Suprema Corte pospone debate sobre obligación de reparar daño a víctimas de ejecuciones extrajudiciales

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la votación de un proyecto con el que podría obligar a las autoridades a reparar integralmente el daño a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que ocurrió el crimen.

El proyecto del amparo directo en revisión 3512/2020, que estaba programado para ser votado este miércoles 14 de junio, se quedó en listas y deberá ser retomado por la Primera Sala en las siguientes semanas.

El proyecto fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat. En el documento se analiza el caso de Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, quienes fueron asesinados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, el 3 de marzo de 2010.

Seis años después, en 2016, las familias de Rocío y Juan Carlos pidieron a la Sedena una reparación del daño con el argumento de que las dos víctimas murieron por un uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos militares. Sin embargo, esa institución rechazó la petición al señalar que ya había pasado mucho tiempo desde ese suceso.

Debido a que el asunto no se resolvió en tribunales federales, la Suprema Corte se pronunciará al respecto. El proyecto elaborado por la ministra Ríos Farjat desestima el argumento de la Sedena y ordena que haya una reparación integral del daño para las familias de Rocío y Juan Carlos.

Además, en caso de que se apruebe este proyecto en los términos que está actualmente, otras familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales también podrán solicitar una reparación integral del daño, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el fallecimiento de sus seres queridos.

Especialistas en derechos humanos entrevistados por La-Lista destacaron que la aprobación de este proyecto sería una buena noticia para las víctimas, ya que el Estado mexicano tiene un compromiso internacional de reparar integralmente el daño a quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos.

“Este proyecto es sumamente pertinente, sería muy deseable que la Suprema Corte adopte y otorgue el amparo a las víctimas porque sería congruente con las obligaciones que tiene México en materia de derechos humanos”, señaló Carlo Carvajal, oficial de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Mientras que Verónica Garzón, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que “las graves violaciones a derechos humanos —ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidios— no tienen prescripción de acuerdo con el derecho internacional. Si la denuncia y la acción penal no prescriben en estos casos, ¿por qué prescribiría la reparación del daño?”.