El descuido de los 47 millones de dólares en la SCJN

Uno de los temas que encienden de inmediato el malestar presidencial hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el relativo a las devoluciones de impuestos que litigan empresas y particulares cuando estiman que se han vulnerado sus derechos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este tipo de asuntos son los que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer su recurrente disyuntiva entre lo legal y lo que desde Palacio Nacional se considera justo, con ese ánimo que le distingue para fustigar a todo aquel que se atreva a dar la razón a un particular frente a los intereses del gobierno federal. Ese anhelo posiblemente  inspirado en la leyenda de Chucho el Roto que robaba o estafaba a los ricos para ayudar a los pobres a finales del siglo XIX.   

Con esa narrativa que fortalece la polarización, que lo ha llevado incluso, a descalificar las aspiraciones de la clase media por considerarla egoísta ante el creciente número de personas en pobreza extrema que ya suman 3.8 millones más que en 2018. 

El presidente juró hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, justo la materia prima con que la Corte decide los asuntos de primer orden que le toca juzgar y que independientemente de las posibilidades económicas del actor que pide el derecho, tiene que otorgar la razón a quien demuestre y pruebe su causa, dejando de lado ese afán justiciero de la leyenda del “bandido bueno”. 

Aunque el deber ser se encuentre tan devaluado, las decisiones de los ministros no pueden atenerse a la calidad de los actores, porque tendríamos resoluciones selectivas que se aplicarían con criterios subjetivos basados en el repudio personal de quien defiende a los desposeídos con palabras, sin efecto real en los hechos. El Presidente de la República promueve raseros distintos para aplicar las leyes y lo exige así para quienes llegaron a la Corte en virtud de su preferencia personal, como es el caso de Yasmín Esquivel Mossa, presidenta de la Segunda Sala, propuesta por el tabasqueño en la terna que en su momento evaluó y aprobó el Senado.

Resulta que la ministra, receptora de las consideraciones presidenciales, realizó el proyecto de resolución para darle la razón a los abogados de Carmela Azcárraga Milmo, hermana del legendario dueño de Televisa y tía en primer grado de Emilio Azcárraga Jean. La decisión final del caso se resolvió con votación de 3-2 en la Segunda Sala de la Corte y obviamente la ministra Esquivel Mossa estuvo a favor de su propio proyecto en el que se planteó que la hermana del “Tigre” Azcárraga pagó indebidamente 338 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda en 2007, que actualizados 14 años después, alcanzan una cifra de mil millones de pesos que el SAT tendrá que devolver a sus herederos. 

Hay dos posibilidades para analizar lo ocurrido en la ponencia de la ministra Esquivel Mossa: 

A) La propuesta de resolución se hizo con absoluta independencia de criterio sin importar las fobias de López Obrador sobre temas de esa naturaleza. 

B) No se advirtieron los resortes políticos de la decisión y la ministra no consideró el enfado que produciría su proyecto, es decir, no se dieron cuenta del efecto o de la relevancia meta jurídica del expediente. 

Para salir de dudas bastó con hacer una consulta en los estrados públicos y advertir que el 8 de septiembre la propia presidenta de la Segunda Sala, propuso de inmediato hacer una forzada “aclaración de sentencia” que finalmente se consideró improcedente, dejando firme el efecto de la resolución que obliga a reintegrar poco más de 47 millones de dólares a los deudos de la señora Azcárraga Milmo. 

De los resolutivos que firmó la ministra, es corresponsable su equipo más cercano, encabezado por el magistrado con licencia, Juvenal Carbajal, coordinador de su ponencia, que debió advertir sobre la naturaleza del litigio y si lo hizo no fue escuchado.

Los efectos del “descuido políticamente incorrecto” significan que la ministra Esquivel Mossa propició con su proyecto y voto un duro golpe económico al gobierno federal, generando además un desencuentro con el Presidente Lopez Obrador, que tendría una repercusión negativa en las preferencias presidenciales para la sucesión de Arturo Zaldívar al frente del Tribunal Constitucional. Es de tal magnitud el reclamo, que en términos de aspiraciones cambiarían los escenarios futuros dentro de los ejes de poder en el Máximo Tribunal en detrimento de Yasmín Esquivel.  

El intento posterior por aclarar el fallo deja evidencia clara del descuido que todo parece indicar fue involuntario. El SAT tendrá que solventar la millonaria cantidad, ante lo cual el lunes 13 de septiembre AMLO volvió a embestir generalizando contra las ministras y ministros a quienes señaló de insensibles, entre otras ásperas consideraciones.

Lo que resulta más irónico, es que los dos togados que votaron contra la millonaria devolución de impuestos fueron Fernando Franco González Salas y Javier Laynez, ex procurador fiscal de la federación, ubicados en el grupo discretamente antagónico a la 4T.

Los ministros que dieron mayoría a la propuesta de Esquivel Mossa fueron Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán.                         

El dilema vuelve a tensar las relaciones entre el Ejecutivo Federal y la Suprema Corte, que consistentemente Arturo Zaldívar ha tratado de componer a través de su cercanía personal. 

EDICTOS

A partir de este 16 de septiembre, el concepto Libertad Bajo Palabra evoluciona para ofrecer la primera temporada de un programa de entrevistas a través de la plataforma inkoo.mx que estará a disposición a través de Youtube, Facebook, Twitter, Spotify, Google, iHeart Radio y Castbox, entre otras vías de acceso digital.

No se pierdan los estrenos, todos los jueves a las 8 de la noche, arrancamos con la entrevista a la ministra Norma Piña Hernández. Los jueves tenemos cita doble, con esta columna en La-Lista y las entrevistas en inkoo.mx para establecer una comunicación sin límites.