Modelos de negocio del sector eléctrico mexicano en 2021

Mucho se ha escrito sobre la visión federal en México en torno a la industria energética.

Salvo que nos vuelvan a sorprender –habiendo ya perdido muchos de nosotros la capacidad de asombro–, no hay nada nuevo que aporte aspectos o situaciones novedosas a lo que se ha escrito abundantemente durante los últimos 24 meses.

Dicho lo anterior, aclaro que todo lo que expongo a continuación lo hago bajo las premisas y presunciones ingenuas de que existen condiciones de respeto al Estado de Derecho, respeto a las inversiones, respeto a la palabra y respeto al marco jurídico vigente nacional e internacional, y que las decisiones u omisiones no están fundadas en ideologías ni dogmatismos.

Es mucho lo que se podría lograr si tan solo se respetaran las reglas del juego, y es increíble no ver lo mucho que perdemos como país cuando eso no se hace.

No es secreto que la forma unidireccional, unilateral y unipersonal de las decisiones han modificado substancialmente la operación de los diversos actores privados y públicos, entes reguladores –otrora autónomos– y empresas productivas del Estado, que es precisamente la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cuando se invoca la justicia social para cometer lo injusto, tenemos un problema. La industria energética, en bien común, necesita reglas parejas.

Siendo propositivos, existen todavía nichos de oportunidad que pueden ser explorados por los diversos actores de la industria eléctrica y en la cadena productiva sectorial. Desde

financiamientos, esquemas colaborativos, proyectos y tecnologías novedosas, y esquemas de contratación alternativos.

Empecemos

El crecimiento de demanda eléctrica de México es imparable y no está sujeto a memorándums ni racionales legales, ni mucho menos políticos. Son varios billones de dólares los que la industria eléctrica requiere para ser competitiva, barata y eficiente.

El crecimiento industrial y la competitividad de la industria en México dependen de suficiente y cualitativa capacidad de generación, comercialización y transmisión. Ello requiere de muchos recursos.

Siendo el sector eléctrico una industria más y no un recurso natural, la industria eléctrica –como expresamente la reconoce la Ley de la Industria Eléctrica– es un fenómeno complejo, cuyos componentes se interrelacionan íntimamente.

Así, la falla en uno de sus componentes afecta a todos. Esto se tiene que sociabilizar.

La falta de inversiones en las redes de transmisión afectarán a la generación, sin importar si ésta es firme o intermitente, pública o privada, sucia o renovable. Por eso, es imprescindible entender que este componente no puede abandonarse.

En México, la transmisión y su hermanita menor, la distribución, son servicios públicos reservados de forma exclusiva a favor del Estado y eso, en lo personal, me parece fenomenal y no puede ser de otra forma.

Pero la Constitución también señala que pueden existir mecanismos de alianzas o colaboraciones con el sector privado o social, a efecto de que estos coadyuven a su crecimiento, dejando la operación en manos del Estado.

Eso cualquier persona normal lo entiende, no es, no puede y no debe ser sinónimo de privatización alguna.

Empecemos por reconocer seriamente y sin política, que una cosa es la voluntad soberana que el Estado deba hacerlo todo –posición contraria al liberalismo–, y otra muy diferente es que el Estado pueda hacerlo todo –posición fundada en la más dura y cruda realidad–.

Entendiendo lo anterior, se tiene que reconocer el bien común del sector energético en México, y para ello existen mecanismos reconocidos en la Constitución Política, en la Ley de la Industria Eléctrica y en la Ley de la CFE, que permiten esquemas colaborativos para desarrollar proyectos.

Por ello aporto un elemento adicional que es materia de mi tesis Doctoral: “El Bien Común Energético”, el cual debe entenderse, sin dogmas, en dos aspectos.

Primero, en que la industria eléctrica la componen todos, absolutamente todos los actores que aportan su valor a la cadena, y en entender y sociabilizar que la falla de uno es el fracaso de todos. Se llama economía circular o, como la denomina Kate Raworth, “Doughnut Economy”.

Segundo, en que los proyectos deben tener un componente social en lo más puro de la palabra, a efecto de reconocer colaboraciones que impacten positivamente a la lucha de la pobreza, sin castigar el lucro mercantil que todo mercado debe tener. Ello basado en los principios de Economía del Bien Común de Jean Tirole.

Los racionales legales del sector eléctrico siguen siendo tan vigentes como las necesidades de crecimiento en generación, comercialización y transmisión que requiere México. Son tan vigentes como los compromisos de transición energética que tiene firmados México.

Entender lo contrario es tan irracional como querer generar mucho con energías firmes, sin tener líneas adecuadas de transmisión, y que éstas colapsen por falta de mantenimiento o por un incendio en pastizales, por poner un ejemplo.

Los esquemas de negocio en el sector energético que preveo tienen una vigencia importante en el 2021.

Son proyectos de generación distribuida; abasto aislado; exportación; almacenamiento; hidrógeno verde; tecnologías y esquemas legales híbridos; colaboración constitucional en redes de transmisión; alianzas colaborativas en geotermia, operación y mantenimiento de plantas propiedad de CFE, incluyendo las hídricas; esquema TEPC (Technology, Engeneering, Procurement and Construction) para infraestructura a favor de CFE; y  alianzas sectoriales para proyectos estatales con vocación social (lo que llamo energía social).

Ello con independencia a que los proyectos legados estarán llegando a su fin (natural o artificialmente) y tendrán que migrar al mercado eléctrico que regula la Ley de la Industria Eléctrica. Ello también con independencia de los proyectos térmicos y renovables dedicados al “merchant”.

Los mecanismos que enuncio de forma no limitativa, solo requieren de voluntad colaborativa, sociabilización del problema común, certeza a las inversiones y respeto al marco jurídico. ¿Es mucho pedir?

La soberanía energética es posible y viable, en la medida en que se entienda que la soberanía no es solo la defensa contra la invasión de las costas mexicanas por fuerzas extranjeras en carabelas y arcabuces.

Ser soberano también es que la industria en México, en su conjunto, no colapse

técnicamente o en su competitividad internacional, y menos si ello ocurre por decisiones basadas en los libros de historia.

Ahí dejaremos de ser soberanos, defendiendo una soberanía energética que no ha buscado –hasta hoy– el bien común del sector, o peor aún, por pensar que el Estado lo puede todo y distraer recursos limitados de salud, alimentación, educación y combate a la pobreza, para destinarlos a la apuesta de un sector energético soberano.

El enemigo a vencer son las sequías, los apagones, las inundaciones, la desigualdad, el cambio climático, el desempleo, la falta de inversiones, el retroceso, los dogmas y las políticas energéticas ya probadas de corte Echeverrista, que fueron un fracaso.

Y hablando de temas circulares y sociabilizar los temas, ese rotundo fracaso abrió la puerta al neoliberalismo.

*Claudio Rodríguez-Galán es socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight. Está clasificado como “Abogado Líder en Energía”, mexicano y global por varias publicaciones internacionales, incluyendo Global Chambers, Chambers & Partners, Legal 500 y Who’s Who Legal. Claudio tiene más de 18 años ininterrumpidos ejerciendo el Derecho Energético. Es Maestro y candidato a Doctor en Derecho. Síguelo en LinkedIn.