Los claroscuros del Plan Sonora, el megaproyecto de energía renovable en México

En medio de un sexenio de proyectos energéticos enfocados en combustibles fósiles en México, surge un megaproyecto por las energías renovables. El Plan Sonora, que se desarrolla en el estado homónimo al noroeste del país, busca incrementar la generación de energía eléctrica mediante la construcción de un parque solar –operado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– y la explotación minera de litio.

El proyecto se anunció oficialmente en febrero de 2023 por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, durante un evento con más de 132 diplomáticos de países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania, Francia y Japón. Y la promoción llegó hasta la Conferencia de las Partes (COP) 28 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en noviembre pasado.

El Plan Sonora también incluye la construcción de infraestructura para seis parques científicos, la modernización del puerto de Guaymas y de seis puntos fronterizos, entre otras acciones complementarias. Se estima que la inversión total será de 7 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.

Sin embargo, las críticas e inquietudes han surgido por parte de especialistas en energía sobre las medidas que se han tomado respecto al impacto ambiental y social que puede traer un megaproyecto como este, así como por los obstáculos para distribuir la energía producida.

“Lo positivo es que este proyecto se escapa de la política energética que favorece a las fuentes fósiles. Lo negativo es probablemente que, desde mi punto de vista, estaría llegando tarde. Creo que la administración tardó en desarrollar y en construir proyectos que contemplen tecnologías renovables”, señala Arturo Carranza, analista energético y director de proyectos de energía en AKZA Advisors.

La planta solar más grande de América Latina

En el desierto de Sonora se construye la obra magna del Plan Sonora: la planta fotovoltaica del municipio de Puerto Peñasco. Una propiedad de la CFE promocionada como el parque solar más grande de América Latina, cuya construcción se divide en dos fases. La primera fue inaugurada en febrero del año pasado, cuando se anunció el plan en su totalidad, con una capacidad de 120 megawatts. Mientras que la segunda sigue en proceso y tendrá una capacidad de 320 megawatts.

La generación estimada traería beneficios a 1.6 millones de personas, lo que representa abastecer 536 mil hogares, según cifras de la CFE.

“Este proyecto tiene aristas positivas y aristas discutibles, pero en todo caso lo que no está a discusión es que representa un parteaguas de lo que esta administración ha hecho para adicionar megas al sistema eléctrico nacional y en función de eso creo que es relevante”, explica Carranza.

Los principales desafíos de un megaproyecto como este, de acuerdo con el analista energético, son ambientales.

“Empezaría por reconocer que cualquier proyecto energético tiene un impacto ambiental y creo que es responsabilidad de las autoridades hacer cumplir las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y que las empresas encargadas de desarrollar y construir los proyectos las cumplan cabalmente”.

Las MIA son estudios técnico-científicos presentados por las empresas responsables de los proyectos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En estos se indican los lineamientos de las obras, el tipo de impactos que pueden ocasionar y las medidas de reparación propuestas.

En el caso de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco se trata de una construcción que abarca más de 2 mil hectáreas. La MIA, presentada por la CFE en octubre de 2021, se clasificó como “Trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal. Modalidad B sin riesgo”. El motivo de la clasificación es el desmonte de vegetación al empezar las obras, para el cual se proponen medidas como reubicación de flora y fauna y programas de reforestación sin especificaciones concretas sobre la implementación o la cantidad.

“Sí hay un impacto en los suelos. ¿Qué tipo de suelo es? ¿Qué tipo de fauna? ¿Cómo altera a las comunidades que hay ahí?  Yo creo que toda actividad energética tiene que tener su evaluación de impacto ambiental y su evaluación de impacto social”, puntualiza Manuel Martínez Fernández, investigador del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Respecto a los impactos sociales, en la MIA se menciona que, si bien el predio pertenece a la CFE, tiene colindancia con comunidades de los ejidos Estero La Pinta y Estero Aquiles Serdán, pero a los especialistas les resulta inquietante que no haya existido un proceso de consulta ciudadana.

“¿Qué es lo que se debería de haber hecho? Desde antes hablar con las comunidades y preguntarles realmente cuáles son sus necesidades y sus capacidades para su desarrollo comunitario y también ver qué tipo de fauna y flora hay y cómo se va a modificar. No porque sea el desierto de Sonora, ya no hay que hacerlo. Tampoco porque haya pequeñas comunidades, no hay que tomarlas en cuenta”, agregó el investigador Martínez.

Para esta publicación se contactó con la CFE para saber qué ocurrió con el proceso de consulta, pero a la fecha de cierre de esta edición no ha habido respuesta.

La extracción del oro blanco

En México la explotación de litio es un tema reciente. Se trata de metal alcalino, conocido como “oro blanco”, que mezclado con otros compuestos se utiliza para la fabricación de baterías, celulares, vidrios y cerámicas.

Durante los últimos años, el litio ha tomado importancia en el tema de transición energética por su papel en la fabricación de baterías que van desde aquellas que se utilizan en redes eléctricas hasta automóviles eléctricos.

