Una nueva política de drogas: deuda heredada a Claudia Sheinbaum

La necesidad de una reforma en las políticas de drogas es, por lo menos, controversial, pero, lamentablemente, no fue tomada en cuenta en el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México.

En las últimas décadas, el régimen internacional de drogas, dirigido por las Naciones Unidas y países poderosos, ha impulsado una política violenta de erradicación que, para el caso de México, derivó en la llamada “guerra contra las drogas”, una estrategia que ha fracasado, pues sólo ha empeorado la violencia, generado estigmatización y condiciones más riesgosas de consumo para las personas usuarias y ha empujado la producción hacia drogas sintéticas, que son más riesgosas, fáciles de producir y difíciles de detectar. Por fortuna, el contexto en el que la nueva presidenta llevará las riendas del país abre la posibilidad de impulsar una política distinta -en caso de existir voluntad-, pues recientemente, a nivel internacional, se observaron avances positivos para cambiar el enfoque de la política de drogas y adoptar enfoques basados en los derechos humanos y la salud.

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Por ejemplo, en el 67° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND por sus siglas en inglés), celebrado este año, los países miembros aprobaron una resolución histórica, que reconocía a la reducción de daños como una medida necesaria para las políticas de drogas internacionales. Aunque la reducción de daños ya es reconocida en México como un aspecto que debe ser considerado en las políticas de drogas, esto no se ha reflejado en la práctica. Es por ello que la próxima administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, debe aprovechar este cambio a nivel internacional para desarrollar políticas nacionales que no sólo busquen prevenir el consumo de sustancias, sino también reducir los riesgos asociados con su uso. Como candidata, Sheinbaum prometió atender de manera separada la parte de salud y la de seguridad en lo referente a las drogas, y como jefa de gobierno se pronunció a favor con la que la Suprema Corte declaró que la prohibición de cannabis es inconstitucional.

Sin embargo, en su programa de gobierno, “100 pasos para la Transformación”, presentado este marzo, no hubo ninguna mención sobre acciones enfocadas a atender el tema de las drogas, como la regulación de sustancias, y en cambio sólo se propone, en dos renglones del total de 381 páginas, ampliar los programas y campañas destinadas a prevenir las adicciones, en particular de las drogas químicas, así como prohibir el comercio de vapeadores. Este programa tampoco hace mención sobre la reducción de daños, o fortalecer los servicios de tratamiento para los usos problemáticos de drogas. Se observa pues la ausencia prácticamente total de un abordaje integral para cambiar la política de drogas en el país.

En el nuevo gobierno que está por iniciar prevalece la propuesta de continuidad con la administración de Andrés Manuel López Obrador, que pasó de una promesa inicial por reformar esta política y orientarla a la salud, a perpetuar el prohibicionismo y la militarización en la seguridad; además de abandonar la promesa de regular el cannabis. El presidente también dejó abandonadas a las organizaciones que operan programas de reducción de daños, no fortaleció los servicios públicos de tratamiento y apostó a campañas de comunicación basadas en miedo y  estigmas hacia las personas usuarias, en lugar de darles información útil para reducir los daños.

Modificar la estrategia no es sólo importante, es necesario, pues el país requiere de políticas para la prevención del consumo de sustancias y de reducción de daños, sobre todo en el panorama actual, donde las drogas sintéticas están teniendo consecuencias preocupantes sobre la salud pública, tanto en México como en Estados Unidos. Organizaciones que operan programas de reducción de daños han advertido en los últimos años sobre un aumento en las sobredosis por el uso de opioides sintéticos en ciudades fronterizas del país, una situación que el gobierno actual ha minimizado e ignorado ante la carente información oficial sobre uso de sustancias a nivel nacional.

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Tan sólo en 2022 hubo más de 70 mil muertes por sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos en Estados Unidos, la cual ha sido abordada desde la perspectiva de salud pública bajo la administración de Biden, pero en el caso de México no contamos con datos sobre consumo desde 2017 tras la cancelación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, lo que dificulta generar políticas públicas de prevención y reducción del daño. Ante esa crisis, el candidato a la vicepresidencia por el partido republicano, J.D. Vance, ha defendido una intervención militar en México para “combatir” a las organizaciones criminales y detener el tráfico ilícito de drogas, una estrategia que sólo empeoraría la violencia en México.

La administración entrante de Claudia Sheinbaum tiene el reto de superar el prohibicionismo con una política de drogas basada en los derechos humanos, la salud pública y un enfoque interseccional. El nuevo gobierno deberá establecer una visión alternativa al prohibicionismo, con campañas informativas libres de estigmas, la creación de políticas basadas en evidencia, el abordaje de los problemas asociados al consumo desde la salud y la reducción de daños, y un compromiso por retomar las discusiones sobre la regulación de sustancias como el cannabis. Construir esta política no es una tarea fácil, pero la voluntad de reformar la política es un primer paso necesario.