La Línea 12 y el peritaje incómodo

“¿Qué nos corresponde a nosotros? A mí, como jefa de Gobierno, me corresponde el haber contratado a esta empresa a través de la Secretaría de Protección Civil, una empresa de un enorme prestigio repito, y dar a conocer públicamente todo lo que encuentra esta empresa con toda y absoluta transparencia”.

Con estas palabras, Claudia Sheinbaum anunció públicamente la contratación de la firma noruega DNV, a la que se le encomendó la tarea de realizar una investigación y elaboración de un dictamen pericial, para determinar las causas que provocaron el colapso de la Línea 12 del Metro.

Durante meses, la propia jefa de Gobierno defendió el trabajo de la empresa contratada y cumplió con su palabra de hacer públicas las conclusiones presentadas, por lo menos en los dos primeros informes rendidos como avances de la investigación.

Sin embargo, en el transcurso de esta semana todo cambió, y de manera intempestiva la propia Sheinbaum anunció que promovería una demanda civil contra la firma noruega, para rescindir el contrato que su gobierno había celebrado para la elaboración del referido dictamen. 

¿Las causas de esta decisión? La titular del gobierno capitalino consideró que el último informe presentado por los expertos era deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, amagando incluso con consecuencias legales en caso de que este se hiciera público, justificándose en la existencia de una cláusula de confidencialidad.

Ahora bien, resulta totalmente absurdo que la misma entidad que contrató el peritaje pretenda calificarlo en forma unilateral y desecharlo por el simple hecho de que sus conclusiones no fueron las esperadas. En este asunto, la jefa de Gobierno actúa como juez y parte, lo cual resulta inaceptable en aras de la justicia y el combate a la impunidad que ella misma prometió. 

Además, lo anterior contradice totalmente el objeto de un peritaje de esta naturaleza, pues su finalidad primordial es la de aportar elementos o razones para la formación del convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las del común de la gente. En pocas palabras, generar confianza y certeza sobre las causas y responsables de lo sucedido. La propia jefa de Gobierno prometió total y absoluta transparencia.

Pero ojo, la transparencia anunciada –en su momento– no se trata de un acto de buena voluntad por parte de Sheinbaum, sino de una obligación legal, pues tomando en consideración que dicho dictamen se pagó con recursos públicos y que su contenido se refiere a un evento cuya aclaración resulta de interés para toda la sociedad, el peritaje completo debe ser público y accesible a cualquier persona que así lo solicite, de conformidad con lo dispuesto en las normas que rigen las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.

Incluso, el mencionado dictamen tampoco pudiera ser objeto de reserva, pues la propia ley prevé que dicho carácter no podrá invocarse cuando “se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”.

En ese contexto, Sheinbaum debe tener muy claro que NO puede impedir que el contenido del informe presentado se haga público, pues desde la propia constitución se consagra expresamente el derecho ciudadano para acceder a toda información generada, obtenida o en posesión de su gobierno. Esto implica que existe una ruta legal clara y bien definida a la que los interesados pueden recurrir para obtener dicho dictamen en caso de que la negativa persista.

Y no, no se trata de golpeteo político, sino de identificar plenamente a los responsables de la tragedia y sancionarlos conforme a derecho, pues solo así se hará justicia a las decenas de familias que perdieron a sus seres queridos en la tragedia de la Línea 12, y esa exigencia no puede encontrarse supeditada a la voluntad de una sola persona.