Florida huele a elección presidencial

Florida se convirtió en el estado con la ley antiinmigrante más dura de Estados Unidos, luego de que el gobernador Ron DeSantis promulgó hace una semanas la ley SB 1718, que básicamente criminaliza a aquellos migrantes que no tienen documentos y a quienes los ayudan o emplean.

Sin embargo, este movimiento de DeSantis tiene que ver más con el lanzamiento de su campaña presidencial con el Partido Republicano y con el mensaje claro de un “No” rotundo a la migración.

DeSantis competirá contra Donald Trump, quien le lleva muchos puntos de ventaja en las encuestas y quien ya amenazó con “prohibir” que los hijos de inmigrantes sin documentos nacidos en Estados Unidos tengan la ciudadanía.

Así que ya sabremos la tónica de la elección presidencial de 2024 por parte del Partido Republicano, pero lo que más preocupación y miedo da es que sí tienen la posibilidad de ganar, pues es un discurso que vende y gusta en Estados Unidos.

Y a pesar de que a DeSantis las demandas contra sus acciones antiinmigrantes se le acumulan, pareciera que son el combustible para su campaña.

Los negocios y empresas de Florida sufren la falta de mano de obra, pero eso no da votos.

Un dato: la agricultura es la segunda actividad económica más importante de Florida y los migrantes con visas temporales y sin documentos son la fuerza laboral para este sector.

De acuerdo con el Instituto de Políticas Migratorias, en Florida viven 770 mil migrantes sin documentos, muchos de ellos mexicanos.

¿Qué dice la ley SB 1718?

1. Obliga a empresas con más de 25 empleados a usar el sistema E-Verify que certifica el estatus migratorio e impone multas de hasta 10 mil dólares al día a quienes contraten indocumentados.
2. Se invalidan las identificaciones y licencias para manejar automóviles de otros estados que, en algunos casos, permiten licencias para personas sin documentos.
3. Los hospitales están obligados a recopilar información sobre el estatus migratorio de los pacientes.
4. Se prohibe transportar indocumentados, quienes lo hagan pueden ser acusados de tráfico humano y pagar una multa de hasta 5 mil dólares.

Aunque esta legislación entrará en vigor el 1 de julio, apenas la semana pasada organizaciones, trabajadores y algunas empresas organizaron la protesta “Un día sin inmigrantes”, para rechazar esta ley y la política antiinmigrante de DeSantis.

Quienes no están de acuerdo con la SB 1718 tienen menos de un mes para intentar frenar la aplicación de una ley que claramente viola los derechos humanos.