En febrero del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Bacadéhuachi, Sonora, para firmar el decreto para nacionalizar el litio. Lo que clasificó al mineral como propiedad de la nación para su exploración y explotación. En la ocasión, el presidente fue objeto de críticas.

Sin embargo, unos meses más tarde, Alejandro Armenta, presidente del Senado, informó que existían 18 estados en México donde se concentraba la mayor parte de los yacimientos de litio. Sonora está a la cabeza con 13. A este anuncio se sumó la creación de “Litio para México”, un organismo descentralizado para verificar posibles reservas y regular la inversión.

Finalmente, la extracción del litio conformó uno de los pilares del Plan Sonora.

“Creo que fue un anuncio al que no se ha dado el suficiente seguimiento por parte de las autoridades en términos de la inversión necesaria para poder aprovechar una coyuntura muy específica que tiene que ver con la utilización de litio como materia prima para producir, por ejemplo, baterías para autos eléctricos. Creo en todo caso que México sí tiene un potencial, pero el modelo que está siguiendo de reservarlo al Estado mexicano va hacer más lenta la posibilidad de aprovechar este material para los fines ya comentados”, señala Carranza.

Aunque no existe aún un plan detallado de cómo será la extracción de litio en el país, hay que tener en cuenta los impactos que se han documentado relacionados con la actividad, como salinización de humedales, contaminación a reservas de agua dulce, alteración de los sistemas lacustres, entre otras vinculadas principalmente con suelo y agua.

Un Silicon Valley en Sonora

El término “Silicon Valley” fue popularizado en los 70 para hacer referencia a la sede de las entonces compañías emergentes de tecnología como Apple, Facebook y Google, en la bahía de San Francisco, California. Actualmente, el nombre se ha convertido en una referencia para las regiones que concentran industrias tecnológicas. El Plan Sonora no ha sido la excepción a nivel mediático.

En parte se debe a que, más allá de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco y la extracción de litio, también se planteó el desarrollo de parques científicos. El objetivo es tener centros diseñados para garantizar la disponibilidad de la infraestructura que requiera la industria en el desarrollo de este plan.

A esto se suman los trabajos agrupados en “Puerta Logística Noroeste”, que es una parte de la inversión destinada a la modernización del Puerto de Guaymas; la integración de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón; la modernización de seis puntos fronterizos; el libramiento de vías del ferrocarril en Nogales; y la modernización del punto de revisión en Querobabi.

Asimismo, se estableció un Comité de Investigadores Sonorenses integrado por expertos de la Universidad de Sonora, la Universidad de Texas, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, entre otros, para desarrollar contenidos de los que surjan nuevas carreras relacionadas con semiconductores y el aprovechamiento del litio.

El gobierno de Sonora se ha encargado de realizar promoción de todas estas acciones en una gira por países de Europa, así como Estados Unidos y Taiwán. Mientras que, en el panorama nacional, la falta de detalles sobre el desglose de cada línea de trabajo genera incertidumbre sobre el cumplimiento de normativas ambientales.

“Más allá de la relevancia económica del proyecto, será importante trabajar para minimizar su impacto ambiental. Gran parte de los componentes del plan enfrentan, con razón, requisitos exigentes en la legislación mexicana, además de que el gobierno sonorense prevé varios efectos indirectos que también deben lidiar con una normatividad que, por suerte, es muy exigente”, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) en un comunicado titulado “El Plan Sonora mexicano: un desafío para el derecho ambiental”.

La promesa de las energías renovables en México

El Plan Sonora destaca como la bandera de las energías renovables en un sexenio que ha priorizado su inversión a empresas nacionales como Petróleos Mexicanos y megaproyectos como la refinería de Dos Bocas.

“Los permisos de generación de energía que se han otorgado (esta administración) son principalmente para la Comisión Federal de Electricidad y ésta en su portafolio de generación depende principalmente de las fuentes fósiles”, explica Arturo Carranza.

A pesar de las advertencias por el cambio climático y los foros internacionales para tomar medidas, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en México se han mantenido. Por lo que el gobierno federal insiste en que la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco evitará la emisión de hasta 1.4 millones de toneladas de CO2. Lo equivalente a frenar las emisiones contaminantes de 270 mil vehículos.

Pero una de las principales dudas es si este proyecto será suficiente para mantener la dirección del próximo sexenio hacia las energías renovables, si se considera que el incremento de generadores de energías renovables crea un estrés en las redes del sistema eléctrico nacional.

“Hay una necesidad muy clara de modernizar y fortalecer lo que tiene que ver con las redes de transmisión y distribución”, agrega Carranza.

Por su parte, el investigador Manuel Martínez resalta que si se realizan acciones importantes, para 2050 se cubriría hasta el 80% de la electricidad con energías renovables. Pero todo dependerá de las decisiones que se tomen.

“Si no se les impulsa (a las energías renovables) seguirán con una orden del 20% ó 25% en el mediano y largo plazo, pero si se les impulsa podría ser el 55 %. Y si realmente México quiere ser líder en este campo, puede serlo y entonces llegar hasta el 80%”, concluye Martínez.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.