La FGR recaba pruebas suficientes solo en el 14% de sus casos para que los jueces los revisen
Por falta de pruebas los jueces del país solo han aceptado revisar entre el 10% y 14% de las investigaciones de la FGR desde el 2019
Por falta de pruebas los jueces del país solo han aceptado revisar entre el 10% y 14% de las investigaciones de la FGR desde el 2019
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado miles de investigaciones criminales desde su creación en 2019, pero solo en un pequeño porcentaje de casos recaba pruebas suficientes para que los jueces admitan revisarlos.
Desde el 2019 la FGR solo ha logrado que entre el 10% y el 14% de sus investigaciones sean revisadas por un juez, luego de conseguir suficientes pruebas para suponer que una persona cometió un delito. Estas cifras fueron reveladas en el Cuarto Informe de Gobierno que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Cámara de Diputados ayer jueves 1 de septiembre.
Aunque la FGR abrió y reactivó 56 mil 903 carpetas de investigación entre enero y junio de 2022, solo 8 mil 471 fueron judicializadas, es decir, la Fiscalía solo recabó suficientes pruebas en el 14% de sus casos para que un juez los admitiera a trámite.
Una tendencia parecida se muestra en 2019, cuando solo el 12% de las carpetas de investigación de la FGR fueron judicializadas; en 2020 fue el 13%, y en 2021 fue el 10%.
La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha sido criticada por expertos en Derecho debido a su falta de capacidad para investigar y lograr sentencias condenatorias. A esta institución también se le acusa de opaca, ya que no hace públicos los resultados de sus actividades. Una muestra es que en 2021 La-Lista solicitó la misma información, pero la Fiscalía negó tener detalles sobre la etapa legal en la que se encontraba cada una de sus indagatorias.
El pasado 14 de febrero de 2022, a tres años de la creación de la FGR, especialistas en Derecho y organizaciones sociales acusaron que “la gestión del fiscal tiene un balance negativo, con retrocesos y renuencia a la rendición de cuentas pública”.
En un comunicado conjunto más de 50 expertos y asociaciones señalaron que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero aplica una justicia penal “de manera selectiva” en casos de alto perfil de exfuncionarios de administraciones anteriores, como Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social; Juan Collado, exabogado de Enrique Peña Nieto; y recientemente, Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Mientras, otros casos de bajo perfil quedan en la impunidad porque la FGR no tiene la capacidad de recabar suficientes pruebas. “El nivel de impunidad federal se ubica en 95.1% en casos de tortura y desaparición prácticamente roza el 100%”, ejemplificaron en el comunicado los especialistas y los quejosos.
La FGR archiva y cierra sus investigaciones
La página 77 del anexo del informe de López Obrador muestra que en la mayor cantidad de sus casos la FGR actúa bajo el “no ejercicio de la acción penal“, lo cual quiere decir que no continúa sus investigaciones porque el hecho no se cometió; el acto cometido no constituye delito; el imputado era inocente; no tenía suficientes pruebas; el delito que se investigaba fue eliminado; el sospechoso del crimen murió, entre otras situaciones.
En el primer semetre del 2022 la FGR no ejerció acción penal en 37 mil 43 carpetas de investigación, el 65% de sus indagatorias. En 2019 la Fiscalía hizo lo mismo con el 39% de sus expedientes; en 2020 con el 54%; y en 2021 con el 67%.
Otro destino de las carpetas de investigación de la FGR es el archivo temporal, es decir, la indagatoria se cierra por falta de elementos probatorios y queda la posibilidad de abrir la indagatoria en un futuro. La institución también descarta expedientes al considerar que no es competente para revisar el caso.
Entre enero y junio de 2022, la FGR declaró incompetencia en 5 mil 397 carpetas de investigación, casi el 10% del total de las que abrió, y mandó al archivo temporal 2 mil 401, el 4%. En años anteriores la tendencia es parecida.
El Cuarto Informe de Gobierno del presidente López Obrador también muestra que son mínimos los casos en los que la FGR logra un acuerdo reparatorio entre un acusado y una víctima, con el objetivo de que el proceso legal no se alargue hasta una sentencia en delitos no grabes, culposos o patrimoniales cometidos sin violencia.
En el primer semestre de 2022, por ejemplo, la FGR solo logró un acuerdo reparatorio en 762 casos de los 56 mil 903 que comenzó a investigar. En 2021 consiguió mil 349 acuerdos de este tipo de las 172 mil 221 indagatorias. Cifras similares se registraron en 2019 y 2020.
El Cuarto Informe de Gobierno de López Obrador no informa cuántas sentencias condenatorias o absolutorias se han registrado en las investigaciones de la FGR.
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