Esquivel: insostenible

La legislatura obtiene su legitimidad para crear derecho cuando sus miembros son escogidos mediante elecciones libres, periódicas, justas y democráticas. Por el contrario, la legitimidad de un Tribunal Constitucional radica en otra serie de factores, que van desde la persuasión de sus decisiones hasta el convencimiento de la probidad y capacidad de sus integrantes.

Por ejemplo, Paul W. Kahn sostenía que los jueces constitucionales se legitiman cuando en el ejercicio de sus funciones nos han persuadido de que están aplicando el derecho y no ejerciendo arbitrariamente el poder: “Al no tener la legitimidad que el proceso electoral visiblemente tiene, las cortes tienen que crear su propia legitimidad”.

No por nada existe una clara distinción a nivel constitucional entre los requisitos para ser legislador y aquellos exigibles para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, mientras que la norma fundamental señala que para ser ministro se requiere –entre otros– el de gozar de buena reputación, dicha característica no aparece listada entre aquellas que se exigen para ser diputado o senador.

Y es que el mencionado requisito pudiera parecer una simple trivialidad, pero de cara a la legitimación de cualquier Tribunal Constitucional en el mundo, la reputación de las personas que lo conforman resulta de una trascendencia fundamental.

¿Qué autoridad podría tener un tribunal conformado por personas a quienes no se les reconociera su capacidad o su probidad? ¿Cómo explicarle a una persona que su asunto será decidido por un grupo de individuos corruptos o fraudulentos, a quienes además no eligió democráticamente?

Ahora ¿qué debemos entender por reputación?

La reputación de una persona se comprende, fundamentalmente, por la opinión mayoritaria que tiene un grupo sobre ella, en el entendido de que si una amplia mayoría tiene un concepto negativo de determinado individuo, se dirá en consecuencia que goza de mala reputación.

Estos conceptos cobran nuevamente relevancia en el contexto de lo que ha venido sucediendo con Yasmín Esquivel Mossa. Resulta innegable que desde mucho antes de las acusaciones de plagio, su autonomía e independencia habían sido cuestionadas por diversas voces y en innumerables ocasiones. 

Con el tiempo, sus intervenciones y decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hacían más que confirmar que su rol al interior de la Máximo Tribunal era simplemente el de abogada de oficio del movimiento político que la había impulsado y no el de verdadero juez constitucional.

A pesar de ello, una gran parte de la opinión pública no cuestionaba su reputación, pues venían normal y hasta justificaban el papel que Esquivel desempeñaba en la Corte. 

Sin embargo, ante los acontecimientos recientes, no se puede seguir sosteniendo la posición de una persona que, además de haber plagiado una tesis universitaria para lograr titularse –cuestión que ya fue confirmada por la propia casa de estudios–, trató de eludir su responsabilidad haciendo uso de sus influencias e involucrando a diversos actores e instituciones: desde académicos, un notario y hasta la propia Fiscalía de la Ciudad de México.

La exigencia de su renuncia o separación debe venir desde todos los frentes: académicos, barras de abogados, cámaras empresariales, universidades y en general toda la sociedad civil organizada tenemos la obligación de hacer insostenible la permanencia de Yazmín Esquivel Mossa. Insisto, no se trata simplemente una cuestión de prestigio, nos jugamos la legitimidad del Máximo Tribunal Constitucional, con todas las consecuencias que ello podría implicar.