Hay militares encargados de la seguridad pública. Otros construyen trenes y aeropuertos. Se les ve en los módulos de vacunación de Covid-19. Algunos diseñan las sucursales bancarias donde se entregan los recursos de programas sociales. En tiempos electorales se convierten en guardaespaldas de los candidatos. Los hay repartiendo libros de texto en las escuelas. Y también, sembrando árboles junto a campesinos. 

En México, las Fuerzas Armadas están por todos lados y para Juanita Goebertus, nueva directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), esto es como “una vuelta al pasado”.

Peor aún, señala la integrante de la organización internacional de derechos humanos: es casi como volver a un tiempo en el que altos mandos militares acumularon un gran poder en países latinoamericanos a costa de graves violaciones a derechos humanos.

“Tristemente México va en la otra dirección, empoderando más y más a fuerzas militares y devolviéndonos a lo que nos costó décadas tratar de superar luego de las dictaduras militares en el continente”, dice Goebertus con la autoridad que le da su cargo y origen sudamericano, una región donde hace más de medio siglo la población de varios países quedó sometida ante sus ejércitos.

“Yo siendo colombiana vengo de conocer de primera mano que, cuando un país toma la decisión de darle más poder a los militares, las posibilidades de echar eso para atrás toma muchísimos años”, insiste la excongresista colombiana.

En entrevista concedida a La-Lista, la directora de HRW expresa su preocupación por la militarización que se vive en México. Y no sólo eso, también cuestiona la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los niveles de violencia que no ceden a pesar de que las Fuerzas Armadas han estado en las calles durante 16 años.

La-Lista (L-L): Cuando asumió su cargo en HRW dijo que en Latinoamérica había una expansión de gobiernos con talantes autoritarios, ¿México encaja?

Juanita Goebertus (JG): Lo primero es entender la forma en la cual se erosiona el Estado de Derecho, que creo refleja mucho de lo que está pasando en México. Básicamente hay una especie de patrón, una especie de “manual del autoritario populista” que se va cumpliendo de distintas maneras, lo primero y típico es atacar cualquier tipo de crítica y tildarla de enemigo.

Implica dispositivos para cerrar el espacio cívico, para hacerlo más difícil para que la sociedad civil pueda operar, entonces, implica acusarlos de ser parte de una conspiración en contra de AMLO. Los distintos ataques al sistema judicial, donde cualquier fallo que sea contrario al gobierno es de nuevo rotulado como enemigo que quiere impedir el cambio.

Una de las típicas que hemos visto en varios de estos gobiernos, incluido el gobierno AMLO, es atacar a las autoridades electorales, en el caso de México el ataque al Instituto Nacional Electoral (INE), quizá lo más grave ahora la propuesta de reforma política que probablemente afectaría la independencia del instituto.

L-L: ¿Qué le preocupa de la reforma electoral que se está discutiendo?

JG: Cualquier tipo de propuesta de reforma electoral en medio de un debate electoral es casi siempre peligrosa, porque con frecuencia está relacionada con cómo mover las reglas del juego para favorecer a quien está en el poder. En particular nos preocupa mucho la decisión de que (los consejeros del INE) sean de elección popular, eso lo que genera son mayorías que probablemente, según las encuestas, hoy apoyan al gobierno AMLO y probablemente a quien lo suceda (en la Presidencia de México), si definitivamente como siguen las encuestas Morena tendría un apoyo mayor.

En todo caso lo que haría es esa pérdida de pesos y contrapesos que garantice que quien está ahí para arreglar las elecciones, asegurar que haya elecciones libres y se respete el derecho al voto, no dependa de la favorabilidad del gobierno de turno, sino que realmente sea independiente.

L-L: En México estamos en un proceso de militarización, ¿cómo lo ve?

JG: Entregarle poderes adicionales a las fuerzas militares tanto en tarea de seguridad pública como en funciones civiles es una decisión de política pública que va a tener efectos por décadas en México, independientemente de quien gane el poder (en las elecciones de 2024).

La paradoja de lo que estamos viendo en México es una gran atribución de responsabilidades a los militares para tratar de contener la situación de seguridad con unos resultados totalmente fallidos, tasa de homicidios más alta de los últimos 30 años en México, como ustedes conocen bien no sólo desde la política de “abrazos no balazos”, sino cuando uno conversa con las comunidades a nivel local hay un sentimiento de que el Estado los abandonó.

L-L: ¿Por qué dice que es tan difícil quitarse de encima esta inercia militar?

