La urgencia de una comisión especial para el #SedenaGate

El hackeo del grupo autodenominado Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dejado a la luz muchos problemas al interior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Algunos de los documentos que se han hecho públicos por distintos medios de comunicación y que deben ser investigados por las autoridades administrativas y de procuración de justicia son:

• La vigilancia que realiza este gobierno respecto a colectivos feministas y defensores de derechos humanos, a los cuales clasifica como subversivos, anarquistas o grupos de presión. La labor que hacen estas organizaciones es para defender los derechos de los mexicanos que son lastimosamente vulnerados. El Estado vigila a las organizaciones sociales y los declara enemigos por el solo hecho de pensar diferente.

• Hay víctimas de abuso sexual al interior de las Fuerzas Armadas, quienes, en muchos de los casos, son ignoradas y dadas de baja o transferidas a otras unidades para que guarden silencio.

• Los elementos de las Fuerzas Armadas son utilizados para beneficio de la familia del presidente López Obrador. Pasaron de ser soldados mexicanos a acompañantes y cuidadores de la familia presidencial. De acuerdo con los correos electrónicos del Ejército, en la segunda quincena de enero de 2020, la esposa del presidente y su hijo viajaron a Houston, Texas, a visitar la “Casa Gris” y fueron acompañados por militares. Igualmente, este hackeo ha permitido saber que la familia presidencial utiliza elementos de las Fuerzas Armadas para la limpieza de sus casas.

• Según la información obtenida por el grupo Guacamaya, el Ejército sospecha que el hombre más cercano al presidente, su asistente personal, está metido en actos de corrupción. Después de una reunión que sostuvo Daniel Asaf con un exmilitar y contratista, la Sedena emitió una tarjeta de identificación respecto a una posible relación del asistente del presidente y la empresa ABC Sivmed. Esta empresa pasó de dar mantenimiento a equipo médico a tener 51 contratos por 43 millones de pesos con este gobierno.

• Como se desprende de la información publicada, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una investigación respecto a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. Los identificaron como cómplices de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al huachicol. Incluso, existe una red de corrupción para liberar integrantes de la delincuencia organizada a cambio de dinero.

A la fecha no hay una sola renuncia, no ha habido una sola acción en contra de las autoridades responsables, ni un señalamiento público, ni una carpeta de investigación.

El Senado de la República debe conocer, investigar y fijar una posición clara respecto a los documentos que se han hecho públicos en distintos medios de comunicación y que el gobierno federal ha confirmado como ciertos. Urge que se cree una Comisión Especial de la Verdad para conocer, investigar y darle seguimiento a la información que se ha hecho pública a través del caso #SedenaGate.