Ayotzinapa: la dosificación de la justicia
Memorial

Periodista que intenta entender desde la complejidad. Conduce el noticiero Tendencias ADN40 a las 17:30 horas en la señal digital de este canal. Ha publicado reportajes de investigación en El Universal, BuzzFeed News, Aristegui Noticias, Emeequis y Radio Centro. Twitter: @maumondeo

Ayotzinapa: la dosificación de la justicia
Foto: Especial

Antes de que las cosas se pusieran tensas en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, hubo un mitin previo que se perdió por la preponderancia que se le dio a las imágenes de los enfrentamientos de manifestantes contra cuerpos de seguridad y a la supuesta amenaza de bomba que resultó ser falsa.

En ese mitin, los padres dijeron desde un altavoz: “Estamos viendo que la Fiscalía está dosificando estas detenciones, por eso levantamos la voz en esta Fiscalía para que informe a los padres y madres de manera clara y precisa qué ha pasado con las investigaciones y con las órdenes de aprehensión que hay”. Después de que la FGR anunciara en agosto 83 órdenes de aprehensión libradas contra posibles implicados en el caso, cabe preguntarse ¿qué ha sucedido?

En marzo de 2022 –a casi 8 años de los hechos– se dio a conocer que la Marina tenía un video secreto de una intervención en la escena de lo que después sería el lugar clave para la “verdad histórica”. ¿Cuántos videos más hay como estos que permanecen en las sombras? ¿Los guarda la Marina para otro momento político?

Según lo informado por Gobernación, el video del CISEN en el que Tomás Zerón aparece torturando a una persona que después fue implicada en el caso es apenas un fragmento de varias horas de videograbación que tenía en su poder esa institución. ¿Qué más contienen esos videos y qué otros personajes fueron grabados torturando o presenciando torturas?

Además, este fin de semana han comenzado a circular versiones del informe de Encinas sin censura en las capturas de pantalla de mensajes de Whatsapp, a pesar de que los padres sólo conocen la versión testada. ¿No es esto también parte de la dosificación que con justa razón reclamaron ante la FGR? ¿A quién le interesa políticamente volver al tiempo de las filtraciones para dar apariencias de carpetazos? 

¿Hay intenciones de darle un cierre político al caso Ayotzinapa? Ante este escenario, le planteo esa duda que me parece fundamental a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

–Una detención tan espectacular como la de Murillo Karam o una posible detención de Zerón podrían dar pie a la apariencia de que el caso se haya cerrado por la vía política; pero, más allá de las aprehensiones de altos funcionarios, ¿qué otros pendientes tiene el Estado mexicano para hacer justicia a las familias de los 43 y qué otras acciones tendrían que emprenderse para garantizar la no repetición?

–Cuando hay detenciones espectaculares se puede estar ante una intencionalidad de impulsar un cierre político y en ese sentido desde luego que no hay ingenuidad del lado de los padres y de las madres. Les llama la atención la conjunción en el tiempo de la presentación del informe y de estas detenciones. El subsecretario Encinas ha sido claro en decir que el caso no se cierra, los padres y las madres le han conocido a lo largo de estos años y tienen respeto por su trayectoria. Pensamos que eso anima a que pueda haber hacia adelante una ruta, pero desde luego reconocemos que esto que tú señalas puede ser un riesgo real en el proceso de todas maneras. 

Habría muchos pendientes: no hay al día de hoy una sola sentencia judicial firme por desaparición forzada en el caso, hay muchos pendientes judiciales en ese sentido, hay muchas órdenes de aprehensión por ejecutarse, se nos informó que eran varias decenas de órdenes de aprehensión. Hoy te podemos confirmar desde el Centro Pro que solo se nos ha notificado el cumplimiento de siete de estas nuevas órdenes, no tenemos una explicación clara de qué ha ocurrido.

Santiago Aguirre destaca dos de los pendientes más importantes del gobierno federal con el caso: la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, y la realización de nuevas búsquedas en los lugares que apuntó Encinas que podrían contener restos humanos.

Con toda la seguridad del mundo, hace unas semanas el presidente López Obrador dijo que ya había cumplido casi todos sus compromisos de campaña y que el caso Ayotzinapa era uno de sus muy pocos pendientes antes de terminar el sexenio.

Es hora de acelerar los procesos, de unificar las carpetas de investigación, de armar casos judiciales que contengan algo más que un testimonio, de cuidar las cadenas de custodia de la información y de aportar elementos indiscutibles a los jueces para que la justicia sea total y no solo a cuentagotas. 

Es impensable que la FGR siga apartando a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de los procesos que inicia –como en el caso de Murillo Karam– y de los procesos que suspende –como la cancelación de 21 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios, 16 de ellos militares–. A todas y a todos nos siguen faltando 43.

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