JG: Esos procesos son lentos, complejos, porque para cualquier gobernante el poder militar es un poder fáctico que le disputa autoridad. En la medida en la que además, como está pasando tristemente en el caso de México, se les dan atribuciones que tienen implicaciones económicas en términos de recursos que van a empezar a entrarle directamente a las fuerzas militares. Esos incentivos se acrecientan porque ya no solo es el poder fáctico militar, sino un poder fáctico económico.

Cualquier transición no solamente les quitaría poder en términos de su capacidad para operar dentro del territorio mexicano y haría mucho más excepcional su intervención, sino que además les quitaría acceso a recursos. Eso eleva aún más la dificultad de que este tipo de reformas se puedan hacer.

L-L: López Obrador argumenta que deja la tarea de la inseguridad al Ejército por su popularidad…

JG: La forma de resolverlo no es tratar de pasarlo a otra entidad por más que haya tenido buenos niveles de popularidad, sino entender cuál es la función constitucion al de cada entidad. La razón por la cual la seguridad pública está en manos de una autoridad civil como las policías es para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, cuando se le empieza otorgar esas funciones a un sector militar, que está diseñado y entrenado para combatir en un escenario mucho más propio de guerra, lo que se genera es la posibilidad de más violaciones a derechos humanos.

L-L: Hace poco el secretario de Gobernación dijo que un militar podría ser presidente, ¿nos debe preocupar este comentario?

JG: Sí, creo que es preocupante. A América Latina le costó muchísimo salir de dictaduras militares que tuvieron efectos gravísimos en materia de violación a derechos humanos, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, nos tomó un proceso muy largo de democratización que aún hoy tiene heridas a lo largo y ancho del continente, creo que la reminiscencia de volver a un gobierno militar es una reminiscencia grave. Adán Augusto es uno de los posibles candidatos presidenciales y que este tema lo ponga sobre la mesa, él siendo además un funcionario público, sin duda genera alertas sobre la salud del Estado de Derecho y la democracia en México.

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L-L: ¿Cómo explicar la violencia que se vive en México?

JG: México tiene una crisis brutal en sus indicadores de derechos humanos, no solamente en homicidios en general, sino en homicidios contra periodistas, homicidios contra líderes ambientales, toda la situación de la crisis forense. Los militares en la práctica difícilmente están combatiendo realmente a los carteles, lo que hay en la práctica es una capacidad de los carteles a nivel territorial de ser quienes mandan. No existe hoy una capacidad real del Estado mexicano de protección a sus ciudadanos y de lucha real contra los carteles.

L-L: Recientemente un exfuncionario propuso dialogar con grupos criminales para disminuir la violencia, ¿eso sería posible en México?

JG: Creo que no es imposible. Nosotros quizá la experiencia más similar que tenemos en Colombia es la negociación con los grupos paramilitares, las extintas Autodefensas Unidas de Colombia que tenían sin duda un componente muy similar a aquel de carteles y crimen organizado.

Dicho eso, lo primero es que esto requiere una metodología muy clara, una decisión de negociar con distintos grupos de una manera estructurada.  Además yo creo hay que ser muy precisos sobre de qué grupo estamos hablando, cuáles son sus características, quiénes son sus integrantes y tener una clasificación muy seria, yo no creo que uno pueda negociar con cualquier grupo.

L-L: Otro tema relevante es la migración, ¿cómo ve la política migratoria mexicana?

JG: Si bien AMLO, igual que (Joe) Biden, hizo campaña sobre la base de una política migratoria más humana, en la práctica muchas de las políticas abusivas han sido extendidas. Hoy en la práctica México sirve como tercer país, de alguna manera como quien terceriza la política migratoria de Estados Unidos.

Es una política que está haciendo total crisis. Desafortunadamente México, quizás por evitar señalamientos en materia de otras violaciones a derechos humanos que están ocurriendo y el deterioro del Estado de Derecho, ha estado dispuesto a colaborar con Estados Unidos a cambio de que no se pronuncie sobre esta deriva autoritaria del gobierno AMLO.

L-L: En septiembre hizo su primera visita oficial a México, ¿cómo le fue?

JG: Quizá lo que para mí fue más sorprendente fue ver a muchas organizaciones expresando que habían tenido mucha ilusión con la elección de AMLO, que habían visto en él la posibilidad de cambio, de la transformación de regímenes corruptos históricos que se habían atrincherado en el poder. Hoy sienten que AMLO traicionó todas las promesas que los hicieron confiar en un principio.