#3AñosDeGobierno | Evaluación en educación y protección de la salud
Perístasis

Licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de diversas obras, entre las que destacan Organismos Constitucionales Autónomos y Organismos Constitucionales Autónomos de las entidades federativas. Es articulista invitado en medios como Nexos y Abogacía, y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

#3AñosDeGobierno | Evaluación en educación y protección de la salud

El informe por el tercer año de gobierno tiene múltiples significados e implicaciones. En el caso de la Presidencia de la República es exactamente la mitad de un camino que puede considerarse largo o corto pero que, sin duda, se trata del inicio de la última parte de un proyecto. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el suyo. 

Resulta evidente que es en la política social en la que la presente administración ha demostrado un especial enfoque, pues ha existido en los primeros tres años un importante interés en brindar apoyos, basados esencialmente en realizar transferencias directas de dinero a diversos sectores de la población, ello con una tendencia creciente.

Entre todo lo que conlleva el informe, también suelen realizarse diversos análisis enfocados en saber cuál es el grado de avance de todo aquello que en campaña fueron compromisos y que, posterior y normalmente, son incorporados en los programas de gobierno. En el presente texto, se hace un breve análisis de algunos de los compromisos y su avance.

Entre los 100 compromisos publicados por la Presidencia de la República al iniciar la presente administración, se pueden encontrar por lo menos 22 que tienen que ver con la estructura del gobierno y la calidad de los servicios que presta. Por ejemplo, el compromiso 10 está relacionado con la cancelación de la reforma educativa, y en el acto de presentación del informe se destacó el cumplimiento del mismo y, además, se subrayó la reforma constitucional que estableció la gratuidad en todos los niveles educativos. 

Sobre esto, se debe decir que si bien la reforma educativa realizada en el sexenio anterior fue de alguna manera revertida, hoy no se tiene claridad sobre cómo se evaluará la calidad de la educación en el nivel de educación básico, lo que puede significar un retroceso claro en el ejercicio pleno del derecho a la educación, porque de haber áreas de oportunidad, es imposible saber con evidencia qué se debe mejorar. Asimismo, el establecimiento de la gratuidad en todos los niveles educativos pudo considerarse una buena noticia, sin embargo, hoy tampoco se tiene claridad sobre la forma en que esta decisión irá acompañada del presupuesto necesario, ni siquiera se sabe si en algún momento existirá.

Por otra parte, el compromiso 13 es el de garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, estableciendo a mediados de sexenio un sistema de salud de primera. Como puede notarse, es claro que este compromiso está lejos de cumplirse, pues decisiones como la creación del Insabi el establecimiento de las compras consolidadas, la carencia de profesionales de la salud y un Sistema Nacional de Salud cada vez más atomizado han llevado a que en realidad hoy se tenga una situación más difícil que la existente en 2018, pues la concentración de facultades y atribuciones en un sistema diseñado precisamente para lo contrario ha generado efectos perniciosos evidentes que hacen que se tenga un sistema de salud muy lejano a “los de primera”. Ello con independencia de la imprevisible pandemia que se presentaría en el mundo.

Como puede verse, algunos de los compromisos directamente relacionados con dos derechos habilitantes tan importantes como lo son la educación y la protección de la salud están lejos de ser cumplidos. Por lo anterior, ejercicios republicanos como informar a la sociedad sobre lo realizado por el gobierno durante un periodo de tiempo es imprescindible. Correlativamente, con ello se espera contar con una evaluación objetiva por parte de la misma sociedad como beneficiaria y como benefactora del gobierno, ello en aras de que verdaderamente las necesidades de la sociedad se intenten satisfacer.

Si lo anterior no sucede, es la mitad de un período constitucional tal vez el último momento en el que se pueden hacer observaciones y buscar que el gobierno haga las adecuaciones necesarias para que aquello con lo que no ha cumplido lo busque cumplir e, incluso, para que pueda sumar compromisos que no fueron asumidos en un inicio pero que durante el ejercicio se consideren importantes.

En un gobierno abierto, tanto la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son fundamentales.