‘Es una locura’: la doctora que se enfrenta a la cárcel en Argentina por realizar un aborto legal

La doctora Miranda Ruiz fue a trabajar un viernes de septiembre sabiendo que probablemente sería detenida. El fiscal de Tartagal, una ciudad de la provincia argentina de Salta, había anunciado su intención el día anterior: que Ruiz, de 34 años, fuera detenida por practicar un aborto, en un país que había legalizado el procedimiento apenas un año antes.

“No podía creerlo, era muy irreal”, comentó Ruiz. “Es una locura encarcelar a un médico que realizó un aborto legal cuando existe una ley nacional que lo permite“.

Ruiz trabajaba en una clínica de atención inmediata en Tartagal cuando llegó una joven de 21 años. Un equipo de médicos evaluó a la mujer, que tenía 22 semanas de embarazo, y determinó que reunía los criterios para un aborto en fase avanzado, su salud estaba en peligro. Ruiz recetó misoprostol, un medicamento que induce el aborto e internó a la mujer. Días después, la familia de la mujer presentó una denuncia penal.

Ruiz fue liberada pocas horas después de su detención, aunque los cargos presentados contra ella se han ampliado para incluir la práctica de un aborto sin consentimiento, algo que ella niega.

“La persona se pone pastillas debajo de la lengua durante media hora y luego se las traga. Ese procedimiento se repite cada tres horas. Nadie puede obligar a alguien a abortar en esas circunstancias“, dice Ruiz, uno de los pocos médicos que practican abortos en Tartagal.

En diciembre de 2020, Argentina legalizó todos los tipos de abortos hasta las 14 semanas, y en etapas posteriores del embarazo en caso de que la vida o la salud estén en riesgo, o en casos de violación.

Fue una victoria para los defensores de los derechos reproductivos. No obstante, feministas, grupos de derechos humanos y funcionarios del gobierno señalan que el caso de Ruiz es un ejemplo de las batallas que todavía se libran en Argentina. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ha calificado los cargos como un intento de “disciplinar” a los médicos que están garantizando un derecho.

La Secretaría de Derechos Humanos nacional indica: “Es sumamente problemático para el Estado de Derecho que se criminalice a aquellos que cumplen la normativa vigente, simplemente porque algunas personas no están de acuerdo con esa normativa”.

En el primer año desde la legalización del aborto se registraron 64 mil 164 interrupciones. El número de centros de salud que proporcionaron abortos aumentó de 907 a mil 347.

En la provincia de Buenos Aires, donde vive un tercio de la población, el número de municipios que ofrecen abortos aumentó del 38% al 96%, según datos del gobierno.

“El efecto simbólico de la ley ha sido contundente, al menos en nuestra provincia“, comenta Soledad Deza, una reconocida abogada feminista, que dirige la organización Mujeres x Mujeres, con sede en Tucumán. Tucumán, una provincia muy conservadora, fue testigo de cómo el número de abortos oficiales pasó de aproximadamente 600 al año a más de 4 mil tras la legalización. “Las barreras se redujeron drásticamente”, dice Deza.

Sin embargo, otras provincias han registrado un número mucho menor de abortos, y el gobierno nacional ha tenido que defender la legislación. Se han presentado al menos 37 recursos judiciales desde que se aprobó la ley; 26 fueron rechazados, cuatro fueron archivados y siete están a la espera de sentencia.

“La primera barrera es la información“, señala Patricia Cuomo, de la organización feminista La Hoguera en Tierra del Fuego. “Aquí no hay ni una sola institución pública en ninguna ciudad que tenga señalización o información gráfica que explique cómo acceder a un aborto”.

En Río Grande, la ciudad más grande de la provincia, se promueve en el hospital público una línea de ayuda que intenta disuadir a las mujeres de abortar. Todos los médicos del hospital se han declarado objetores de conciencia, señala Cuomo. La ley permite que los médicos de forma individual se declaren objetores por motivos morales, pero la institución tiene que garantizar el acceso al aborto. Las mujeres suelen ser enviadas a otra ciudad para los abortos en fase avanzada, en este caso la capital de la provincia, Ushuaia, a 220 km.

Gabriela Chávez, enfermera que trabaja en Resistencia, la capital de la provincia de Chaco, en la zona norte del país, afirma que entre los profesionales de la salud existe el temor de que se produzca una reacción negativa respecto a la práctica del aborto, pero que las cosas están cambiando. “Hace unos años, uno caminaba por los pasillos del hospital y la gente podía decir, ahí va ese abortador, pero ahora es algo que está mucho más aceptado“, explica.

No obstante, Deza comenta que las campañas contra el aborto ahora se centran en los embarazos en fase avanzada, lo cual tiene posibles consecuencias para las mujeres más jóvenes. Argentina tiene un alto índice de embarazos de adolescentes, que con frecuencia son el resultado de abusos y que son revelados tardíamente.

En el caso de Ruiz, un político local difundió el caso a través de las redes sociales. Ruiz indicó que la desinformación se extendió ampliamente, incluyendo la afirmación de que el feto lloró.

Ruiz está luchando para que el tribunal desestime los cargos. Mientras tanto, sigue atendiendo a las mujeres que quieren abortar en la clínica. Se ha producido un repunte en la demanda desde su detención. “Todo esto ha tenido el efecto inesperado de reforzar la atención que le prestamos (al aborto)”, comenta.