Informe especial de la CNDH

Cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó morir a 40 personas asfixiándose y calcinándose en una cárcel migratoria en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo que reaccionar. Más allá de su mandato jurídico, el hecho de que la tragedia haya ocurrido a pesar de las más de 39 recomendaciones, de esa instancia, al INM por violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en las estaciones migratorias dejó expuesta la poca efectividad del sistema de recomendaciones, así como la impunidad de la dependencia migratoria. Sí hubiera cumplido con al menos una de esas recomendaciones, en los últimos 20 años, se hubiera podido prevenir la tragedia. ¿Cómo interpretar el peso de la CNDH ante el INM?

Un mes después del incendio, la CNDH emitió un comunicado en el que anunció que entraría en “operación el Sistema de Seguimiento sobre las condiciones en las que se encuentran las estaciones y estancias migratorias”, del cual se desprendería un informe. El INM anunció su respaldo. Un par de días después, el 10 de mayo, Migración anunció la suspensión temporal de 33 estancias provisionales en todo el país, de las 52 que existen, mientras la Comisión concluía sus visitas de supervisión.

El informe sobre estas visitas arroja resultados que no sorprenden: ninguna de las cárceles migratorias cumple con las condiciones mínimas adecuadas. Ninguna. “Trece de ellas son insuficientes, veintiuna son inadecuadas y el resto se encuentra en situación crítica”. El INM fue reprobado nuevamente, y eso sin que la CNDH pudiera realizar entrevistas con las personas detenidas sobre el trato que reciben, la falta de información sobre su situación migratoria y de derechos, porque Migración cerró la mayoría de las estaciones.  

Para las más de un millón de personas que han pasado por una estación migratoria en los últimos 20 años, o para las personas que han podido entrar para observar, esta información es obvia y vieja, pero sirve como recordatorio al Estado mexicano que ha seguido criminalizando, agrediendo y matando a personas, independientemente de la ideología del gobierno en turno, en violación al derecho internacional que establece que la privación de la libertad de personas migrantes tiene que ser el último recurso.

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La realidad es que el Poder Judicial y el Congreso han matizado el infierno que viven las personas migrantes detenidas, y es gracias al litigio e incidencia de la sociedad civil y el Instituto Federal de Defensoría Pública que se han resuelto algunas acciones a favor de la población migrante. En 2021, el INM tuvo que dejar de detener a niñas, niños, adolescentes y sus familias en estaciones migratorias –después de 10 años de incidencia para reformar las leyes, de hecho, el día del incendio donde murieron 40 hombres, 27 sobrevivieron y 15 mujeres lograron salir antes de asfixiarse, el INM había puesto a familias con niñas y niños en la estancia de Ciudad Juárez, pero los dejó salir o los trasladó a una estancia del DIF. Dos semanas antes del incendio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que ninguna persona puede estar detenida en una estación migratoria más de 36 horas y que tienen derecho a una defensoría pública. Estos cambios no son resultado de las recomendaciones de la CNDH ni la buena voluntad del INM, sino de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil.

Aunque los resultados del “Informe Especial sobre las Condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular” son bienvenidos, sabemos que el cambio real se da en otros ámbitos. Es alentador que el informe recomienda transitar hacia las alternativas a la detención, “donde los candados y rejas sean sustituidos por puertas abiertas y opciones en las cuales puedan ejercer sus derechos humanos”, pero sabemos que el INM pretende mejorar las condiciones, y no eliminar la detención migratoria, para lograr una calificación positiva (semáforo verde) de la CNDH.

Sin embargo, el actuar del INM sigue siendo el mismo. La semana pasada realizamos un taller en la sección de mujeres de la estación migratoria de la Ciudad de México, donde había 11 mujeres, 6 de ellas tenían más de 36 horas detenidas en violación a la resolución de la SCJN. Tres llegaron durante el taller, venían de la central de autobuses del norte donde fueron detenidas por agentes migratorios en una revisión basada en criterios discriminatorios que violan la Constitución. Otras cuatro mujeres estaban esperando una cita bajo la aplicación CBP One para poder tener una entrevista en la frontera con Estados Unidos. Todas las mujeres buscaban la mejor forma de cumplir con la ley y buscar protección. Sabían que probablemente por la tarde serían llevadas en autobuses otra vez al sur de México, a pesar de que un oficio del INM indica que, “después de transcurridas las 36 horas de alojamiento, el INM otorgará a las personas migrantes la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país”. Cuando regresamos al otro día únicamente una mujer que contaba con un amparo pendiente seguía en la estación migratoria, pero nadie nos quiso decir dónde, en qué condiciones, y con qué documento habían sido puestas en libertad las otras 10 mujeres.

Ante la tragedia del incendio, el informe de la CNDH es correcto en llamar a un antes y un después, pero el después tiene que ir más allá de un sistema de semaforización y un llamado de transitar hacía alternativas a la detención. La CNDH tiene que verificar que el INM está implementando las sentencias de la SCJN y sus propios oficios que llaman a la regularización de las personas. Tiene que exigir la implementación de la recomendación sobre el incendio en Ciudad Juárez, porque hay 82 familias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela y Colombia esperando justicia y reparación integral del daño.

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