Relatora oficial de la ONU alerta sobre reformas que aumentan control político de jueces
La relatora de la ONU indicó que se crea un ambiente hostil, que disuade a los jueces de actuar para defender la democracia.
La relatora de la ONU indicó que se crea un ambiente hostil, que disuade a los jueces de actuar para defender la democracia.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, alertó de las amenazas para la democracia y el Estado de derecho, sin una independencia judicial ni controles para el poder gubernamental.
Alrededor del mundo cada vez son más los gobiernos que recurren a las amenazas de estos sistemas con una constante: la captura, freno, instrumentalización y los ataques, que se han transformado en amenazas, detenciones, tortura, desaparición forzada, violación física y asesinatos, indicó durante su segundo informe sobre la Salvaguardia de los Sistemas Judiciales Frente a la Democracia, ante de las Naciones Unidas.
Satterthwaite destacó que “la existencia de controles sobre el poder gubernamental están en declive”.
“Cada vez más, los gobiernos que llegan al poder a través de elecciones legítimas, ejercen posteriormente su poder para socavar los sistemas y derechos democráticos”, alertó.
“Lo más importante es que los sistemas de justicia defiendan el Estado de derecho, lo que requiere que los gobiernos actúen de acuerdo con el poder que les ha conferido el pueblo”, anotó.
Y es que, dijo, “al hacerlo, ayudan a garantizar que la acción del Estado sea legal, constitucional y compatible con el derecho internacional de los derechos humanos y controlen las usurpaciones antidemocráticas del poder”.
Señaló que “la captura de tribunales y colegios de abogado implica reformas que disminuyen la independencia y aumentan el control político, con el impacto de que estos sistemas ya no pueden actuar como un control eficaz del poder gubernamental”.
Margaret Satterthwaite explicó que “la instrumentalización implica abusar de los sistemas de justicia para influir o controlar al personal de justicia a través de enjuiciamientos y procedimientos disciplinarios motivados políticamente o manipulando las condiciones de servicio”.
Y agregó que “los operadores de justicia individuales pueden ser objeto de ataques e injerencias, tales como menosprecio público por parte de funcionarios gubernamentales, acoso y amenazas, e incluso detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, violación física y asesinato”.
“En todos los casos, el resultado es la creación de un ambiente hostil inaceptable, que paraliza y disuade a otros trabajadores de la justicia de actuar para defender la democracia y socavar el Estado de derecho”, subrayó.
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