La autodestrucción de la imposición

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados tres iniciativas con la intención de reformar tres leyes: la Ley Banxico, la Ley del Outsourcing y la Ley de la Industria Eléctrica.

Afortunadamente, aquella referente al banco central nunca fue una propuesta consensuada, por lo que perdió fuerza y se descartó casi inmediatamente después de haber llegado al Congreso de la Unión. Hoy se sabe además que el titular de hacienda Arturo Herrera y el gobernador de Banxico Alejandro Díaz de León, encabezan una estrategia de bancarización de migrantes que, aseguran, atiende la principal preocupación de los legisladores morenistas.

Sin embargo, aquellas que siguen en manos de los legisladores, son las que atañen a la subcontratación de personal y la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hablemos primero sobre la reforma energética en materia eléctrica.

Esta nueva iniciativa tiene la intención de cambiar contratos con productores privados de electricidad y dar preferencia a la empresa estatal, con el argumento de que obstaculiza la competencia económica y beneficia de manera indebida a la CFE. Sin embargo, esta propuesta de ley tiende hacia el monopolio, de cierta manera, “expropia la electricidad” y establecería un sistema tarifario donde los precios se actualicen en razón de la inflación.

Cambiar las reglas del juego de una reforma que apenas fue aprobaba el sexenio pasado y que involucra proyectos de largo aliento, lo único que genera es incertidumbre en el ámbito de lo jurídico y ahuyenta la inversión, dando a entender que el gobierno puede hacer lo que quiera, cuando quiera con las leyes. 

Esta nueva reforma a la reforma energética tiene el potencial de crear un daño considerable e inimaginable a la inversión en México, además de transformarse en un conflicto, incluso de calibre internacional, pues afectaría a las millonarias inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, por incumplimiento de contratos.

Independientemente de que esto es otro ataque directo a la IP, de ser aprobada, tendría  repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos, puesto que consumiríamos electricidad cara y sucia.

Por otro lado, tenemos la reforma a la ley de subcontratación, en donde se buscará regular el outsourcing y reestructurar los organismos reguladores independientes del país. No obstante, tal parece que ésta no se dicutirá ni votará sino hasta después de las elecciones de junio. 

La 4T presentó esta iniciativa bajo el supuesto de que el subcontratista viola leyes, sin dar pruebas duras al respecto. Esta reforma está en sintonía con el T-MEC, pues el tratado pide mayores garantías para trabajadores y mayor libertad sindical. Hay que reconocer que existe un mérito en discutir este tema, pues de aprobarse, daría seguridad y beneficios a trabajadores independientes y autónomos, como cualquier otro tabajador de planta.

Desgraciadamente, la falla radica en la forma de plantearlo. El tema fundamental será acabar con todos aquellos abusivos que han evadido responsabilidades fiscales, y que hoy presumen tener grandes millones en sus cuentas bancarias gracias a la subcontratación. 

Con el confinamiento por la pandemia, 12.5 millones de personas salieron del mercado laboral mexicano. Con la modificación a esta ley, muchas de ellas enfrentarían grandes dificultades para reinsertarse al mercado laboral, creando así una menor demanda laboral y menores salarios. Es por ello que su modificación e implementación debe ser paulatina, de lo contrario, además de causar un desempleo masivo, reduciría la competitividad de las empresas mexicanas y promovería la salida del país de empresas extranjeras que utilizan esta forma de contratación en México. Como pronóstico, está claro decir que no existe claridad de lo que el gobierno pretende hacer al impulsar ambas propuestas: si salvar su propio proyecto o rescatar a la economía. Lo que sí, es que ambas iniciativas llegan en un momento muy crítico de estabilidad económica y financiera de México. El actual gobierno actúa como si la economía mexicana estuviera creciendo al 8 por ciento, como si no hubiera pandemia, como si no hubiera ya suficiente desempleo. 

De nuevo, es la revelación de un gobierno más interesado en imponer una agenda, que en actuar acorde a la realidad del país. A decir del sector empresarial esa la genialidad destructiva, que va acabando con todo por vía de la imposición, misma que lo está autodestruyendo. 

Y le adelantó una versión de muy buena fuente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tiene los recursos para eliminar el llamado outsourcing de sus oficinas, necesitaría de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos para ello, y no simplemente no se tienen. Son 500 mil empleados bajo ese esquema y prácticamente están en casi todas sus oficinas, entre ellas, las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, Marina, Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, y otras más. Viene entonces el verdadero debate que pretende acabe en los tribunales, sobre todo el la Suprema Corte. 

Fonatur y el Tren Maya 

Qué siempre no será hoy, y es que, aunque el Fonatur de Rogelio Jiménez Pons tenía previsto anunciar al ganador que estará a cargo del Tramo 5 Norte del Tren Maya que va de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen, resulta que necesita más tiempo para estudiar con más de dos ojos las 10 propuestas, de acuerdo al oficio SPOPA/RPH/053/2021 que emitió detalla que la notificación del fallo se difiere hasta el 25 de este mes.

Entre los 10 concursantes figuran ICA, de Guadalupe Phillips; Caltia Concesiones, de José Luis Saravia Centeno; Grupo México, de Germán Larrea; Sacyr, de Manuel Manrique Cecilia; Caabsa, de Luis Amodio Herrera y Aldesa, de Alejandro Fernández de los cuales algunos hoy día tienen compromisos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que otros no cuentan con un buen financiamiento o están inmiscuidos en escándalos de otras obras.

El aplazamiento del Fonatur se entiende, pues el Tren Maya es el proyecto más ambicioso de la 4T y no debe haber fallas, por lo que, el consorcio que gane debe estar consciente y comprometido al 100% para terminar el Tramo más importante del proyecto en tiempo y forma, sin quedar mal, como se ha visto en otras rutas en donde los contratistas por no calcular bien sus costos y tiempos no las van a concluir en el periodo previsto.

La norma NMX-I-309-NYCE-2019 de Tecnologías de la información – Seguridad de la información en el teletrabajo, emitida por Normalización y Certificación NYCE, de Carlos Pérez, estará al alcance de las empresas de Ecuador, pues el organismo mexicano ha firmado un acuerdo con el Sistema Ecuatoriano de Normalización, que dirige Gabriela Peñaherrera. Así, esta Norma establece recomendaciones en uso de tecnología y en seguridad informática entre otros, con obligaciones para el empleador y sus trabajadores que laboran a distancia, a fin de reducir el robo de información del negocio, de datos personales u otra afectación a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información que afecte sus operaciones.

Voz en Off

Como en todos los sectores en el país, la contingencia actual ha sido la principal adversidad que el del transporte público ha enfrentado, pero esto no debe de ser una limitante para que disminuyan su calidad en el servicio como es el caso del Tren Suburbano dirigido por Enrique Navarro, que de acuerdo con su Encuesta de Satisfacción 2020 los usuarios lo posicionan como el mejor medio de transporte en la Zona Metropolitana otorgándole una calificación de 9.05 sobre 10 y destacan la seguridad sanitaria como uno de sus atributos más importantes y mencionan que en éste se sienten seguros, tan sólo por debajo de su hogar, igual que en su lugar de trabajo y más que en la calle y otros lugares públicos…

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