¿El caso Ayotzinapa logrará obtener justicia o prevalecerá la política?

Cuando Clemente Rodríguez imagina que vuelve a ver a su hijo único, Christian, imagina un encuentro en una playa mexicana, o un encuentro casual en las calles de su pueblo natal. Tal vez su hijo tendrá barba; después de ocho años, seguramente habrá cambiado.

“Le digo a mi esposa que cuando lo vea, me dolerá el corazón de pura alegría”, comenta Rodríguez. “Cuando regrese a casa, me imagino que iremos a la playa –Acapulco o Cancún– solo para divertirnos”.

Christian fue visto con vida por última vez en septiembre de 2014, cuando él y otros estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en el sur de México, tomaron una flota de autobuses para llevarlos a una manifestación que se llevaría a cabo en la capital.

Horas después, los 43 estudiantes normalistas fueron emboscados y secuestrados por la policía local que trabajaba en colaboración con un cártel local llamado Guerreros Unidos. La mayoría de ellos desaparecieron por completo, en una de las atrocidades más infames y desconcertantes de la sangrienta historia reciente de México.

Se ha detenido a decenas de sospechosos, incluidos políticos locales, funcionarios del gobierno e integrantes del cártel. Se han emitido órdenes de arresto para docenas más, pero no se han dictado condenas, y el destino de los 43 normalistas sigue siendo desconocido.

El caso –y la turbia respuesta de las autoridades– se convirtió en una carga para el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, y en un emblema de la crisis de impunidad en México, donde más de 100 mil personas han desaparecido a manos de delincuentes y funcionarios corruptos.

A finales de agosto, no obstante, surgieron tenues esperanzas de que finalmente podría haber algunas respuestas.

La Comisión gubernamental para la Verdad nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público un informe de 108 páginas que concluía que la desaparición masiva fue un crimen de Estado en el que participaron autoridades federales y estatales de los más altos niveles del gobierno.

Alejandro Encinas, el subsecretario de Interior que presidió la comisión, también hizo la sorprendente revelación de que seis de los estudiantes fueron mantenidos con vida durante varios días después de su secuestro antes de ser ejecutados por orden de un coronel del ejército mexicano.

Días después de la publicación del informe, los agentes federales detuvieron al exprocurador general Jesús Murillo Karam –quien supervisó la investigación original– por cargos de desaparición forzada, tortura y mala praxis oficial.

Murillo Karam ha estado acusado desde hace tiempo de imponer una narrativa políticamente conveniente en la investigación –en la que los estudiantes supuestamente fueron confundidos por miembros de un grupo rival– con el objetivo de cerrar rápidamente el caso.

También se emitieron órdenes de detención contra otras 83 personas, entre ellas soldados, policías, funcionarios del estado de Guerrero y miembros de grupos delictivos.

Los acontecimientos ofrecieron cierta esperanza de que finalmente se pueda resolver el caso, no obstante, al señalar con el dedo a oficiales militares de alto nivel y a funcionarios del gobierno anterior, también representa un desafío para López Obrador.

“Si el gobierno dice que va a proceder contra los funcionarios culpables, entonces debe cumplir su palabra”, comentó Rodríguez.

El presidente, conocido popularmente como AMLO, prometió “llegar a la verdad” en este caso. Sin embargo, rápidamente aclaró que Peña Nieto no estaba bajo investigación, y añadió que cualquier decisión futura sobre el caso dependería de los magistrados que dirigen la investigación.

Sus comentarios no lograron amortiguar las acusaciones de que, una vez más, se dio prioridad a la política sobre la justicia. “De la misma manera que la política ayudó a cerrar el caso en 2014, la política lo está cerrando de nuevo en 2022”, señaló el escritor y periodista Ricardo Raphael.

“Resulta difícil concluir que Murillo Karam llegó a esta versión oficial por su cuenta. La historia fue fabricada en Los Pinos (la exresidencia presidencial), no en la fiscalía”.

Los investigadores ahora parecen estar centrados en la teoría de que –sin que los estudiantes lo supieran– uno de los autobuses tomados transportaba un cargamento oculto de heroína, al que se le había autorizado pasar los retenes de la policía y del cártel, y que los policías corruptos fueron enviados a recuperar.

Sin embargo, para los familiares de los estudiantes desaparecidos, la prioridad sigue siendo sencilla: saber qué les ocurrió a sus seres queridos.

La semana pasada, los familiares pidieron a la Comisión para la Verdad que permitiera que expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizaran sus pruebas.

“Necesitamos pruebas científicas irrefutables sobre el paradero de nuestros hijos. No podemos regresar a casa solo con hallazgos preliminares que no revelan dónde están, y qué les pasó”, indicaron los familiares en un comunicado.

“Hemos dado un paso, y eso es importante. Pero lo que queremos es que se cumpla la ley: queremos justicia, y queremos saber la verdad de lo que les pasó a nuestros hijos”, dijo Cristina Asencio, madre de otro estudiante desaparecido, Benjamín Ascencio Bautista.

Un posible paso hacia esa verdad consistiría en la detención de Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General, aliado cercano de Peña. Zerón fue obligado a renunciar después de que saliera a la luz un video en el que se le vio torturando a los sospechosos en el caso de los 43 normalistas, y fue acusado de manipulación de pruebas.

Luego fue nombrado asesor de seguridad de Peña Nieto, pero huyó a Israel para escapar de las acusaciones de secuestro, tortura de sospechosos, manipulación de pruebas y malversación de aproximadamente 50 millones de dólares de fondos públicos. Zerón niega las acusaciones.

“Si capturan a Zerón, quedará claro el rastro hacia Los Pinos. Los investigadores tendrán que seguirlo, y resultará difícil evitar que se investigue la función de Peña Nieto y su círculo”, señaló Raphael.

México ha solicitado en repetidas ocasiones a Israel que entregue a Zerón, a pesar de la falta de un tratado de extradición entre ambos países, y la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que Zerón podría ser repatriado a México en cuestión de días.

En su discurso sobre el estado de la nación del jueves, AMLO mencionó el caso Ayotzinapa y volvió a prometer que no habría impunidad para los perpetradores.

No obstante, cualquier acto de detención debe estar respaldado por pruebas que se puedan demostrar en los tribunales, advirtió Raphael, añadiendo que solo se logrará la justicia cuando se juzgue y condene a los responsables de la atrocidad. “El día que se dicten condenas por desaparición (forzada), asesinato y encubrimiento de la verdad, ese día será una victoria contra la impunidad”.

Hasta que llegue ese día, los familiares de los estudiantes desaparecidos seguirán luchando, señaló Rodríguez. “Todo este tiempo ha sido un infierno emocional y psicológico”, comentó.

En 2020, los investigadores del gobierno le informaron a Rodríguez que el ADN de un fragmento de hueso encontrado en el basurero de Cocula coincidía con el de su hijo.

Sin embargo, a pesar de ese hallazgo –y de la conclusión de la Comisión para la Verdad de que no hay pruebas que sugieran que los estudiantes están vivos–, Rodríguez se niega a perder la esperanza.

“Hasta que no vea un cuerpo, mi hijo sigue vivo”, expresó. “Mi lucha no ha terminado. Mi hijo estaba entero cuando se lo llevaron, y si dicen que ya no está vivo, entonces deberían atrapar a los responsables, y devolverme su cuerpo”.