, son generalizadas.