#ExigeATuCandidat@: La-Lista de demandas de seguridad a las y los candidatos

La principal problemática a la que nos enfrentamos las víctimas y familiares de victimas de feminicidio, desaparición, violaciones, etcétera; es la carencia de empatía por parte de los ministerios públicos, la falta de perspectiva de género, la falta de ética, la minimización del problema, la falta de interés por realizar su trabajo y todo esto termina en que no podamos llevar nuestras denuncias con el debido proceso.

El principal problema son los constantes ataques de los que hemos sido objeto las organizaciones de la sociedad civil por parte del Presidente de la República en las mañaneras. Nos han puesto en riesgo, no solo nuestra reputación, sino la seguridad de nuestros integrantes. Las filtraciones de Guacamaya Leaks revelaron que el Ejército vigila la actividad e interviene en las comunicaciones de activistas que trabajan en causas que se consideran contrarias al gobierno federal.

Además, las organizaciones que trabajamos en temas de seguridad y justicia vemos como un gran obstáculo la tendencia de mano dura y militarización de la seguridad y otros aspectos de la vida pública. Estas medidas no sólo no han funcionado para solucionar la violencia en el país, sino que la han complejizado y agravado.    

Por un lado ha empeorado la calidad de los datos en materia de seguridad y ha aumentado la opacidad y falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades. Si tú quieres saber en qué se gastan el dinero las fuerzas armadas, no lo sabemos. Si preguntas cuáles son los resultados de una investigación, cuándo han ejecutado extraoficialmente a alguien, no hay manera de saber respecto a esos casos.

Por el otro, tenemos el problema del cierre de espacios. La actual administración es una autoridad que no se abre al diálogo, que no acepta la colaboración con la sociedad civil, y que constantemente nos está agrediendo directamente, ventilando información de nuestros donadores, ahuyentando el que las personas sigan apoyando a las organizaciones.

En el país hay una necesidad de generar políticas públicas en materia de seguridad, por la situación que enfrenta México, pero en paralelo se carece de expertise de profesionales en este tema. Lo que vemos, lamentablemente, es la improvisación, y actores que se dicen expertos pero que en realidad desconocen del asunto y que mal asesoran.

Los pendientes de los cuales no hablan los candidatos es la deuda histórica que tienen con las mujeres para garantizarnos una vida libre de violencia, la reparación del daño, las sentencias justas, la no revictimización en el proceso, el que no nos tomen como bandera política, el que no haya represión para las que alzamos la voz, que garanticen el seguimiento de los casos, hay una brecha muy grande que desafortunadamente tenemos que pasar las victimas y familiares para obtener justicia, pero ¿a qué precio?, ¿después de la sentencia qué viene? Como familiares o víctimas continuamos con el daño moral, psicológico, económico y hasta en ocasiones somos desplazadas, criminalizadas y sin un empleo.

Ninguna de las aspirantes a la Presidencia ha visto el tema de seguridad como un espacio que tiene que ser democratizado. La participación activa de las organizaciones civiles en este tema es fundamental para garantizar que exista rendición de cuentas y que se implementen alternativas de seguridad ciudadana. La seguridad ya no debería ser una política centralizada; debe incluir la participación de la sociedad.

No veo propuestas en temas como delitos patrimoniales, otro de los grandes ausentes en la discusión es qué va a pasar con el lavado de dinero, con las unidades patrimoniales y económicas en las fiscalías estatales, con la extinción de dominio, hay muchas cosas que deberíamos saber y que son de prevención, porque cuando tú le quitas el dinero a los delincuentes estás previniendo que sigan agrediendo a la sociedad.

Cuando hay un déficit de atención por parte del gobierno o de algún sector de la economía, ahí es cuando entramos los consultores, así que yo no me quejaría de las insuficiencias en esa materia porque yo me sumo como partícipe de las soluciones.

Creo que todos los propuestos por la Secretaría de la mujeres.

El poco financiamiento a organizaciones civiles que dan servicios relativos a la protección de víctimas del delito, como los refugios de mujeres, no solo no debe echarse abajo, sino que debe ser ampliado. Muchas organizaciones civiles que reciben recursos gubernamentales proveen servicios necesarios para la seguridad, la justicia y la paz.

Por otro lado, es necesario que se mantengan los espacios de parlamento abierto que incluyan a las organizaciones de la sociedad civil; así como que se mantenga la voz de las OSC en las delegaciones de México en conferencias internacionales. 

Todo en este sexenio se hizo muy mal. No le cambiaría el nombre a la Guardia Nacional, pero las deficiencias de esta agrupación son tantas que no sé hasta qué punto logremos realmente reconstruir algo de esa institución.

La colaboración México-Estados Unidos me parece importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador la satanizó. Me parece que es un error. El nacionalismo del presidente es para décadas atrás. Actualmente, en un mundo globalizado es imposible abstraerse y aislar a México de la influencia que tienen los norteamericanos. Tendríamos que buscar esquemas conjuntos en donde realmente México y Estados Unidos se beneficien de una cooperación bilateral. En la mesa de negociación también tendrían que ponerse los intereses de México, y eso no está sucediendo.

Un modelo de escuela para el empoderamiento de las mujeres, un refugio donde podamos transportar a los niños a la escuela mientras sus madres salen a trabajar, donde también cuente con una estancia infantil y poder apoyar al empoderamiento de las mujeres. Debería haber acompañamiento en todo momento a las victimas y familiares en todo el proceso de denuncia y tratamiento psicológico, atención medica, etc.

Existen muchas propuestas que desde las organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado en política pública. También son necesarias, las reformas sobre la jornada laboral, así como reformas para garantizar la seguridad financiera de las organizaciones civiles. Específicamente, en materia de seguridad, es urgente que se implementen políticas para garantizar el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en 2028, que se fortalezcan las capacidades civiles para atender la violencia y garantizar justicia; y finalmente, que se abandonen políticas punitivas como la prisión preventiva oficiosa y la prohibición absoluta de las drogas.

Tenemos muchas: respecto a la extorsión, secuestro, combate a los delitos patrimoniales, combate al lavado de dinero y fortalecimiento institucional.

Hay que discutir seriamente el tema de la legalización de cierto tipo de drogas. Gran parte de la violencia que hay en el país se debe a que seguimos con un esquema punitivo en el combate a las drogas. Hay que cambiar el enfoque de salud.