La absurda consulta de AMLO que maltrata a la Corte

Preguntar si se aplica la ley o no, además de significar un insulto a la inteligencia para distraer la atención de lo verdaderamente sustancial, es una falacia que ha involucrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el indeseable resultado de afectar su prestigio.

Un galimatías que comenzó mal no podría tener una conclusión positiva y, para muestra, el texto de la pregunta que al ser aprobada por el pleno de ministros causó una enorme decepción.

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Ambigua, general, forzada, obvia, pueril y absurda son algunos de los calificativos para describirla. La logística que se requiere para hacer la pregunta será dinero público tirado a la basura.

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La obsesión demagógica de Andrés Manuel Lopez Obrador de enjuiciar a los expresidentes no necesita de una consulta, solo si se pretende evadir el costo político de una obligación para quien juró hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Nadie podría reprocharle a AMLO presentar cargos contra sus antecesores con pruebas contundentes, bien documentadas para fincar las responsabilidades que pudieran derivar de sexenios pasados, sin violentar las formalidades de los procedimientos y revisando a detalle las condiciones de la prescripción sobre presuntas conductas constitutivas de delitos.

Además, el precedente nos llevará a ridículos distractores suculentos para el populismo mesiánico, como realizar otras consultas sobre temas de historieta. Imaginemos la ocurrencia: ¿estás de acuerdo en combatir al narcotráfico? ¿se debe disminuir la pobreza?  ¿el Poder Judicial de la Federación debe impartir justicia con independencia? ¿Porfirio Diaz debe ser considerado héroe o villano en los libros de texto? 

El callejón en que la Suprema Corte se metió ha causado un daño reputacional irreparable. Haber aceptado una consulta para determinar si es correcto aplicar la ley, nos deja un mensaje negativo para atender el berrinche presidencial. Se pretende que dirijamos atención a lo que no es prioridad en medio de una crisis aguda en la que tampoco hay soluciones reales para los rezagos estructurales del país.

Además el texto de la pregunta con su ridícula redacción, nos lleva al supuesto de poder adaptarla al desempeño irregular de Manuel Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia, René Bejarano, Dolores Padierna, Irma Eréndira Sandoval, Mario Delgado o Florencia Serranía.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) instalará 57 mil mesas receptoras con 2 mil boletas cada una, lo que significan 114 millones de papeletas para opinar, cuando el padrón electoral usado en las recientes elecciones federales fue de 94 millones de ciudadanos. Es decir, las condiciones aprobadas para el ejercicio facilitarán la duplicidad de votos y hacen evidente el inexistente rigor para otorgarle credibilidad, independientemente del homenaje a Mario Moreno “Cantinflas” plasmado en la pregunta.    

El costo de la consulta será de aproximadamente de 500 millones de pesos que se pudieron haber invertido en medicamentos para enfermos con cáncer, equipar hospitales o escuelas. La austeridad republicana de la 4T es selectiva e incongruente, el ejercicio del 1 de agosto lo probará una vez más.       

Lo expresé en octubre de 2020, tras la aprobación de la consulta en el Tribunal Constitucional, y lo refrendo ahora: las presiones y mensajes desde el púlpito de Palacio Nacional surtieron efecto en una mayoría simple del pleno de la Corte, que validó una intención política a costa de la credibilidad del Poder Judicial de la Federación. Las ministras y ministros que respaldaron la consulta definieron con sus votos el calibre de su dignidad ante el Ejecutivo federal.

Edictos

La Suprema Corte está en receso, al regreso de las vacaciones de verano se analizará y discutirá la ampliación del periodo de los Consejeros de la Judicatura Federal, entre ellos el de su presidente, el ministro Arturo Zaldívar. En agosto, los togados se encontrarán también con varios impactos mediáticos negativos provocados por las presuntas irregularidades del magistrado José Luis Vargas, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien lleva el liderato de escándalos en la institución. Señalamientos de supuesto enriquecimiento ilícito, investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acuerdos en los oscurito para beneficiar a Morena, exoneraciones al vapor de la Fiscalía General de la República a favor de Vargas, aparente abuso de recursos públicos destinado para funciones jurisdiccionales que fue a dar a gastos personales y un amplio repertorio de reclamos documentados seguirán dando de qué hablar para despedazar la reputación de un tribunal que debería ser impecable en su desempeño. Hay consenso interno en el edificio de Carlota Armero, entre quienes ya anticipan que el magistrado Vargas es insostenible en su posición.