3 dudas sobre la revocación de mandato
Foto: Daniel Hernández/La-Lista

El 19 de marzo de 2019, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un compromiso público para evitar la reelección, confirmar que dejaría el cargo en 2024, pero sobre todo, que se sometería a la revocación de mandato en marzo de 2021. Al menos la primera promesa no se cumplió.

La reforma constitucional para promover la revocación de mandato presidencial se aprobó en diciembre de 2019, mientras que desde esa fecha, más de 600 días han pasado sin que el Congreso avale la ley secundaria que regule esta medida.

Apenas el lunes, dos comisiones del Senado aprobaron un proyecto de iniciativa promovido por Morena que busca que la iniciativa que regula este mecanismo permita una pregunta: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta el final de su mandato?”.

Este no es el único debate en torno a esta polémica iniciativa, pues también se pretende encargar la organización de esta consulta al Instituto Nacional Electoral (INE), aunque la iniciativa morenista apuesta por no dotar de recursos al órgano electoral, a diferencia de las propuestas de la oposición, donde se solicita una partida presupuestaria para este fin.

El miércoles, la comisión permanente desistió de aprobar un periodo extraordinario para discutir la Ley Federal de Revocación de Mandato, por lo que a falta de 12 días para el inicio de la LXV Legislatura, se prevé difícil que se apruebe con la composición actual del Congreso.

En tanto que al margen de la aprobación de esta ley reglamentaria, el INE anunció ese mismo día que en su sesión del próximo 27 de agosto definirá los lineamientos para llevar a cabo la consulta para la revocación de mandato, contemplada para realizarse en marzo próximo, y cuyo proceso oficialmente habrá de comenzar a partir del 1 de noviembre.

Sobre estos temas, La-Lista consultó a dos especialistas en política y derecho electoral para conocer las implicaciones de aprobar la ley con la propuesta actual, con la pregunta sugerida por Morena, sin presupuesto adicional para el INE.

¿Es adecuada la pregunta planteada por la iniciativa de Morena?

José Perdomo es maestro en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Desde su perspectiva, la pregunta tiene que emplear la palabra revocación o sus derivados.

“La Constitución es clara, dice revocación de mandato, no dice consulta popular para ratificación de mandato. Si en esta pregunta pondríamos está de acuerdo que continúe, entonces la pregunta está bien si fuera ratificación, pero está mal si es revocación. Si es revocación la figura constitucional a la que vamos a privilegiar, la pregunta no debería ser está de acuerdo en que continúe, debería ser muy clara, está de acuerdo en que se le revoque al titular del ejecutivo federal el mandato otorgado por el pueblo para que no lo termine dentro del periodo constitucionalmente señalado”, comenta.

Por otra parte, Juana Martínez Ramírez, maestra de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, refiere que al igual que ocurrió con la consulta popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que ajustar este cuestionamiento para adecuarlo a lo mandado en la Constitución.

“La pregunta de Monreal no es la pertinente porque tiene un poco la historia de la pregunta que se planteó en la consulta (popular) del 1 de agosto, resultó confusa, incluso manipulable por los propios partidos políticos, porque Morena la utilizó para hablar del juicio a expresidentes cuando no iba en ese sentido. Falta mucha solidez institucional para que esta revocación funcione como tal, como una evaluación real de la rendición de cuentas más que como una cuestión de popularidad”, explica.

¿El INE necesita recursos adicionales para esta consulta?

Con el mismo referente de la consulta popular del pasado 1 de agosto, en que la participación alcanzó menos del 8% con un tercio de las casillas instaladas en comparación con la elección del 6 de junio, ambos académicos coinciden en la necesidad de dar una partida presupuestal específica para este fin.

En la iniciativa que defiende Morena, se establece que el INE cubrirá la organización de este mecanismo “con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes”, es decir, con sus recursos disponibles. En tanto que la propuesta de Movimiento Ciudadano establece la obligación de la Cámara de Diputados de dotar de presupuesto adicional al órgano electoral.

“Sí necesita los recursos el INE, en la consulta del 1 de agosto se gastaron más de 500 millones de pesos. Yo fui funcionaria de casilla y pude vivir esas diferencias, las viví de manera distinta: en las elecciones se veía el recurso, y el 1 de agosto se veían las carencias, en mi casilla recibimos los votos de tres secciones electorales, los ciudadanos se complicaron mucho para identificar dónde votar”, comenta Martínez.

¿Qué consecuencias puede tener la revocación de mandato?

Este punto tiene varias lecturas: por un lado, puede servir para incentivar el uso de los mecanismos de democracia participativa entre la ciudadanía y fortalecer la cultura cívica de la población y ser un ejemplo para aplicar estos modelos en los estados que cuentan con una figura similar, como Baja California, Oaxaca o Guerrero.

“Mientras no se haya dado ejemplo desde el nivel federal, no se van a arriesgar las legislaturas locales (a aprobarla)”, sugiere el académico de la Universidad La Salle.

En contraste, en caso de ganar el retirar al presidente podría derivar en una crisis de gobernabilidad ante la falta de legitimidad de un nuevo titular del Ejecutivo, quien por cierto, no será elegido por la población.

De acuerdo con las Constitución, el artículo 84 refiere que, después del segundo año de gobierno, en caso de ausencia o revocación del presidente, el Congreso se formará como Colegio Electoral y elegirá en votación secreta y por mayoría a su sustituto.

Es decir, que en caso de que se alcanzaran las condiciones para hacer esta consulta vinculatoria, con una participación de al menos 40%, y donde la decisión mayoritaria sea que el presidente no concluya su mandato, la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, elegiría a un nuevo presidente.

“El problema sería de legitimidad, nosotros como ciudadanos elegimos a un presidente y hemos dado el voto de confianza a esa persona; si después la misma ciudadanía decide quitarlo, quien llegue estaría en una gobernabilidad mucho más complicada porque llegaría sin legitimidad del pueblo, lo que le da la fuerza al gobernante. Habría inestabilidad política, habría luchas entre los diferentes actores políticos”, acota Martínez.

Y aun más allá, este proceso se vuelve además una contradicción frente a lo que se ha promovido en relación con la democracia participativa, pues si bien, la población decide revocar al presidente, no participa del nombramiento de su sustituto.

“La figura democrática participativa de revocación de mandato terminaría truncándose su verdadero efecto al momento de que no seríamos nosotros el pueblo el que sería convocado y terminaría eligiendo a un nuevo presidente”, sentencia Perdomo.