La ‘federalización’ de los sistemas estatales de salud

El pasado 4 de febrero, autoridades federales y del estado de Tlaxcala firmaron el convenio marco para la transformación de los servicios de salud en la entidad. A través de esta firma se dio por iniciado el proceso de “federalización” (que no es otra cosa que una centralización) de los servicios de salud para atender a la “población abierta”, es decir, aquella que no cuenta con seguridad social y que se pretende sea convertida en derechohabiente de IMSS-Bienestar.

Entre las ventajas que el propio secretario de Salud encuentra en esta estrategia están la de un eventual aumento en el presupuesto destinado a salud y la centralización de su ejercicio por parte de la Federación, lo cual señala que garantiza que se haga con eficiencia, austeridad y honestidad. 

Entre las consecuencias –también positivas– previstas por las propias autoridades estará el mejoramiento de la infraestructura existente en los estados, el incremento de la plantilla laboral de profesionales de la salud, la transferencia de personal de los estados a IMSS-Bienestar y la regularización laboral del personal contratado debido a la pandemia.

Cabe recordar que fue hace unos 40 años que se inició en el país el proceso de desconcentración y descentralización de los servicios de salud (lo que sucedió de manera prácticamente paralela con los servicios educativos), por medio del cual se transfirieron facultades y recursos originalmente ejercidos y administrados por la Federación a los estados de la República. En el caso de los servicios de salud, estos procesos se llevaron a cabo básicamente para buscar mejorarlos luego de que la atención a aquella población abierta había quedado rezagada, esto en razón de la prioridad que se dio a la prestación de estos servicios para la población asegurada.

Como materialización de la desconcentración y descentralización de los servicios de salud, el 25 de septiembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, firmado por el entonces secretario de Salud, los gobernadores de los estados y los líderes sindicales correspondientes. En este acuerdo se tomaron en cuenta argumentos como el fortalecimiento del federalismo, la búsqueda de la justicia social, la mejora de la eficiencia, el desarrollo regional, entre otras cosas. Se trató del principio de la creación de los sistemas estatales de salud, aunque en todo momento la Secretaría de Salud del gobierno federal conservó el hecho de encabezar al sector en todo el país.

Como puede verse, la tradición de la vida institucional en México ha estado históricamente plagada de vaivenes por lo que hace al “fortalecimiento del federalismo”, siendo los servicios públicos que garantizan derechos fundamentales tan importantes como la educación y la salud terrenos fértiles para que los líderes políticos decidan emprender cambios profundos con los que se busque mejorar lo que a su juicio está mal.

En el caso de la “federalización” de los servicios estatales de salud se parte de un diagnóstico medianamente correcto en el que se puede notar que el Sistema Nacional de Salud en México es uno marcadamente atomizado e ineficiente. Sin embargo, aquella vieja receta de volver a centralizar todo aquello que un día se buscó descentralizar ha probado no ser del todo eficaz.

Lo anterior se afirma toda vez que en un Estado federal con las complejidades que tiene México, la experiencia vivida ha demostrado que ninguno de los órdenes de gobierno ha respondido de manera solvente a las retos que la realidad les ha ido planteando, al menos por lo que hace a los servicios de salud.

En el asunto específico que se trata, se requiere de un análisis más acucioso del que pudo hacerse durante los 10 días que el director General del IMSS señala que duraron los trabajos entre las autoridades federales y las de Tlaxcala (que cabe decir es uno de los estados que implica un reto menos complejo) para llegar a la firma del convenio del 4 de febrero.

A juzgar por lo visto durante la transición obligada del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, la falta de evidencia para la toma de decisiones puede traer consecuencias muy negativas, dejando para el caso de la “federalización” comentada preguntas como: ¿qué pasara con los ramos y fondos actualmente utilizados para atender la salud de las personas no aseguradas en los estados?, ¿de qué manera se transferirá la propiedad de la totalidad de la infraestructura física de los gobiernos de los estados al IMSS-Bienestar?, ¿seguirán siendo las mismas fuentes de financiamiento?, ¿cómo se garantizará el incremento presupuestal prometido?, ¿se garantizarán los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores estatales?, ¿qué sindicato los representará?, ¿se firmarán contratos colectivos o condiciones generales de trabajo?, ¿se adherirán todos los estados?, ¿qué pasará con las jurisdicciones sanitarias o equivalentes en los municipios?