Menos partidos pero el mismo presupuesto
Medios Políticos

Es un periodista especializado en el análisis de medios y elecciones. Tiene posgrado en Derecho y TIC, obtuvo el premio alemán de periodismo Walter Reuter en 2007, fue conductor en IMER y durante 12 años asesor electoral en el IFE e INE, editor, articulista y comentarista invitado en diversos diarios, revistas y espacios informativos. Twitter: @lmcarriedo

Menos partidos pero el mismo presupuesto
Foto. La-Lista

El próximo año se repartirá entre siete partidos políticos nacionales una bolsa de 5 mil 800 millones de pesos, monto que sería idéntico aunque siguieran siendo los 10 partidos que había hasta junio pasado –si Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza Social por México no hubieran perdido su registro–. Menos partidos, pero la misma cifra a repartir entre los que se quedan.

El diseño legal de México no permite reducir ese monto que se reparte entre partidos nacionales que haya, sin importar que sean muchos o pocos. Además, la cifra crece a ritmos acelerados porque no está vinculada a la inflación o al aumento de personas que acuden a las urnas, sino al número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 

Es válido generar condiciones equitativas de competencia, recursos públicos razonables y suficientes para la vida partidista, pero al mismo tiempo reducir considerablemente los montos vigentes. No son temas incompatibles el financiamiento público y que la austeridad alcance a partidos que la exigen en el discurso, pero no la practican en sus propias finanzas.

No se trata de asfixiar la actividad política o satanizar el financiamiento público, pero sí de discutir con seriedad los excesos que entraña hoy a partir de las condiciones de cálculo contradictorias, en donde siempre se multiplican los panes y los peces para partidos que mantienen registro, que se dan el lujo de pagar millonarias multas por ilegalidades que cometen, sabiendo que ese pago es también con cargo al holgado recurso que año con año se les asigna.

Es cierto que el artículo 41 constitucional tiene un principio clave en nuestro modelo de democracia que tiene que defenderse para evitar la tentación de privatizar la política: “el financiamiento público debe ser siempre preponderante frente a recursos privados en campañas y actividades partidistas de todo tipo”.

Esa base no debiera cambiar, el problema no es que exista el financiamiento, sino que aumenta de manera desproporcionada en su bolsa general y no se reduce sin importar que sean más o menos partidos quienes participan en su reparto.

Así, por ejemplo, los 5 mil 800 millones de pesos que se entregaran a siete partidos políticos nacionales en 2022 habrían sido exactamente la misma bolsa a repartir si hubieran conservado el registro los 10 partidos que compitieron este año en la elección federal, o si fueran solo dos o tres los partidos los que hoy mantuvieran registro.   

La fórmula constitucional de financiamiento partidista multiplica el 65% del valor de una UMA (antes salario mínimo) por el total ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con fecha de corte al 31 de julio de cada año. La población aumenta y entonces aumenta la bolsa a repartir. El monto total se distribuye 70% acorde a los votos que se obtienen en las urnas y 30% de forma igualitaria entre todos los partidos. Los de nuevo ingreso solo obtienen la parte de igualitaria de ese 30%. Adicional se suma un 3% de actividades específicas y cuando hay campañas otro tanto, y los financiamientos locales son aparte. 

En junio pasado, de los 10 partidos políticos nacionales que participaron en las contiendas federales, tres estrenaban su registro en medio de la polémica porque el Instituto Nacional Electoral (INE) había encontrado irregularidades graves en su constitución y había negado el reconocimiento, pero el Tribunal Electoral los perdonó, consideró que no era para tanto que intervinieran ministros de culto, que hubiera afiliación sindical corporativa prohibida en su creación, que se entregaran dádivas en asambleas simuladas.

Así se les dio luz verde para competir formalmente en las elecciones y claro, también tuvieron derecho a recibir los beneficios y prerrogativas dispuestos para ello, pero los tres no lograron el 3% de respaldo en votos y perdieron casi de inmediato ese registro. 

El que menos votos tuvo en la elección federal fue Redes Sociales Progresistas (RSP), apenas 868 mil 515 en su favor de los 49.1 millones de sufragios que se ejercieron en las urnas. No ganó ningún distrito, quedó muy lejos del porcentaje mínimo para seguir siendo partido.

Su financiamiento había sido mayor a los 150 millones de pesos, exactamente lo mismo que Encuentro Solidario y Fuerza Social por México, partidos de nuevo ingreso que tampoco lograron conservar el registro terminada la votación. 

Todos esos recursos ya no se les dará a los tres que se fueron, pero van a repartirse entre los partidos que se quedan, sin devolverse a la federación. La racionalidad de presupuestos públicos no está peleada con garantizar la actividad política, y prueba de que se puede hacer lo mismo con menos son tres partidos que han perdido registro y liberan millonarios recursos para el próximo año, pero eso no implicará ningún ahorro, porque lo que se libera se le repartirá a los que se quedan. Eso es legal, pero podría cambiar, para que, si son menos partidos, pues la bolsa de recursos también sea menor.