El Senado perfila quitar mordaza para promover la revocación de mandato; la oposición logró diferir la sesión
Si los servidores públicos promueven la revocación de mandato, esta acción no se considerará propaganda gubernamental gracias al decreto.
Si los servidores públicos promueven la revocación de mandato, esta acción no se considerará propaganda gubernamental gracias al decreto.
El Senado de la República se alista para aprobar un decreto de interpretación que permitirá al presidente André Manuel López Obrador, así como a cualquier funcionario público, promover el ejercicio de revocación de mandato que está programado para el próximo 10 de abril.
Los legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano lograron suspender la sesión del Pleno por falta de quórum porque no emitieron sus votos en lo general. Después de agotar la discusión en lo general, sólo se registraron 63 votos, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, citó para este jueves a las 10:00 horas para continuar con la discusión.
La primera fuerza en el Congreso busca aprobar un proyecto de decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones, contenidos en los artículos 449, numeral uno, incisos a, b, c, d y e de la Ley general de instituciones y procedimientos electorales; y 33, párrafos cinco, seis y siete y 61 de la Ley federal de revocación de mandato.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, quien presentó el dictamen al Pleno dijo que se trata de un decreto de interpretación, por lo que pidió no confundir el proyecto con una reforma a la legislación.
Con el argumento de que la promoción de la revocación de mandato es parte de la libertad de expresión de los servidores públicos, se busca impulsar que los funcionarios puedan hablar libremente de este ejercicio, sin que eso sea considerado “propaganda gubernamental” y así evitar sanciones.
El proyecto de decreto señala que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.
Tampoco “constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas”.
Actualmente, solo el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de promover este ejercicio.
En la discusión, legisladores de Morena y de oposición chocaron por el decreto que permitirá promover el ejercicio de revocación de mandato que impulsa el presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su sexenio.
El senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que con el dictamen se daría luz verde para que el titular del Ejecutivo federal difunda en sus conferencias de prensa matutinas el ejercicio de revocación de mandato, en el que la población decidirá si debe continuar en la Presidencia o si su mandato debe concluir ya.
“Quieren permitir que se use el aparato del Estado en las ‘mañaneras’, que eso sí es propaganda gubernamental porque hay un uso de recursos públicos y hay una campaña sistemática para viciar el procedimiento”, expresó Zepeda.
Por su parte, Claudia Ruiz Massieu, legisladora del Partido Revolucionaria Institucional (PRI), indicó que los senadores de Morena cayeron en un conflicto de interés porque 61 de ellos tienen un proceso de sanción abierto ante el INE.
En sentido opuesto, Mónica Fernández, integrante de Morena, defendió que el decreto es parte de la libertad de expresión de los servidores públicos.
El decreto “garantiza el derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información de conformidad con el Artículo 134 constitucional de no utilizar recursos públicos para ejercer otros derechos”, dijo Fernández.
El proyecto de decreto establece que la propaganda gubernamental es “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines, o información de Interés público referida al bienestar de la población, cuyas características deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
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