La judicatura deja solos a los jueces injuriados

Se han normalizado los ataques verbales contra juzgadores federales que frenan planes del gobierno federal claramente regresivos. La narrativa desde Palacio Nacional para llevar al patíbulo de la conferencia mañanera a los responsables de los reveses judiciales del régimen es persistente.

Se injuria a jueces de distrito y magistrados de circuito que, con plena justificación de su función constitucional, suspenden obras o programas que pisotean garantías. Los hechos son claros: atravesamos un terreno en el que se acepta por omisión desde el Consejo de la Judicatura Federal que se ponga en margen de riesgo el trabajo jurisdiccional con acusaciones, presiones y amenazas desde el púlpito presidencial.

El efecto además agrega un factor que puede incidir en el fuero interno de cada mujer y hombre que ve ante sí una decisión que puede llevarlos a las planas de los periódicos, porque serán etiquetados como “adversarios, conservadores al servicio de la derecha” si fallan contra los intereses gubernamentales. 

Recuerdo que durante la presidencia del ministro Juan Silva Meza se logró una encomiable distancia institucional respecto al Ejecutivo y cuando fue necesario defender a los jueces, se alzó la voz con argumentos para señalar la importancia del respeto a la división de poderes. Sin mayores protagonismos, los discursos en muchas ocasiones marcaban distancia para cuestionar las acusaciones que pretendían descalificar decisiones incómodas para la clase política gobernante. Fueron diversas las ocasiones en que Silva Meza decidió declinar invitaciones a eventos y ceremonias que no requerían la representación oficial del Poder Judicial para pintar un límite indeleble que privilegiaba la mesura. 

Un equilibrio basado en el protocolo no escrito, dominado por el criterio de un ministro que lo hizo bien y que ahora es parte de las referencias nostálgicas que se desdeñan en aras de la “modernidad que ofrecen las redes sociales para acercarse a los jóvenes”.

En la actualidad tenemos un ministro presidente que se ha viralizado en TikTok con videos ciertamente muy comentados, pero que trivializan la investidura del titular de un Poder de la Unión, ese es el medio, pero ¿cuál es la intención de fondo que va más allá de la difusión? No seré de los que emitan un juicio de valor sobre si está bien o no, creo que Arturo Zaldívar tiene entera libertad para elegir sus mecanismos de comunicación con los ciudadanos y la percepción de los destinatarios será la que prevalezca en este tipo de ejercicios inéditos para un togado. Lo que me parece difícil de aceptar es que se invierta tiempo en preparar materiales digitales con perritos, opiniones sobre futbol, personajes del medio artístico y, por otro lado, no haya comentarios encaminados a defender a los jueces que están siendo amedrentados.

Es obvio que ha quedado rebasado ese concepto tradicionalista de que los jueces hablan a través de sus sentencias y considero que es bueno que así suceda, pero decía mi abuelita: “ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre”. 

Vamos al caso más reciente del juez Francisco Javier Rebolledo, quien emitió una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no aplique el nuevo plan piloto de estudios en preescolar, primaria y secundaria en planteles de gobierno. Tratando de ser provocador de una reflexión, ¿qué pasaría si el juez de distrito contestara las recriminaciones de Andrés Manuel López Obrador a través de TikTok? ¿Sería legítimo? ¿Podría ser acreedor a una eventual sanción de la Comisión de Disciplina de la Judicatura Federal? ¿Se le daría libertad de seguir el ejemplo del presidente del Consejo para responder no solo a través de sus sentencias?

Señalar a un impartidor de justicia con nombre y apellido en la tribuna con mayor impacto de difusión en el país, además de ameritar una defensa institucional, pone en riesgo la integridad del juez que también enfrenta la embestida de los operadores digitales del aparato de Estado que insultan sin limitaciones al odio expresado en sus mensajes.

Uno de los grandes retos de quien asuma la presidencia del máximo tribunal del país en enero de 2023 será establecer sus propios criterios de comunicación frente al régimen que más ha descalificado públicamente la función del Poder Judicial de la Federación en su añeja historia.  

En toda esta coyuntura hemos visto circular una foto en la que aparece Carlos Alpizar, secretario de la presidencia en el Consejo de la Judicatura Federal (la posición más cercana al ministro Zaldívar), junto a cuatro integrantes del gabinete (dos presidenciables) durante el pastel que le ofrecieron al canciller Marcelo Ebrard con motivo de su cumpleaños. Alpizar se ufana de su cercanía a la 4T desde una posición que exige más prudencia, al menos para guardar la apariencia que exige la autonomía de un poder encabezado por jueces, tan descalificados y amenazados desde el mismo sector que celebra en un acto personal, pero con impacto público para quienes leemos entre líneas.

EDICTOS 

Verdadero furor ha desatado la publicación del libro El rey del cash, de Elena Chávez, expareja sentimental de César Yañez, uno de los históricos escuderos de Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 25 años. Era lógico que el texto fuera descacreditado y ahora se dice que por carecer de pruebas, pero se les olvida que no es una investigación, sino un testimonio valioso de quien estuvo dentro de las entrañas del lopezobradorismo. Destacable la valentía de la autora que puede ver con satisfacción que su relato se ha vendido con frenetismo en las librerías. Es útil recordar que hay decenas de videos ampliamente difundidos que muestran entregas de efectivo a diversos personajes, evidencias reales que dan sustento a la interesante narración de Elena.